EL TIEMPO POLÍTICO SE PRECIPITA

Homenaje a la sociedad catalana

El escenario político se ha llenado de ruido y, por momentos, de ira. 

El escenario político se ha llenado de ruido y, por momentos, de ira. Las miradas de la mayoría de los partidos políticos se concentran en un cortísimo plazo que no ve más allá del impacto de sus palabras y maniobras en unos días. Y esa miopía lleva al menosprecio por lo que pueda pasar después del 1-O y a la despreocupación por tratar de impedir antes que pase lo peor. La ligereza en el comportamiento de unos actores políticos que han exhibido su falta de destreza es la espuma que no deja ver la profunda corriente de hastío que separa cada vez más la política y a los políticos de la gente.

El tiempo político se precipita. El pésimo debate a propósito de la aprobación de las leyes del referéndum y de la transitoriedad en el Parlament de Catalunya le ha dado la puntilla al sentido que pudiera tener la convocatoria del 1-O. Arrastrar el fantasma del referéndum unas semanas más no tiene otro interés que alentar el juego partidista de qué opción obtiene ventajas o gana posiciones de cara a próximas elecciones. Hemos saltado varias semanas en el tiempo y ya estamos en el 2-O.

La ciudadanía catalana ha sabido preservar la convivencia en un ambiente de crispación y división crecientes. En los últimos años,  PP y C’s han actuado como provocadores y pirómanos, exprimiendo al máximo la cuestión catalana para sus fines electorales. Ahora ha sido la mayoría parlamentaria independentista la que no ha respetado las reglas de juego y los procedimientos democráticos ni ha protegido las garantías debidas a los grupos  parlamentarios de oposición, socavando así el carácter democrático de las leyes aprobadas. No todo vale ni todo se justifica por el voto de la mayoría.

Pese a todo, el capital de seny acumulado por la ciudadanía catalana sigue ahí, sustentando una sociedad abierta que manifiesta masivamente su voluntad de acoger a las personas que buscan refugio o mejorar sus vidas en Cataluña. Ni siquiera el reciente atentado yihadista en las Ramblas ha hecho mella en la voluntad de mantener su propuesta de acogida y la integración que ha practicado durante muchas décadas. Ese comportamiento y esos logros de la sociedad catalana merecen ser elogiados, especialmente en estos momentos.     

Estas líneas quieren ser también un homenaje a la parte de la sociedad catalana que defiende con envidiable tesón su derecho a decidir con las únicas armas de la palabra y la razón. Y a esa otra parte que ha comenzado a manifestar de forma activa su oposición al referéndum del 1-O y a la independencia con la fuerza que puedan tener sus palabras y razones, sin por ello dejar de buscar fórmulas de diálogo y de acuerdo. Búsqueda que funciona como una barricada frente a las razones de la fuerza y la represión que, sin duda, algunos poderes del Estado barajan y desearían ejercer. Algunas de las razones utilizadas por partidarios y detractores del referéndum pueden parecer cogidas con alfileres o sinrazones. Poco importaría que así lo fueran si la sociedad mantiene la capacidad de debatir y mantener las discrepancias y la pluralidad sin agravar los problemas de convivencia que han empezado a manifestarse. Dialogar y discrepar son rasgos consustanciales de la democracia y de las sociedades abiertas y plurales. Hasta ahora, la ciudadanía catalana ha sabido hacerlo, sus representantes políticos no.

He escuchado y leído con atención argumentos y razones a favor y en contra del referéndum y la independencia. También, disparates e improperios de todo tipo contra España y contra Cataluña que no contribuyen en nada a solucionar los problemas y ayudan a cegar vías de solución al complicado problema de encajar la voluntad de independencia de una parte importante de la sociedad catalana, el respeto a los derechos democráticos del conjunto y el imprescindible cambio legal que permita considerar los muy diferentes intereses, identidades y sueños que existen en la población que vive y trabaja en Cataluña.

Antes del tumultuoso debate de esta semana en el Parlament ya era dudoso que la celebración del 1-O o su prohibición pudieran resolver algo. Ahora no hay dudas, nada de lo que pueda pasar el 1-O nos acercará a una solución, pero todas las malas decisiones que se tomen hasta entonces pueden empeorar mucho la situación. Lo más grave ahora es alimentar la coerción que ha comenzado a ejercer el Gobierno de Rajoy y la posibilidad de que llegue a utilizar la represión para impedir que la ciudadanía que así lo desee pueda expresar su opinión el 1-O.

Los planteamientos que siguen reiterando que  lo primero y lo único es el cumplimiento de la ley contribuyen a agravar el enfrentamiento político y a transformarlo en enfrentamiento social. Las palabras  gruesas que califican de golpe de Estado o de golpe a la democracia la celebración del 1-O y exigen que caiga sobre los independentistas todo el peso de la ley distorsionan y agravan los problemas. ¿Alguien puede tener alguna duda sobre la utilización de esos pareceres por parte del Gobierno del PP? Cuando Rajoy habla de mesura y respuesta proporcional al desafío soberanista, ¿puede haber dudas de lo que significa esa proporcionalidad en sus labios o en los de Albiol, máximo responsable de su partido en Cataluña? Sí, sé que cuesta mucho leer en el mismo párrafo la palabra responsable asociada al nombre de Albiol, pero esa es su posición en el PP de Cataluña. En el escenario político hay un exceso de actores que llevan años haciendo de pirómanos y que no son creíbles en el papel de bombero.

A estas alturas, empeñarse en hacer un referéndum que en realidad no lo es, que muy probablemente se quedará en poco o nada y que va a perjudicar más que a favorecer que pueda haberlo en un futuro tiene mucho de irresponsable.   

Los gobiernos catalán y español se han metido (y nos han metido) en un callejón sin salida. Lo más probable es que el referéndum del 1-O no se celebre, aunque pueda haber urnas y votantes. Lo más relevante es que la votación no tendrá la consistencia ni las consecuencias de un referéndum. Lo más peligroso es que el Gobierno de Rajoy haga uso de la fuerza policial para impedir el encuentro entre urnas y votantes que deseen expresar su posición; más aún cuando para todo el mundo es evidente que el 1-O no puede ser un referéndum porque no cumple los requisitos mínimos para serlo.

¿Qué salida tiene el conflicto? Imponer la ley, parapetarse detrás de jueces y policías, lejos de suponer una salida, es la mejor manera de escalar el conflicto y mantenernos atrapados en un callejón sin salida. La política y el diálogo político tienen que entrar en acción, los políticos tienen que ponerse a la altura de la ciudadanía. No se me ocurre otra salida que no pase por la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas y la construcción de una nueva mayoría electoral progresista empeñada en buscar una salida democrática que incluya el derecho de la ciudadanía catalana a expresar su opinión y la fórmula concreta para que pueda hacer efectivo tal derecho, con los correspondientes cambios legales que lo hagan posible. Mejor que la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas la realice la Generalitat en condiciones de normalidad democrática. Si el Gobierno de Rajoy forzara esa convocatoria, tras ejercer la coerción y suspender el funcionamiento democrático de las instituciones catalanas, perderíamos una de las últimas oportunidades, si no la última, de salvar la convivencia. Y si la convivencia se deteriora lo acabará pagando la democracia. Nunca, de ningún modo, amenazar o silenciar a las instituciones catalanes y a sus dirigentes podrá ser parte de la solución de un problema político.