Este Gobierno es el primero en democracia que no ha creado un solo Juzgado en toda la legislatura, lamenta la AJFV
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim ) impulsada por el Gobierno y aprobada hace unos días en el BOE sigue acumulando críticas del mundo de la judicatura. Jueces y fiscales coinciden en denunciar que dicha reforma, que limita los plazos de instrucción penal sin dotar de más medios a los órganos judiciales, promoverá la impunidad de los delincuentes, especialmente aquellos inmersos en casos de corrupción cuya investigación es muy compleja.
A juicio de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), esta reforma se centra en determinadas cuestiones que “parecían interesar políticamente al Gobierno”, ya que será manifiestamente imposible el cumplimiento de dichos plazos, lo cual dará lugar al cierre en falso de las instrucciones” o archivo de la causa, una situación especialmente preocupante en los procedimientos de corrupción.
En similares términos se pronuncia la asociación Francisco de Vitoria (AJFV) preguntándose si “se hubiera llegado a averiguar lo que hoy conocemos sobre los hechos ocurridos y sus responsables de los casos AVE, Astapa, Banca Catalana, Bankia. Bárcenas, CAM, CCM, Emperador, ERE, Fabra, Faycán, Guateque, Gürtel, ITV, Malaya, Mercasevilla, Palau o Palma Arena con la regulación de la LECrim que ahora se introduce. La respuesta, sin duda, es no”, enfatiza.
Los fiscales también se han sumado a estas críticas. La Unión Progresista de Fiscales subraya que la reforma “lejos de mejorar el sistema de investigación de los hechos delictivos, determinará la impunidad de una buena parte de ellos como consecuencia del establecimiento de un plazo tasado de instrucción”.
UNA INSOSTENIBLE SITUACIÓN DE SOBRECARGA EN LOS JUZGADOS
Los colectivos citados vuelven a insistir en la situación de sobrecarga en que se encuentran los juzgados en España. Para la AJFV, al Ejecutivo de Rajoy “no le interesa invertir en justicia” y por eso “este Gobierno es el primero en democracia que no ha creado un solo Juzgado en toda la legislatura”, impulsando cada reforma en materia de Justicia subrayando expresamente que “no supondrá incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal”.
Por ello, esta asociación propone medidas como el aumento de plantillas de jueces de instrucción, fiscales y cuerpos policiales, favoreciendo su especialización; la creación de una verdadera Policía Judicial que dependa orgánicamente y funcionalmente de los jueces y no del ejecutivo; la simplificación del régimen de recursos contenido en la LECrim; Así como favorecer la oralidad y la mediación en el proceso penal, entre otras. “Lo que resulta difícil de imaginar es que la Justicia se vaya a agilizar por publicar en el BOE que los procesos no durarán más de un determinado plazo si no se adopta al tiempo ninguna medida que permita efectivamente su agilización”, insiste.
La voracidad reformista del actual Ministerio de Justicia ha supuesto la modificación de la práctica totalidad del abanico de materias jurídicas posible
Son reivindicaciones que la judicatura viene haciendo desde hace tiempo, a lo largo de una legislatura, la de Rajoy, que culmina con sonadas polémicas y enfrentamientos, primero bajo el mandato de Alberto Ruiz Gallardón en el Ministerio y ahora con Rafael Catalá. “La voracidad reformista del actual Ministerio de Justicia ha supuesto la modificación de la práctica totalidad del abanico de materias jurídicas posible -con la consiguiente inseguridad jurídica no solo para los ciudadanos, sino también para el grueso de los operadores jurídicos-, se remata ahora con una reforma de la Ley de Enjuiciamiento de Criminal de 1882 de previsibles aciagas consecuencias prácticas”, señala la Unión Progresista de Fiscales. “El legislador español sigue parcheando la vetusta ley procesal sin abordar una definitiva reforma del proceso penal que atribuya al Ministerio Fiscal en condiciones de efectiva autonomía la dirección de la investigación penal”, añade.
DETENCIONES
Otra de las cuestiones objeto de crítica ha sido incluir en la LECrim la obligación de velar por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de las personas detenidas, un aspecto que JpD valora positivamente, si bien lamenta que no se ha haya hecho antes y solo ahora “cuando dichas detenciones han afectado a personas de la esfera política”, y no cuando “cuando perjudicaban a ciudadanos o ciudadanas sin conexión con el poder”. Además, añade esta asociación, el Gobierno podría haber aprovechado la reforma para llevar a cabo una regulación más garantista de la figura de la detención que impidiera practicar las detenciones preventivas “sin una justificación adecuada”. La reforma también regula supuestos de incomunicación que no resultan justificados, pues suponen una vulneración de garantías básicas, limitan desproporcionadamente el derecho de defensa y pueden amparar todo tipo de abusos, añaden.
En suma, “se trata de un nuevo parche precipitado a una legislación procesal penal que resulta sistemáticamente insostenible”, que se aprueba por “meras razones de oportunidad política”, concluye la asociación de jueces progresistas.
