LESMES SE REÚNE CON VARIAS ASOCIACIONES

El presidente del CGPJ recibe por primera vez a las víctimas de los bebés robados

Los tribunales españoles no han resuelto ni un solo caso de desapariciones infantiles pese a la existencia de indicios racionales de hasta 30.000 desapariciones forzadas en España.

De Izq. a Dcha.: Ana Cueto, Paloma Pérez, Carlos Lesmes, Francisco González de Tena, Lidia Acebo y Enrique Vila.
De Izq. a Dcha.: Ana Cueto, Paloma Pérez, Carlos Lesmes, Francisco González de Tena, Lidia Acebo y Enrique Vila.

¿Qué está sucediendo con la investigación de los casos de niños robados en España?

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, recibió este martes a representantes de asociaciones de los bebés robados. Es la primera vez que el máximo responsable del Poder Judicial se reúne con este colectivo después de años de inacción por parte de los tribunales de justicia. De hecho, los tribunales españoles no han resuelto ni un solo caso de desapariciones infantiles a pesar de que la propia Audiencia Nacional recogió en un auto judicial en 2009 la existencia de indicios racionales de hasta 30.000 desapariciones infantiles forzadas en España.

La reunión, aunque protocolaria y de “cortesía” a decir de los asistentes, ha servido para poner encima de la mesa las reivindicaciones de este colectivo al que la propia Fiscalía del Estado cerró todas las puertas cuando en un informe de 2013 rechazó que la causa se tratara de una trama organizada. Las decenas de denuncias interpuestas en juzgados de toda España siguen cayendo en saco roto dado que no existe jurisprudencia al respecto sobre la imprescriptibilidad de los supuestos delitos de desaparición forzada y adopciones ilegales y también ante la ausencia de supuestos culpables.

Al encuentro han asistido el presidente de SOS Raíces Adoptados, Enrique Vila; Francisco González de Tena, presidente de Colectivos sin Identidad (Tenerife/Las Palmas); la presidenta de Avidna, Ana Cueto; Paloma Pérez, de la Plataforma Camino de la Justicia; y Lidia Acebo, presidenta de la asociación ABRA. Todos coinciden en señalar la “sensibilización” mostrada por Lesmes en la causa, que no se circunscribe solo a la dictadura franquista sino también en plena democracia (década de los ’80 y los ’90).

Según fuentes presentes en la reunión, Lesmes les ha transmitido la dificultad de abordar este asunto de manera unificada desde el Poder Judicial dado que no existe jurisprudencia del Supremo al respecto y dados los diferentes pronunciamientos de los jueces en todo el territorio nacional. Esa es precisamente una de las trabas con las que se encuentran las asociaciones de víctimas, la unificación de criterio respecto a la prescripción o no de dichos crímenes (desaparición forzada) contemplados en el derecho penal internacional como de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles (desaparición permanente).

La vía que se abre ahora para las asociaciones de víctimas es un primer pronunciamiento del Supremo que podría llegar con la causa abierta contra el médico Eduardo Vela, tras la querella interpuesta por una víctima Inés Madrigal. Se prevé que el juicio oral se celebre antes de finalizar este año y los recursos (por una y otra parte) que puedan llegar al Supremo, determinen definitivamente la imprescriptibilidad de estos delitos.

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En opinión de juristas en derecho penal internacional, no se trata del "número", se trata de que, en todo caso, se reconocen indicios racionales y fundados de "miles" de casos de este crimen de máxima gravedad (según auto de la Audiencia Nacional). El Derecho Fundamental a la tutela judicial efectiva y el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos requiere una investigación efectiva que no se ha dado con archivos sistemáticos y en serie.

Hay que recordar que, en 2012, el entonces Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce detectó esta problemática y en una circular requirió a todos sus fiscales que impulsasen esa investigación de forma activa, y que por defecto investigasen antes de proponer archivo. Esto tampoco se cumplió, denuncian las víctimas.

Entre las propuestas planteadas a Carlos Lesmes destaca la realizada por el abogado Enrique Vila (a su vez supuesta víctima de una adopción ilegal), que propone crear juzgados especializados en la causa de bebés robados.

Por su parte, Francisco González de Tena, autor del libro ‘Nos encargamos de todo. Robo y tráfico de niños en España’, ha recordado a Lesmes las últimas recomendaciones hechas a España por a ONU. El Grupo de Trabajo para Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha reiterado en varias ocasiones que España no está investigando adecuadamente esta situación.

Como recuerdan también los juristas consultados al efecto sobre “la extraordinaria gravedad de los derechos humanos aquí en juego: derecho humano a la vida familiar, derecho humano a la propia identidad; y el profundo dolor y la urgencia de una situación que no está cerrada”.

Con todo, la pregunta es: ¿Qué está sucediendo con la investigación de los casos de niños robados en España?