El juez advierte de que el 'procés' “puede continuar latente, aunque se encuentre puntualmente larvado y trate de servirse de un relevo de sus protagonistas”
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, destaca en su auto de procesamiento por el ‘procés’ en Catalunya que la estrategia secesionista “puede continuar latente, aunque se encuentre puntualmente larvada y trate de servirse de un relevo de sus protagonistas”.
Llarena, que ha procesado a 25 personas, expone que la causa que ha investigado, “hace frente a un ataque al Estado constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno, más aún por haberse desplegado aprovechando las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma y del país”.
Llarena entiende que ese “diseño criminal” puede no haberse interrumpido con ocasión de la aplicación del artículo 155 de la Constitución aprobada por el Senado “y que –cada vez con mayor nitidez— parecen estar latentes y pendientes de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas”.
El magistrado basa esta reflexión en el llamado “Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña”, presentado públicamente por Artur Mas en septiembre de 2014, que proclamó la legitimidad del proceso de autodeterminación de Cataluña. En ese documento -señala Llarena- “se contemplaba que en la eventualidad de que la independencia no fuera consentida por el Estado, dado que la suspensión del autogobierno no podría tener carácter indefinido y mucho menos definitivo, la secesión se alcanzaría reanudando la desobediencia permanente al marco constitucional y legal y manteniendo una movilización ciudadana que terminaría por forzar al Estado a reconocer la nueva república”.
“Es precisamente esa estrategia -subraya-, la que justifica el análisis del riesgo de reiteración, y lo que también justifica que se adopten las determinaciones que garanticen que las instituciones retornadas vuelvan a funcionar con pleno respeto a la realidad constitucional”.
