Jueces para la Democracia (JpD) considera necesario que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) desaparezcan a “corto plazo” y, hasta que ello no se materialice, exigen al Gobierno que realice una inversión económica adecuada “que posibilite la vida digna en los centros, dando pleno cumplimiento a los derechos de que son titulares las personas internas”.
En una nota remitida a los medios, JpD recuerda que en los CIE se ingresan a personas extranjeras, que no han cometido delito alguno, por un máximo de 60 días, como paso previo a su expulsión. Sin embargo -subrayan-, “aproximadamente más de la mitad de las expulsiones planeadas no llega a materializarse, lo que pone en duda, de entrada, la idoneidad de tan gravosa medida”.
La asociación de jueces progresistas ha reaccionado así a los sucesos acontecidos este miércoles en el CIE de Aluche, en Madrid, donde 39 personas internas se subieron a la azotea del edificio pidiendo a gritos “libertad y dignidad”.
Según subraya esta asociación, estas personas “son privadas de los derechos fundamentales y sociales más esenciales garantizados constitucionalmente”. Además -añaden-, “las innumerables quejas y denuncias interpuestas por la Defensora del Pueblo, diversas ONG, y organizaciones juristas, y sociales, así como las realizadas por las propias personas internas, ponen de manifiesto que los CIES se caracterizan por ser espacios de vulnerabilidad humana en medio de la opacidad de las prácticas policiales”.
Los jueces reivindican la labor realizada por la judicatura para el control de estos centros, pese a ello, lamentan que pervivan “las deficiencias estructurales, caracterizadas por el hacinamiento, la irregular asistencia sanitaria y jurídica, la falta de información a las personas internas sobre su situación administrativa, la nula existencia de políticas sociales y/o educativas, etc”.
Reglamento de Funcionamiento de los CIES
En el año 2014 fue aprobado el Reglamento de Funcionamiento de los CIES, recibiendo de inmediato numerosas críticas, y siendo, de hecho, anulados cuatro de sus artículos más polémicos por el Tribunal Supremo. “Las esperanzas suscitadas, en todo caso, porque el mencionado Reglamento significara un cambio de la gestión, pasando de un modelo securitario a uno social, se han visto truncadas”, dice JpD.
Por ello, insisten “es preciso avanzar en un paso previo: los criterios para solicitar el internamiento. Es importante el dictado de la Circular 6/ 14 de la DGP, que insiste en atender a la situación integral de la persona para evitar situaciones de riesgo, como muchas que se han sucedido”; y concluyen recordando que los CIE “son una medida de último recurso, al igual que la sanción de expulsión es subsidiaria a la de multa para personas en situación de mera estancia irregular”.
