El déficit estructural de personal penitenciario en Instituciones Penitenciarias, la ausencia de tratamiento para la enfermedad mental y la falta de formación están convirtiendo las agresiones en una pandemia en las prisiones
Durante la semana pasada se produjeron agresiones a trabajadores de los centros penitenciarios de Albocasser, Tenerife, Villena, Algeciras y Sevilla I. Concretamente el pasado miércoles, 3 de mayo, cinco funcionarios de la prisión Albocasser sufrieron heridas de diferente consideración en tres incidentes graves (tres de ellos han precisado baja médica). El 4 de mayo dos funcionarios fueron heridos en el Centro Penitenciario de Tenerife. El 7 de mayo agredieron a otros dos funcionarios en la prisión de Villena, uno de los cuales tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Elda. Ese mismo día hubo otras dos agresiones a funcionarios en el Centro Penitenciario de Algeciras y el pasado domingo, 8 de mayo, otro incidente grave causó agresiones a cuatro funcionarios en el Centro Penitenciario Sevilla I y uno de ellos requirió asistencia de urgencia en un centro médico de la zona.
Estos episodios violentos vienen a reforzar el abandono al que están sometidos las empleadas y empleados públicos penitenciarios, a los que la Administración no garantiza el derecho a la salud laboral y donde las agresiones se están convirtiendo en una pandemia por su reiteración y por la nula respuesta de la Administración Penitenciaria.
Desde Comisiones Obreras han venido denunciado la situación tan alarmante de Instituciones Penitenciarias con un déficit de personal de 3.000 trabajadores y trabajadoras, situación que se irá agravando ante la apertura de nuevos centros penitenciarios y con una plantilla muy envejecida, que requiere que se vayan reponiendo los efectivos que se jubilan. Por ello, CCOO exige una Oferta de Empleo Público extraordinaria que posibilite el mantenimiento del servicio público de prisiones y que garantice la seguridad y salud de sus trabajadoras y trabajadores.
En esta situación, la reinserción se ha convertido en una mera declaración de intenciones y resulta imposible garantizar la seguridad y custodia de los internos y la propia salud de las y los trabajadores.
Las agresiones en prisiones se han duplicado en los últimos años, sin que se haya tomado ninguna medida. CCOO no va a caer en el sensacionalismo ni en el amarillismo de sucesos con este grave problema, pero sí quiere señalar alto y claro quiénes son los responsables del mismo.
“Las agresiones, en prisiones, no son inevitables ni están contempladas en la nómina del personal. Se producen porque a los gestores en los centros, y a la cabeza de ellos el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, no les preocupa este problema porque queda muy lejos de sus despachos”, denuncia CCOO.
El sindicato lleva meses defendiendo, en solitario, un Plan integral contra las agresiones al personal penitenciario que aborde todas las causas que confluyen en este fenómeno:
- Hace falta personal suficiente. No se puede seguir trabajando dentro de las prisiones sin personal, poniendo en peligro la salud de las trabajadoras y trabajadores penitenciarios.
- Las cárceles, como instituciones cerradas, son espacios donde la enfermedad mental requiere un especial seguimiento. Hacen falta programas de tratamiento psiquiátrico para abordar la enfermedad mental y también es necesaria la presencia de personal especializado en Psiquiatría de manera continua.
- Hacen falta medidas legales como el reconocimiento inmediato de agente de la autoridad al personal penitenciario, y medidas legales activas en la defensa jurídica.
- Hace falta más formación para afrontar la conflictividad dentro de las prisiones.
Frente a las propuestas de CCOO, la Administración responde aprobando un plan contra las agresiones específico para Instituciones Penitenciarias donde su único objetivo es que las estadísticas no se vean afeadas por la lacra de las agresiones que padecen cientos de funcionarias y funcionarios de prisiones. Este plan de agresiones no aborda los elementos estructurales que generan las agresiones: sólo reconoce como agresiones aquellas que tienen consecuencias graves sobre la salud, no establece medidas preventivas y no instituye medidas legales para el personal penitenciario, como el reconocimiento de autoridad en el ejercicio de sus funciones.
“No queremos que el servicio público de prisiones sea un gueto donde la Ley de prevención de riesgos laborales no se aplique y donde la salud laboral y la integridad de las empleadas y empleados publicas esté en peligro continuo”, denuncia el sindicato, el cual demanda soluciones inmediatas como una OEP extraordinaria para prisiones y un plan específico frente a las agresiones digno, cuyo objetivo sea erradicar las agresiones de los centros penitenciarios.
