DONACIÓN DE SACYR PARA FINANCIAR LA CAMPAÑA DE COSPEDAL

Imputado todo el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo

La acusación popular de la Querella Bárcenas se felicita por la imputación por presunta prevaricación.

Lo que se dirime es si recibieron una donación ilegal para financiar la campaña de María Dolores de Cospedal por parte de Sacyr a cambio de incrementar en 11 millones de euros el contrato de basuras que recibió una filial de esta misma empresa

La acusación popular de la Querella Bárcenas, entre la que se encuentra Ecologistas en Acción, se felicita por la imputación, por presunta prevaricación, a todo el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo en 2007, cuando gobernaba el PP. Lo que se dirime es si recibieron una donación ilegal para financiar la campaña de María Dolores de Cospedal por parte de Sacyr a cambio de incrementar en 11 millones de euros el contrato de basuras que recibió una filial de esta misma empresa.

Las organizaciones que iniciaron la acusación popular en la conocida como Querella Bárcenas (por basarse en los papeles del extesorero del Partido Popular), entre ellas la Asociación Libre de Abogados (ALA), IU y Ecologistas en Acción, han ido promoviendo en el curso de la instrucción la apertura de asuntos derivados de este caso.

Uno de ellos es el procedimiento que se instruye en Toledo, en el que se dirime si se produjo una “donación” ilegítima de fondos para el Partido Popular en Castilla-La Mancha a cambio de un incremento en el contrato a la empresa SUFI-Sacyr, nada menos que por 11 millones de euros, para el servicio de recogida de basuras. Esta aportación pudo ser de 700.000 euros e iba dirigida a financiar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal, según declaró el extesorero, Luis Bárcenas.

Esta aportación pudo ser de 700.000 euros e iba dirigida a financiar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal, según declaró Bárcenas

Pues bien, acaba de conocerse que la instrucción que impulsó esta acusación popular y que por parte del Juzgado nº 3 de Toledo se centraba en quienes ya declararon en la Audiencia Nacional –el antiguo alcalde José Manuel Molina García y el concejal de Hacienda, Lamberto Pineda– se extiende ahora a todo el grupo de concejales del PP. Todos ellos firmaron el acta de la Junta de Gobierno Local del 23 de mayo de 2007, y es en ese acta es en la que se recoge el acuerdo que incrementaba el precio del contrato mencionado por 11 millones, pero obviando el procedimiento legalmente establecido para ello y con cuestionables intenciones que son precisamente parte del objetivo de la acusación popular.

El equipo de personas que, por más de tres años, están manteniendo la acusación popular con su trabajo voluntario ha recibido con alegría esta providencia por la que se imputa a toda la antigua cúpula del PP en el Ayuntamiento de Toledo por presunta prevaricación.