La reforma del Código Penal que pone fin a la exención de responsabilidad penal de los partidos políticos entrará en vigor a partir del día 17, una semana después de que se haya cerrado el 'caso Pallerols' de financiación ilegal que ha afectado a Unió, el socio democristiano de CiU. Precisamente el grupo nacionalista fue uno de los que se opuso a este cambio normativo auspiciado por UPyD y PP.
"Es un enmienda impropia, sin informes, colada por la puerta de atrás y fruto del populismo recurrente (de UPyD). Deberíamos ser más cautos y preservarnos de demagogias"
En la ley, publicada el pasado 28 de diciembre en el Boletín oficial del Estado, se asegura que "el eje de los criterios que inspiran la presente reforma se corresponde con el reforzamiento de la transparencia de la actividad de la administración y del régimen de responsabilidad de partidos políticos y sindicatos, a los que se incluye dentro del régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas del que, hasta ahora, estaban excluidos".
Su entrada en vigor se sitúa 20 días después de la publicación, un plazo que concluye la próxima semana, con lo que no tendrá ningún efecto en lo relativo al 'caso Pallerols', donde exdirigentes de Unió han reconocido el desvío de fondos europeos para financiar gastos del partido a cambio de evitar la prisión y previa devolución de 388.000 euros desviados.
RIESGO DE DISOLVER PARTIDOS
Precisamente CiU fue uno de los grupos de la oposición que, junto con PSOE, PNV e Izquierda Plural, se opuso a este cambio normativo en los distintos debates parlamentarios de la reforma. Mercé Pigem, de Convergencia, recordó que las formaciones políticas tienen su responsabilidad penal y sanciones adecuadas en la Ley de Partidos y avisó de que con esta reforma "hecha por la puerta de atrás", sin el perceptivo informe de la Fiscalía y del Consejo del Poder Judicial, se pueden disolver o suspender partidos por lo que hagan sus militantes.
A su juicio, la responsabilidad penal para personas jurídicas se introdujo en el Código Penal para hacer frente a nuevas formas de criminalidad organizada, pero se excluyó a las administraciones, a los partidos y a los sindicatos porque encarnan "instituciones esenciales en el Estado democrático de Derecho".
También Lourdes Ciuró, en otro debate, indicó que la enmienda para extender a los partidos los delitos cometidos por sus militantes "va directa contra la línea de flotación del sistema democrático con el fin último de la disolución por la vía de la ilegalización". "Es un enmienda impropia, sin informes, colada por la puerta de atrás y fruto del populismo recurrente (de UPyD). Deberíamos ser más cautos y preservarnos de demagogias", aseveró.
