PRIMERA LEY DE “DESCONEXIÓN”

El Parlament de Catalunya declara la nulidad de los juicios franquistas

El Pleno da luz verde a la proposición de ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo.

La proposición declara nulos y sin efecto jurídico todos los consejos de guerra sumarísimos. 

Además, prevé que el departamento de justicia emita un certificado de nulidad del procedimiento y las sentencia correspondientes. 

Franco, aclamado en la Plaza de Toros de Barcelona en 1951. (Foto: Seminariofascismo)
Franco, aclamado en la Plaza de Toros de Barcelona en 1951. (Foto: Seminariofascismo)

El Parlament de Catalunya ha dado este miércoles luz verde a la Proposición de Ley de Reparación Jurídica de las Víctimas del Franquismo a iniciativa de los grupos Junts pel Sí, Catalunya Sí Que Es Pot y la CUP e impulsada por la Comissió per la Dignitat.

La iniciativa, ha salido adelante tras el debate de totalidad ya que ningún grupo ha presentado enmiendas para proseguir su tramitación en Ponencia y Comisión, insta a declarar nulos y sin efecto jurídico todos los consejos de guerra sumarísimos "instruidos por causas políticas a Cataluña" y sus correspondientes sentencias entre 1938 y 1975.

La propuesta, también insta a la Conselleria de Justicia de la Generalitat a emitir una certificación de nulidad de los procesos que se llevaron a cabo y sus sentencias en un plazo de tres meses. Entre otros consejos de guerra, quedarán anulados los que afectaron al expresidente de la Generalitat Lluis Companys, y el diputado de ERC Josep Fàbrega, que fueron condenados a muerte.

Se trataría de la primera ley de “desconexión” del Parlament ya que rompe con el ordenamiento jurídico español y el poder judicial al anular dichas sentencias. Por ello, existe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) pueda anular la iniciativa por considerar que rebasa las competencias de la Generalitat.

Propuesta para modificar la ley de memoria histórica

Además, el pleno del Parlament también ha debatido este miércoles la propuesta del PSC para presentar al Congreso una modificación de la ley española de memoria histórica aprobada bajo el gobierno de Zapatero. El texto propone ampliar la ley con nuevos artículos que declaren nulas y sin ningún efecto jurídico las actuaciones y sentencias de los órganos y tribunales de la dictadura franquista fundamentadas en motivos políticos, y reconoce el derecho a una indemnización de 135.000 euros para los beneficiarios de los quienes murieron entre junio de 1940 y en septiembre de 1945 después de ser deportados o internados en los campos de concentración y trabajo nazis.