Parece que en las últimas décadas muchos han olvidado que la "Democracia" es el sistema político en el que el pueblo ejerce la soberanía. Es decir un sistema que permite la intervención del pueblo en el gobierno e incluso el que tiende a mejorar la condición de la gente.
Basta con leer la teoría y contemplar la práctica. ¿Los gobiernos, sean el del Estado o por ejemplo el de Cataluña están gobernando para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la gente? Tendremos que coincidir en que la realidad y la teoría se contradicen radicalmente.
Podemos también contemplar como los gobiernos basan siempre la defensa de sus políticas en estadísticas macroeconómicas que en nada reflejan la realidad de la vida de los ciudadanos.
Estos días podemos oír de forma continuada como, los miembros del Gobierno del Estado, con Rajoy al frente, o el Presidente de la Generalitat de Artur Mas, hablan de las perspectivas positivas de la economía y citan datos macroeconómicos como la bajada de la prima de riesgo o la subida de la bolsa. Estos datos, sin embargo, no se corresponden con otros que afectan más a la ciudadanía.
Al citar los datos negativos los gobernantes siempre lo hacen desde la más abstracta neutralidad, sin tener en cuenta que en la mayoría de las veces se están refiriendo a personas de carne y hueso.
Así vemos como el Gobierno, al comentar la EPA del 3er trimestre de 2013, hablaba como de un hecho positivo de que la tasa de desempleo bajó 28 centésimas respecto al segundo trimestre y se situaba en 25,98%, es decir 5.904.700 parados. Los parados aparecen como una cifra más sin tener en cuenta que esto significa que casi seis millones de personas no tienen trabajo, y que por tanto ellas y sus familias tienen una grave dificultad en plantearse un plan de vida de futuro. La situación de cada una de estas personas, su situación personal y familiar, no parece representar nada por el Gobierno. Para el gobierno de Rajoy es más importante hablar de la prima de riesgo que del drama de 6 millones de ciudadanos concretos. La política económica del gobierno, sea el del Estado, el de Cataluña o el de la propia UE, no parece tener en cuenta la realidad y los dramas personales de los ciudadanos. Es en definitiva una política plenamente deshumanizada, puesta al servicio de los intereses económicos de unos abstractos "mercados" que parecen más importantes que la vida de la gente.
¿Qué podemos decir de cuando las estadísticas hablan de la existencia de 2 millones de parados que no reciben ninguna prestación social? ¿Qué tienen que decir nuestros gobernantes de que 2 millones de personas individualizadas, una a una, no reciben ninguna ayuda para poder hacer frente a su subsistencia? No saben, o no quieren saber, lo que representa el hecho de que cada una de ellas no tiene ningún ingreso para sobrevivir.
Lo mismo podemos decir ante frías estadísticas, que parecen no inmutar a nuestros gobernantes en las que se habla de que uno de cada cinco ciudadanos de nuestro país, el 21,6%, vive por debajo del umbral de la pobreza.
¿Se pueden considerar políticas humanizadas las que no tienen en cuenta las repercusiones de estas situaciones en las personas concretas? ¿Qué se puede decir de plantear bajar los presupuestos para las becas comedores de las escuelas cuando 2,5 millones de niños presentan problemas de desnutrición?
Es realmente curioso si no fuera despreciable ver como dirigentes del PP se exclamaban y se manifestaban consternados por "scraches", ante sus domicilios, impulsados por la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), y que según ellos habían perjudicado negativamente a los hijos de los políticos afectados. ¿Cómo se puede ser tan hipócrita de no tener en cuenta la situación, mucho más negativa, en que quedan los hijos de las familias desahuciadas? Y especialmente si tenemos en cuenta que durante el 2013 hubo unos 500 desahucios al día en España. ¿Qué es más inhumano un "schache" o una familia expulsada de casa, en muchos casos con sus hijos, y tirada a la calle?
Es evidente que las políticas de austeridad hoy dominantes están basadas en parámetros y concepciones ideológicas que huyen de la consideración de su repercusión en la vida cuotidiana de la ciudadanía. Unas políticas deshumanizadas, es decir que no tienen en cuenta su repercusión en las personas, y aún más que no buscan, sino al contrario, mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Habría que plantearse de una forma radical si estas políticas deshumanizadas son democráticas. Puesto que la base de la democracia es lograr una gobernanza que pueda beneficiar y satisfacer a la mayoría, y no a supuestos intereses económicos de reducidos sectores privilegiados.
Pero aún hay más. En nuestro país ya no sólo se hacen políticas deshumanizadas, sino que incluso se hacen políticas que conllevan incluso dosis de sadismo.
¿Cómo se puede calificar el hecho de eliminar de la noche a la mañana 873.000 tarjetas sanitarias a inmigrantes sin papeles a los que se les niega el acceso a la sanidad, con lo que significa para su situación personal, incluido los riesgos sanitarios para el conjunto de la población?
¿Qué se puede decir de la medida adoptada con "nocturnidad" durante los días de Navidad, mediante la que se deja sin derecho a la sanidad pública a las personas de nacionalidad española, que han tenido que emigrar al extranjero, a partir de los tres meses de su marcha del país?
Y si hay un ejemplo más claro de exhibición de una política deshumanizada y sádica es, sin duda, el proyecto de ley sobre el aborto del ministro Gallardón. ¿Cómo se puede defender una ley en base a una supuesta defensa del derecho a la vida, regulando que la malformación del "feto" no es razón para el aborto, y lo plantea el mismo gobierno que ha recortado un 47% las ayudas a la dependencia? ¿Se puede ser más sádico que obligar a una mujer a tener un hijo con problemas y dejarla después abandonada a su suerte, para toda la vida?
En nuestro país el gobierno del Estado no sólo está llevando a cabo una política deshumanizada propia del neoliberalismo dominante hoy en el mundo, sino que le incorpora unos componentes sádicos derivados de una concepción ideológica ultraconservadora.
Creo que se puede afirmar que el conjunto de estas políticas, muchas de ellas comunes al conjunto de la UE, son contradictorias con lo que hay que exigir a gobiernos propios de sociedades democráticas.
Ahora es el momento de reivindicar la "radicalidad democrática", levantando una alternativa que conlleve volver a reivindicar una forma de hacer política y de gobernar que esté al servicio de la mayoría de la población. Es decir hay que reivindicar el propio concepto de sociedad y gobierno democráticos.
Hay que poner las necesidades de la población por encima de cualquier otra consideración. En este sentido podemos decir que, la alternativa que representa Syriza en Grecia, va en esa línea al reivindicar que hay renegociar las condiciones de los rescates de la UE, "ya que primero que hay que atender son las necesidades de la población, conseguir garantizar el crecimiento interno, que será la mejor forma de poder garantizar, en su momento, el retorno de la deuda externa”.
En nuestro país parece que todavía aparece lejana la posibilidad de conseguir crear las bases de una alternativa a la situación actual. Hoy no valen las alternancias, que eliminarían los aspectos más sádicos de las actuales políticas, pero continuarían con una política regida por planteamientos macroeconómicos alejados de las necesidades sociales. Y a estas alturas la izquierda política alternativa, aliada con la izquierda social, ha logrado presentarse como la verdadera oposición a las actuales políticas, pero todavía está lejos de ser vista como una alternativa real al actual estado de cosas. Hay que plantear unas políticas radicalmente diferentes, con capacidad de disputar la hegemonía ideológica al conservadurismo actual, que pueda ilusionar a la ciudadanía con un cambio real que devuelva la capacidad de creer en un gobierno con la participación y al servicio de la ciudadanía. Esto conlleva defender una humanización de la praxis política, una defensa de la regeneración democrática, dirigida a establecer un mayor bienestar social para el conjunto de la ciudadanía, que debe conseguirse partiendo de una reducción de los niveles de la desigualdad social existente.
