Jueces para la Democracia entiende que Grande-Marlaska ha "incumplido gravemente los deberes del cargo de vocal del CGPJ", pues su obligación es precisamente defender la independencia e imparcialidad de los miembros de la Carrera Judicial y no ponerla en cuestión
La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha presentado un escrito en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dirigido al Pleno, en el que solicita el cese como vocal del magistrado Fernando Grande-Marlaska por haber puesto en duda públicamente la imparcialidad del instructor de la causa en la que está inmersa Rita Barberá, el exfiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido.
La petición se produce a raíz de unas declaraciones efectuadas por Grande-Marlaska en la emisora de radio COPE, donde ponía en cuestión la imparcialidad e independencia del magistrado del Tribunal Supremo que debe tomar declaración a la exalcaldesa de Valencia.
En esa entrevista, el vocal del CGPJ y presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se negó a responder a una pregunta sobre la conveniencia de que Conde Pumpido instruya la citada causa, con el argumento de "no generar desconfianza".
JpD entiende que "estas desafortunadas declaraciones, además de fomentar la desconfianza de los ciudadanos en la administración de justicia, arrojan una sombra de duda sobre la independencia e imparcialidad en concreto del Tribunal Supremo y de los magistrados que lo componen".
Sobre todo si se tiene en cuenta que las declaraciones son emitidas por un vocal del Consejo General del Poder Judicial, órgano que tiene encomendado principalmente la defensa de la independencia de jueces y magistrados.
La asociación progresista de jueces recuerda que Conde-Pumpido es un magistrado del Tribunal Supremo con una "larga y acreditada experiencia profesional en la que ha quedado patente a lo largo de los años su independencia e imparcialidad".
Por eso, Jueces para la Democracia entiende que Grande-Marlaska ha "incumplido gravemente los deberes del cargo de vocal del CGPJ", pues su obligación es precisamente defender la independencia e imparcialidad de los miembros de la Carrera Judicial y no ponerla en cuestión.
