El asunto que genera mayor controversia es una cláusula de precaución para las empresas (ISDS)
La Defensora del Pueblo Europeo Emily O'Reilly ha pedido una comisión de investigación parlamentaria para conocer el detalle de las negociaciones que se están llevando a cabo entre Europa y EEUU sobre el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP). El pasado fin de semana, ciudadanos, organizaciones sociales y representantes políticos volvieron a mostrar en la calle su rechazo a un tratado que viene negociándose desde hace 25 años.
Eurodiputados de izquierda mostraron hace unos días en Estrasburgo su malestar por el oscurantismo y falta de transparencia en la negociación del acuerdo. “Los documentos se están viendo a puerta cerrada y no tenemos información de los mismos, la única información que tenemos son de aquellos que ya están firmados y que son de carácter público”, señala la diputada de Izquierda Unida Paloma López en declaraciones a Nuevatribuna.
Dichos textos, cuya lectura se hace a puerta cerrada, tiene marcas de agua específicas para evitar filtraciones y las únicas personas que acceden a ellos son los miembros de la Comisión de Comercio encargados de dar el visto bueno. “Hay un absoluto oscurantismo con esta situación”, denuncia López, que advierte de las consecuencias que puede traer un tratado de estas características y lo compara con el NAFTA, el tratado de libre comercio entre EEUU y Canadá, un acuerdo muy similar al TTIP y del que se han derivado varios litigios en el estado canadiense con empresas como ETHIL, MOBIL, MEYER o HABITITI, esta última por mediar en conflictos laborales.
El asunto que genera mayor controversia es la creación de tribunales internacionales de arbitraje (ISDS), una cláusula de precaución, de salvaguarda para las empresas, que llevarán la voz cantante y que podrán requerir indemnizaciones millonarias ante legislaciones nacionales que atenten contra sus intereses. Sin ser lo mismo, el ejemplo de Castor en España, empresa a la que el Estado deberá pagar 1.300 virtud a un decreto ley del Gobierno, podría pasar con muchas más empresas una vez aprobado el TTIP.
Europa y EEUU han acelerado las rondas de negociaciones con la intención de que el tratado entre en vigor a finales de 2015. Hasta el momento, se han celebrado 130 reuniones preparatorias, de las cuales, 119 han sido con representantes de lobbies de multinacionales “que son los que verdaderamente están influyendo a la hora de imponer sus prioridades”, señala López. En el Parlamento Europeo hay registrados 15.000 lobbies, muchos pertenecen a los denominados ‘lobbies blancos’, de ONG y organizaciones ecologistas y medioambientales, pero mucho de ellos responden a intereses estrictamente “mercantilistas y económicos my claros”.
Ante la magnitud del acuerdo, algunos países como Francia y Alemania, están empezando a “blindar” algunas de sus normativas. La Comisión Europea es la única competente para negociar este acuerdo, sin que los países miembros puedan intervenir de forma unilateral. Una vez firmado deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo, donde el grupo mayoritario, el PPE, previsiblemente votará a favor.
