ABOGA POR UN AMPLIA REFORMA ESTRUTURAL

“No hay voluntad política para combatir el fenómeno de la corrupción”

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, afirma que, a día de hoy, hay un millar de causas abiertas en los juzgados contra la corrupción política.

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.
Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.

La sucesiva aparición en las últimas semanas de asuntos relacionados con la corrupción han puesto a la Justicia en el foco de la atención mediática y social ante la impunidad que parece tener buena parte de la clase política en nuestro país. Sin embargo, la sensación de celeridad en la actuación de los jueces solo obedece, en opinión de Joaquim Bosch, a que hay muchas causas abiertas, alrededor de 1.000, que hacen que se vayan produciendo avances concretos en las investigaciones que puedan coincidir en el tiempo.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) considera que el actual sistema judicial “no está preparado estructuralmente para afrontar los casos de corrupción”. En declaraciones a Nuevatribuna, Bosch cree necesario que existan “más peritos especializados, más medios policiales, más recursos para la Fiscalía Anticorrupción, y más jueces”, y en este sentido recuerda que “España está a la cola de Europa en número de jueces por habitante”, de ahí –dice- que “cuando cae en un juzgado un asunto de estas características hay muchas dificultades para poder hacer avanzar la investigación, lo que hace que se demore y que la ciudadanía a veces tenga la percepción de que hay impunidad, porque no acaban de existir condenas, hay muchas causas abiertas pero no acaban de avanzar con la rapidez que sería deseable”, afirma.

El actual sistema judicial no está preparado estructuralmente para afrontar los casos de corrupción

A juicio de Bosch y de la asociación que representa, esto ocurre porque “no hay voluntad política para afrontar una amplia reforma estructural para combatir el fenómeno de la corrupción. Desde el poder político no se nos asignan medios suficientes para poder actuar”. En el ámbito de la corrupción, afirma, “el Gobierno lleva ya dos años diciendo que van a presentar un gran pacto contra la corrupción y seguimos esperando y el Gobierno no impulsa medidas estructurales que son absolutamente necesarias para poder afrontar este fenómeno”. Si no lo hace “tendremos que llegar a la conclusión de que les resulta aceptable la situación actual de falta de celeridad para que estas investigaciones se puedan cerrar en unos plazos razonables”.

El portavoz de JpD considera que el principal problema está en las administraciones públicas ya que los casos de corrupción “aparecen especialmente ante movimientos de dinero de gran entidad en la gestión de las administraciones públicas que son las que pueden distribuir o poner en circulación el dinero a través del pago de contratos urbanísticos que pueden generar también determinadas inversiones”.

Hay que ir a sistemas mucho más reglados de adjudicación de los contratos públicos para impedir que el político de turno pueda entregárselos a un amigo o a quien lo quiera corromper

En su opinión, el ámbito más importante sobre el que actuar y en el que el Gobierno no actúa es el de la “enorme discrecionalidad y libertad que tiene la administración pública para poder contratar con quien quiera y para poder hacer modificaciones urbanísticas y en ambos casos sin unos instrumentos de control suficientes”, señala. “Esto facilita mucho que a la hora de adjudicar un contrato millonario en algunos casos, pues el alcalde, cargo autonómico o cargo del Gobierno central no adjudique a quien reúne las mejores condiciones para la sociedad sino a personas cercanas que a su vez están ofreciendo beneficios, regalos, comisiones, a los cargos políticos corruptos”.

Por ello, ve necesario acabar con esa amplia discrecionalidad e “ir a sistemas mucho más reglados de adjudicación de los contratos públicos para impedir que el político de turno pueda entregárselos a un amigo o a quien lo quiera corromper”. También aboga por reforzar los controles con técnicos independientes dentro de las administraciones y fuera de ellas”, ya que lo que se ha puesto de manifiesto es la facilidad para “eludir las normas en materia de adjudicación de contratos a través de fraccionamientos, a través de argucias fraudulentas, para adjudicar esos contratos a quien luego comparte los beneficios con el político”. Pero, claro, insiste, “la pregunta es si el Gobierno está dispuesto a que sus cargos políticos tengan menos libertad apara actuar y si está dispuesto a que existan órganos técnicos de control y a que los juzgados tengamos medios suficientes para investigar”.

Instrumentos legales insuficientes

En cuanto a los mecanismos legales existentes para castigar este tipo de comportamientos, Bosch cree que “son insuficientes y los pocos que hay no se ven acompañadas, cuando fallan todas las garantías, cuando falla el sistema normativo, de medios suficientes para poder investigar, perseguir y condenar adecuadamente”.

Además de acabar con la amplia discrecionalidad de la administración en materia de adjudicación de contratos y en materia urbanística, Bosch también ve urgente abordar reformas legislativas en el ámbito de la investigación penal y pone como ejemplo que, para los pequeños delitos contra la propiedad, la legislación regula los llamados juicios rápidos, en los que incluso en el mismo día que es detenido, el imputado pueda ser sea juzgado y condenado en el acto. “No existe nada parecido ni de lejos en el ámbito de la alta delincuencia contra el patrimonio de toda la sociedad. Por ello, hace falta buscar fórmulas legislativas procesales para que se puedan agilizar los procesos, con más jueces y más instrumentos para poder responder adecuadamente”, concluye.