martes. 19.03.2024
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El presidente del Gobierno podrá decretar situaciones de crisis y movilizar recursos públicos y privados

Al margen de la legislación exprés derivada de la amenaza del terrorismo yihadista, en los dos últimos años de legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy ha dado un impulso al marco regulatorio bajo el paraguas de la seguridad nacional como 'política de Estado'. En la primavera de 2014, el Ejecutivo del PP dio luz verde a la puesta en marcha del Consejo de Seguridad Nacional y a finales del año pasado el Parlamento aprobó una novedosa ley de Protección Civil que se encuentra en trámite de enmiendas en el Senado y que supone una profunda renovación en la materia ya que la anterior norma data de 1985.

Pero con ser esto importante no es el único paso dado por el Gobierno para regular situaciones de crisis o emergencia nacional. El pasado 16 de enero, el Consejo de Ministros estudió un informe sobre el ‘anteproyecto de ley orgánica de seguridad nacional’ que ha sido remitido al Consejo de Estado. Dicha normativa faculta al presidente del Gobierno a actuar unilateralmente ante situaciones de catástrofe nacional. La novedad estriba en que Presidencia tendrá la máxima autonomía y competencia para actuar ante situaciones de crisis.

La estrategia es similar a la adoptada por el presidente de EEUU, Barack Obama, hace ahora tres años, a través de una orden presidencial por la que se reordenó todo el mapa de protección civil norteamericano con un nuevo registro estratégico de riesgos, entre los que se incluía, por ejemplo, el clima espacial.

A falta de conocer en detalle el articulado de la ley (La Moncloa solo ha dado a conocer el informe previo), la futura normativa supone –a juicio de los expertos- una auténtica revolución en materia de protección y seguridad ciudadana ante situaciones que pueden ir desde un ataque terrorista hasta la amenaza por una tormenta solar extrema. Desde la Asociación Española de Protección Civil para el Clima Espacial y el EMP (AEPCCE) se ha valorado muy positivamente la iniciativa del Gobierno que "hará posible que España pueda responder en un corto espacio de tiempo a catástrofes naturales, como una tormenta solar, accidentes nucleares o ataques terroristas", amenazas que cobran importancia en la sociedad actual y que gobiernos de todo el mundo empiezan a incluir en sus agendas, también en Europa, como es el caso de Alemania y Reino Unido con medidas preventivas.

NUEVOS DESAFÍOS EN MATERIA DE SEGURIDAD

El Ejecutivo, en palabras de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, afirma que la nueva ley no afectará a derechos fundamentales. Bajo el epígrafe más ‘suave’ de “situación de interés para la seguridad nacional”, la normativa afectará a materias como la ciberseguridad, la seguridad marítima, la seguridad financiera, el medio ambiente, los transportes y las telecomunciaciones. “Se trata de dotar al Estado de las herramientas jurídicas para adecuar el sistema de Seguridad Nacional a los nuevos riesgos y amenazas. La nueva Ley contempla actualizar las estructuras existentes para fortalecer la prevención y respuesta ante situaciones de crisis. Así, con esta Ley Orgánica, el Estado potencia sus capacidades para responder a desafíos de índole muy diversa --por ejemplo, ciberseguridad, terrorismo, catástrofes naturales, vulnerabilidad energética, etcétera”, señala el informe.

De este modo, el presidente del Gobierno tendrá potestad para declarar el “estado de crisis nacional” saltándose el trámite parlamentario, un paso previo que no se contemplaba en la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, para situaciones más graves, cubriendo así el vacío normativo existente entre las mismas y aquellas otras que se afrontan con los medios y recursos habituales. El jefe del Ejecutivo podrá poner a su disposición todos los medios materiales y humanos (como policías autonómicos y locales), así como movilizar los recursos materiales y bienes privados necesarios.

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