Francia ha vivido en los últimos meses la demostración absoluta del pacifismo unidireccional propuesto por la economía de mercado. La violencia presente en buena parte de las manifestaciones contra la reforma laboral del gobierno « socialista » del tándem Hollande-Valls extingue cualquier perspectiva de crítica contra la violencia social del texto. El relato, construido desde las instituciones - con el amparo cómplice de la prensa -, traza dos discursos simultáneos: el que considera que la “loi travail” es inamovible y necesaria para el futuro de la economía gala - tanto es así que ha sido aprobada por decreto en la Asamblea sin votación -, y el que denuncia cualquier acto de resistencia o de oposición - más o menos violenta - estableciendo una amalgama entre todas las formas de contestación y sobremediatizando la violencia de una pequeña parte de los manifestantes. En este contexto, los inofensivos - o insuficientes - adversarios en los órganos de representación son tolerados cuando no aplaudidos frente a los enemigos innobles de la paz social. La única salida es institucional, y las instituciones permanecen bloqueadas por una alternancia en el poder que se perpetua desde el nacimiento de la V República.
Así, los brahmanes de la política y de la economía francesa han construido a su enemigo perfecto en la figura del opositor a la reforma laboral, al tiempo que el contenido de la ley permanece en un segundo plano, incomprensible para la mayoría y ausente en los análisis mediáticos. Nadie - o casi nadie - cita en el Hexágono la precarización del empleo frente al despido por causas económicas, el aumento del tiempo máximo de trabajo semanal o el decremento en la remuneración de las horas extra presente en el texto presentado por la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri. La reforma ha consolidado la inercia “socio”-liberal de este gobierno a apenas doce meses de las elecciones presidenciales de la primavera de 2017, en un intento por recuperar algún voto en el sector centrista y “liberal” de la derecha mayoritaria; es un cálculo político indestructible: una necesidad que no admite enemigos. En la desesperación de François Hollande por preservar la “competitividad” francesa (o las posaderas sobre el trono republicano del Elíseo), el jefe del Estado va a conseguir desintegrar un partido socialista moribundo y dividido y va a legitimar la política de los conservadores, a quienes va a desplegar involuntariamente una alfombra roja hacia el poder.
La flexiseguridad, encumbrada por el gobierno y por la patronal, se traduce - si nos dejamos llevar por el reduccionismo - en flexibilidad para el asalariado y seguridad para el empleador; la inversión de los términos no es ni siquiera concebible. El objetivo fue “aligerar” el Código Laboral, minimizando toda traba para la creación de empleo. La calidad del empleo no importa y la liposucción del marco legal supremo de las relaciones laborales ha comenzado. La decisión está tomada, más allá de la clara oposición social (el 70 por ciento de los franceses se oponen a la ley según varios sondeos realizados durante el mes de marzo); todo obstáculo es tratado como un riesgo hacia la nueva sociedad de la precariedad en construcción. Y por ende, todo opositor es un enemigo; la ley, que no hubiera sido votada por los adversarios políticos en el parlamento - algunos dentro de las propias filas socialistas - sobrepasó el obstáculo parlamentario por decreto. Lejos de los escaños, queda la disconformidad de la sociedad civil. Y la contestación en la calle se reprime cada semana con gases lacrimógenos y con una omnipresente presencia policial en todos los desfiles.
Tres meses después de la presentación del proyecto de ley, no parece haber salida. La respuesta institucional es inexistente, la patronal considera el texto como insuficiente - pero se conforma con ciertos avances - y cualquier acto de resistencia es percibido como un vil atentado al orden social. La perspectiva de la oposición real - no de la parlamentaria que persigue los mismos intereses - solamente acepta expresiones en la esfera de la estabilidad democrática. Es posible discutir sobre cómo cambiar la sociedad (Nuit debout) mientras no haya un proyecto político consistente en la trastienda. Quedan 12 meses para canalizar el descontento en electores. François Hollande dijo en 2012 - antes de llegar al poder - que su verdadero “adversario” no tenía nombre ni rostro: era el mundo de la finanza. Ese mundo que hoy lo ha devorado imponiendo una reforma que ni siquiera los conservadores se hubieran atrevido a proponer debe ser en 2017 el principal “enemigo” de todos los decepcionados.
