La recomendación de la Comisión Europea de detener a casi todas las personas migrantes en situación irregular antes de devolverlas a sus países, con independencia de dónde sean detenidas, ha puesto al descubierto la crueldad e hipocresía de las políticas migratorias de los comisarios de la Unión Europea (UE), ha manifestado Amnistía Internacional.
“La detención de migrantes irregulares, que figuran entre las personas que más riesgo corren en Europa, debería de ser una medida de último recurso. Sin embargo, la Comisión Europea está presionando a los gobiernos de la UE para que los detengan por casi todos los medios precisos, sea realizando terribles redadas nocturnas o pidiendo a profesionales de la salud y de los servicios sociales que ayuden a buscarlos. Que se incluya a los niños y las niñas en este amplio régimen de detención es realmente estremecedor”, ha señalado Iverna McGowan, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.
“Los recientes intentos de los miembros de la Comisión Europea de distanciarse de las horrendas políticas migratorias del gobierno de Trump no convencen ya a nadie. Si había aún alguna duda acerca de la hipocresía de la postura de la Comisión Europea sobre las personas migrantes, los anuncios de hoy deberían disiparla.”
Información complementaria
La recomendación publicada ofrece orientación sobre cómo utilizar las disposiciones de la Directiva sobre Retornos para reforzar los procesos administrativos nacionales de retorno. Se recomienda en ellas que los Estados miembros de la UE tomen antes del 1 de junio diversas medidas, entre otras:
- Aumentar los retornos y movilizar al personal de las autoridades con competencias de aplicación de la ley y migración, si es necesario las 24 horas del día y todos los días de la semana, lo que fomenta las redadas nocturnas.
- Coordinarse con las autoridades médicas, judiciales y de detención, los sistemas de tutela y los servicios sociales para implementar rápidamente los retornos.
- Prever en la legislación nacional un periodo inicial máximo de detención de seis meses y la posibilidad de prolongarlo a 18 meses.
- Garantizar que la legislación no impide recluir a menores de edad en centros de detención ni prohíbe tomar decisiones de retorno de menores no acompañados.
