La organización ha analizado 19 países y tres instituciones europeas y España queda en quinto lugar por la cola, sólo mejor que Chipre, Hungría, Italia y el propio Consejo de la UE, donde se reúnen los Gobiernos de los 28.
En un comunicado, TI destaca el mal desempeño de Italia, Portugal y España, "tres de los principales países" de la Eurozona que han sufrido la crisis (Italia obtiene una puntuación del 20 por ciento, España 21 y Portugal 23). En concreto, avisa de que en ellos es "donde las prácticas de lobby y los vínculos estrechos entre el sector público y el financiero se consideran con más riesgo".
Es más, el informe, titulado 'El lobby en Europa: influencia encubierta y acceso privilegiado", afirma que las iniciativas de reforma del sector financiero "a nivel nacional y en el ámbito de la UE se han visto frustradas y debilitadas, en gran parte debido al intenso lobby impulsado por el sector financiero en Europa". Entre los países que no han sido objeto de análisis está Grecia.
El país con mejor puntuación es Eslovenia (con un 55 por ciento), único que aprueba junto a Lituania (50 por ciento) y la Comisión Europea (53 por ciento). El siguiente en la tabla es Reino Unido con un 44 por ciento.
Entre los 19 países europeos evaluados, sólo siete regulan el lobby, por lo que, según Transparencia Internacional, "se produce una influencia prácticamente sin restricciones de los intereses comerciales en la vida cotidiana de los europeos".
TI admite que el lobby es un "aspecto integral de toda democracia dinámica" pero los "múltiples escándalos que se han producido en Europa" demuestran que hacen falta normas claras para que un grupo reducido de actores poderosos no domine las decisiones políticas en beneficio propio.
El informe analiza las prácticas de lobby y estudia si existen salvaguardas para asegurar se ejerza de manera transparente y ética. Además, examina si hay suficientes mecanismos para permitir un acceso justo y equitativo de los ciudadanos y grupos de interés a quienes toman las decisiones políticas.
PUERTAS GIRATORIAS
Por otro lado, denuncia, en concreto, que ninguna institución ni ningún país de la UE controla "adecuadamente el fenómeno de las puertas giratorias", es decir, el traspaso entre el sector público y el privado. En este sentido, destaca que legisladores están en general exentos de restricciones y de "periodos de cuarentena".
Según el informe, Portugal, el 54 por ciento de todos los cargos ministeriales han sido ocupados por profesionales del sector bancario, desde que se instauró la democracia en el país en 1974.
Además, destaca que en Francia, se permite a los parlamentarios dedicarse a realizar lobby y consultoría mientras desempeñan una función pública, y en Portugal y España "se observa una situación similar" -en España necesitan el visto bueno de la Cámara para compatibilizar el escaño con alguna actividad privada-.
REGULACIÓN SÓLIDA
Para la viceprsidenta de TI, Elena Panfilova, "las prácticas de lobby desleales y poco transparentes son uno de los riesgos de corrupción fundamentales que enfrenta actualmente Europa". Por eso, la organización pide tanto a los países como a las instituciones una regulación "sólida" de "alcance amplio y exhaustivo" que abarque tanto a los 'lobbistas' como a sus destinatarios.
Además, pide crear obligatorios de 'lobbistas', con información detallada sobre las organizaciones o los clientes a quienes representan, las decisiones y los responsables públicos a quienes pretenden influir y los recursos que destinan para ello. En tercer lugar, reclaman que se cree una "huella legislativa" que permita identificar el camino recorrido por una propuesta, incluyendo las aportaciones externas y los contactos entre grupos de presión y legisladores o funcionarios.
Para hacer frente a las "puertas giratorias", propone establecer "períodos de cuarentena" mínimos que deban transcurrir antes de que funcionarios públicos y cargos electos puedan desempeñar funciones de lobby.
Por último, TI pide que todas las personas, organizaciones y empresas que pretendan influir en políticas públicas publiquen de manera proactiva información sobre sus actividades, así como los gastos correspondientes, incluida la documentación enviada a responsables públicos, sus contribuciones y vinculación política.
