España encabeza la ratio de accidentes laborales en Europa, con 2,80 accidentes laborales por cada 100 trabajadores, mientras que en Instituciones Penitenciaras (II.PP.) esta cifra casi se duplica al llegar a 4,56 accidentes por cada centenar de trabajadores. La reciente presentación de la Memoria preventiva de 2012 en II.PP. ha puesto de manifiesto, con datos, lo que CCOO viene denunciando desde hace años: “la falta de cultura y política preventiva, unida al sistemático incumplimiento de la legalidad vigente en esta materia, tiene graves consecuencias para el personal penitenciario”. Por este motivo, la Sección Sindical de CCOO en II.PP. exige que se cumpla la normativa de prevención de riesgos laborales y que se dote de los recursos preventivos necesarios para frenar los accidentes entre el personal penitenciario.
CCOO viene denunciando desde hace años “la falta de cultura y política preventiva, unida al sistemático incumplimiento de la legalidad vigente en esta materia, tiene graves consecuencias para el personal penitenciario”
“En II.PP. los accidentes laborales crecieron un 18% en 2012, cifra completamente insostenible, máxime si tenemos en cuenta que desde 2007 el crecimiento de los accidentes en dichas instituciones ha sido de un 41%. Estos datos ponen de manifiesto que la política de prevención de riesgos laborales que dice la Administración aplicar solo existe sobre el papel para cubrir el expediente y solo se cumple la normativa legal que viene desde la Unión Europea”, afirman desde el sindicato. Las principales causas de accidentes que refleja la memoria son las agresiones -que no se consideran riesgo para II.PP.-, los riesgos biológicos y los accidentes in itinere, debido principalmente a la larga distancia entre las poblaciones y los centros penitenciarios.
Para CCOO, la alta siniestralidad debería ser causa de preocupación para el Gobierno y para los organismos tuteladores de la salud laboral, como la Inspección de Trabajo. Pero denuncian que la única respuesta de la Administración General del Estado es la de reducir recursos preventivos, eliminando el 80% de los comités de seguridad y salud laboral y de los delegados de prevención, para tratar de ocultar la elevada siniestralidad, su aumento inexorable y la falta de actuaciones frente a ella. “Piensa el Gobierno que si recorta la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del personal de la Administración del Estado, los accidentes y las enfermedades profesionales podrán desaparecer, porque les será más fácil ocultarlos”.
