REUNIÓN DE URGENCIA DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

La agonía de Grecia

Todo está preparado para que Grecia salga del euro. El BCE cuenta con las herramientas necesarias para evitar que una eventual suspensión de pagos contagie a los otros países de la eurozona.

Mario Draghi. Foto: BCE
Mario Draghi. Foto: BCE

Todo está preparado para que Grecia salga del euro. El Banco Central Europeo (BCE) cuenta con las herramientas necesarias para evitar que una eventual suspensión de pagos por parte de Grecia contagie a los otros países de la eurozona. Y hace tiempo que bancos e inversores institucionales de la eurozona se desprendieron de la deuda soberana griega y se despreocuparon de las consecuencias directas de su impago. Sin embargo, el escenario más probable sigue siendo que Grecia se mantenga dentro de la eurozona. No porque las agónicas negociaciones en curso lleguen en los próximos días a buen puerto y se logre encontrar una solución satisfactoria para ambas partes, sino porque la ruptura y el impago conducirían al peor de los escenarios posibles. La economía griega no podría soportarlo y no parece que Merkel se muestre  demasiado inclinada a hacerse responsable de sus imprevisibles consecuencias. 

Otra cosa es la multitud de opiniones y presiones que proliferan en estos días y apuntan en todas las direcciones, aunque resulta difícil apreciar si son munición real para batir una pieza de forma inmediata o simples balas de fogueo cuya única pretensión es ablandar las posiciones griegas y, de paso, consolidar a las opiniones públicas nacionales que respaldan la intransigencia negociadora de las instituciones europeas.

En tal situación, la controversia tiene las patas muy cortas. En pocos días los hechos volverán a ser el juez definitivo de la multitud de hipótesis que se barajan. Tres grandes escenarios principales se vislumbran y asociados a cada uno de ellos multitud de variantes: primero, que se llegue a un acuerdo entre Grecia y las instituciones europeas, que ese acuerdo sea bueno, malo o regular sería otra cuestión; segundo, que se rompan las negociaciones y la tantas veces anunciada salida de Grecia del euro se produzca de forma desordenada; y tercero, que los negociadores salgan del paso de la forma que sea y permitan que la pelota de las conversaciones siga rodando... por lo menos hasta el 20 de julio o, incluso, hasta agosto. No se puede descartar nada, pero la opción más probable sigue siendo la última. Es posible que el curso de las negociaciones evidencie en los próximos días lo errado de esta hipótesis.

La inquietud de los mercados financieros muestra que los inversores temen el “Grexit” y no lo desean

Ahora resulta evidente que el enorme programa de compra de deuda soberana (Quantitative Easing) emprendido por el BCE el pasado mes de marzo puede ser utilizado también como un eficaz cortafuegos para evitar cualquier tipo de contagio directo de las economías en situación más delicada de la eurozona (en primer lugar, Portugal; y a continuación España) ante una eventual suspensión de pagos incontrolada por parte de Grecia. Cualquier ataque especulativo contra la deuda soberana portuguesa o española ocasionaría la inmediata intervención del BCE para evitar caídas exageradas en sus precios o un incremento insoportable de sus primas de riesgo.

Por otro lado, la suspensión de pagos de Grecia no afectaría de forma directa ni a los bancos ni a los inversores institucionales de la eurozona, ya que del montante total que supone la deuda soberana griega (algo más de 315.000 millones de euros), apenas un 0,1% (310 millones) está en los balances de los bancos del resto de países de la eurozona.  

La suspensión de pagos de Grecia obligaría a recapitalizar el Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM por sus siglas en inglés) mediante una nueva emisión de deuda pública que supondría un 1,7% del PIB del resto de países de la eurozona. En definitiva, la suspensión de pagos de Grecia sería un acontecimiento político de enorme envergadura que llevaría a la eurozona y al propio proyecto de unidad europea a terrenos desconocidos, pero no dejaría de ser un acontecimiento financiero menor o, dicho de forma más precisa, una crisis perfectamente gestionable por el BCE en sus impactos directos e inmediatos. 

Por el contrario, sus efectos sobre el sistema bancario y la economía griega serían devastadores. Los bancos griegos detentan deuda soberana de su país por un montante de 20.980 millones de euros, dependen por completo de la financiación de urgencia que les proporciona el BCE y, a su vez, gracias a ese respaldo financiero, facilitan que el Gobierno griego disponga de fondos para pagar la deuda, las pensiones, los sueldos de los empleados públicos, etcétera. Son fáciles de imaginar las consecuencias que tendría la materialización de la suspensión de pagos o, más simplemente, el pánico financiero que se produciría ante una perspectiva cercana de hundimiento del precio de la deuda soberana griega, consiguiente derrumbe del sistema bancario griego y pérdidas de ahorros.

Desde hace meses, la creciente demostración de fuerza de las instituciones europeas para impedir el más mínimo deslizamiento de las nuevas autoridades griegas respecto a la estrategia de austeridad ha ocasionado una permanente sangría de depósitos, transferencia de fondos a otros países de la eurozona y fuga de capitales que se han incrementado en los últimos días (en torno a 5.000 millones de euros en la última semana) y han debilitado extraordinariamente el sistema bancario griego. La degradación de los mercados financieros ha saltado las fronteras griegas: desde el mes de abril, el retroceso de las cotizaciones domina en los mercados bursátiles de la eurozona; y desde el mes de mayo, las primas de riesgo de las deudas soberanas de España, Italia y Portugal han vuelto a aumentar. La disminución en la capitalización de los mercados bursátiles de la eurozona ha supuesto en los últimos meses alrededor de 700.000 millones de euros, lo que supone más del doble del valor de la deuda soberana griega.

El nerviosismo que muestran los inversores puede ser considerado exagerado o irracional, pero no por ello deja de existir o tener consecuencias. Y podría ser tan solo una pequeña muestra del que podría alcanzarse en el caso de una suspensión de pagos incontrolada por parte de Grecia y su consiguiente salida desordenada del euro. En todo caso, no parece prudente comprobar el alcance real del pánico que suscitaría tal eventualidad. La incertidumbre no conviene a nadie, tampoco a los grandes poderes económicos, ni es una buena aliada de los negocios.

Tsipras no puede aceptar más recortes, Merkel no está dispuesta a hacer concesiones

El pasado 18 de junio se produjo otra de esas cumbres decisivas del Eurogrupo (los diecinueve ministros de Finanzas de la eurozona) que se queda en nada. Y van siete en los últimos cinco meses. Al día siguiente todo era urgencia y nervios. El BCE decidió aumentar hasta los 1.000 millones diarios la liquidez de urgencia que proporciona al sistema bancario griego… hasta el lunes, 22 de junio. Es al tiempo un alivio y una amenaza, porque ese lunes se ha convocado una nueva reunión extraordinaria de urgencia del Consejo Europeo para intentar llegar a un acuerdo o, por lo menos, para que los desacuerdos no desborden las posibilidades de gestión de la crisis. Antes volverá a reunirse el Eurogrupo.   

Los medios conservadores de referencia arremeten desde hace semanas contra la intransigencia de Syriza y el amateurismo de Varoufakis. Cargan toda la responsabilidad por la falta de acuerdo sobre la frágil y debilitada Grecia y pretenden poner a las autoridades griegas ante el dilema de aceptar la humillación de incumplir sus compromisos electorales o provocar la catástrofe que ocasionaría la suspensión de pagos. Fantasean con que su amenaza sea suficientemente creíble y lleve a la ciudadanía griega a dejar de apoyar a Syriza, acentúe su división interna, promueva el aislamiento del Gobierno de Tsipras y permita suficiente respaldo social para una nueva mayoría gubernamental de unidad nacional que acepte volver al redil de la austeridad.  

Otros medios más benévolos, que acogen opiniones más centradas y sensibilidades socialdemócratas conceden que las críticas de Syriza a la austeridad y a los planes de rescate que la han acompañado están fundamentadas y que la catastrófica experiencia de los últimos años permite demostrar y documentar su fracaso. Reconocen también que los llamamientos del Gobierno griego a favor de una flexibilización de la austeridad que conceda mayor importancia a la tarea de restaurar el crecimiento potencial y la solvencia de su economía están bien argumentados, pero consideran que el tiempo perdido en los últimos meses se debe a la tendencia de los negociadores griegos a centrarse en batallas simbólicas que consideran irrelevantes, abusar de un tono áspero que a veces llega a ser provocador o se dejan llevar más por la épica que por el pragmatismo al que obliga su desesperada situación económica, financiera y social.

El Gobierno griego, en muy difíciles circunstancias, intenta resistir y mantener vivos sus compromisos con la ciudadanía griega, sus razonadas críticas a la austeridad y su tarea de aplicar las medidas necesarias para superar la crisis sin abandonar a su suerte a la ciudadanía griega. Las instituciones europeas pretenden una derrota aplastante de Syriza y que esa derrota sirva de aviso a navegantes. Si no fuera así, bastaría con negociar con Grecia su salida ordenada de la eurozona, descargarla de parte del pesado fardo que supone su deuda pública y contribuir a que recupere su solvencia económica. El problema es que tal solución (no la mejor, pero tampoco la peor) daría demasiadas pistas sobre quiénes son los intransigentes y cuál es el origen de una parte importante de los problemas de Grecia.

Mantener a Grecia en la eurozona en las insufribles condiciones actuales sirve como amenaza de lo que puede pasarles a otros gobiernos que intenten cuestionar en la práctica la estrategia de austeridad impuesta. Llegar a una solución razonable y negociada con Grecia para que se mantenga o salga de la eurozona implica desactivar una amenaza muy útil frente a la ciudadanía que cuestiona la austeridad y aspira a sustituirla por una estrategia alternativa que implique un reparto más justo y equitativo de costes.    

Syriza no puede admitir más recortes en las pensiones, más presión fiscal sobre la ciudadanía empobrecida o un mayor deterioro de la oferta de bienes públicos. Le va en ello su identidad, su unidad interna, los apoyos sociales que sustentan a su Gobierno, el futuro del país y las condiciones de vida de una mayoría social que rechaza la austeridad y a la troika porque han sido causantes de su empobrecimiento.

La estrategia de Syriza pasa por no dar demasiada importancia a las reuniones del Eurogrupo, no entrar más al trapo de los denuestos que le dedican y dejar de llevar nuevas propuestas que son descalificadas de entrada, porque no cuadran con la estrategia conservadora de austeridad y devaluación salarial. Prefiere que los debates se realicen entre los jefes de Estado y de Gobierno, que son los que tienen capacidad para desbloquear la situación, y tratan de que no se aíslen los problemas de Grecia de los que afectan al proyecto de unidad europea. La solución a los graves desequilibrios del déficit público y la deuda soberana no puede pasar exclusivamente por nuevos recortes y más recaudación fiscal vía impuestos sobre el consumo de bienes de primera necesidad, sino que debe estar vinculada a un cambio de estructuras económicas y productivas que impulse el crecimiento potencial y permita recuperar la solvencia perdida por la economía griega.

La economía griega es insolvente y la solución a ese grave problema no pasa por camuflar la situación con un tercer plan de rescate que exija más recortes y austeridad a cambio de un dinero que mantenga la ilusión de que la deuda se puede pagar y que la solución a todos los problemas pasa por equilibrar las cuentas públicas a como dé lugar. Tampoco pasa por una salida de la eurozona que sería una catástrofe para Grecia si no va de la mano de un acuerdo negociado con el resto de la eurozona. El poder de negociación de Grecia no reside en la amenaza que pueda representar para el resto de los socios la suspensión de pagos o su salida de la eurozona. Se sustenta, en primer lugar, en el compromiso de Syriza con sus electores y con la mayoría social griega; y, en segundo lugar, en su llamamiento a favor de una Europa solidaria, cooperativa, cohesionada y democrática que resulte acogedora y útil para todos los Estados miembros y el conjunto de la ciudadanía europea.      

 Ni la crisis griega ni el enfrentamiento del Gobierno de Syriza con el bloque conservador que exhibe su hegemonía en las instituciones europeas van a resolverse en los próximos días. El pueblo griego y su actual Gobierno van a seguir necesitando en los próximos meses el apoyo de la gente de izquierdas y progresista. No se trata de exigirles o celebrar una resistencia heroica que no van a poder sostener en solitario durante mucho tiempo. Se trata de algo mucho más prosaico: mostrar el injusto sufrimiento al que los intereses políticos conservadores está sometiendo a la mayoría social griega, acompañar su lucha y servir de altavoz a sus razones y críticas, desde las calles y desde el nuevo poder institucional de izquierdas logrado en las recientes elecciones municipales y autonómicas.

En las condiciones actuales, el Gobierno de Syriza no va a tener más remedio que replegarse. No, probablemente, de inmediato; pero sí, inevitablemente, en unas semanas o en unos meses. El repliegue es una operación extremadamente delicada que va a suponer el abandono de algunas trincheras para mantener la resistencia. Cuando no hay más opciones, como parece ser la situación a la que están empujando a Grecia las instituciones europeas, el repliegue es una obligación. Lo importante, cuando llegue el caso, es cómo se hace y cómo se entiende por los sectores sociales que apoyan a Syriza. Flaco favor se haría la izquierda europea que apoya la resistencia del pueblo griego si se permitiera juzgarlo con ligereza.