El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado una enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que propone modificar la Ley de Extranjería para, en una disposición adicional, introducir un "régimen especial de Ceuta y Melilla" que crearía una figura jurídica aplicable sólo en estos territorios.
La enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, dice que "los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".
De este modo, se estaría legalizando la práctica conocida como 'devolución en caliente' que las ONG que operan en las ciudades autónomas vienen denunciando desde hace más de una década, que no tiene amparo legal y que consiste en entregar sobre la marcha a Marruecos a los inmigrantes que han saltado la valla o se han apostado encima, sin darles la oportunidad de pedir asilo o exponer sus circunstancias.
Desde que el pasado mes de febrero se documentara en vídeo como 23 inmigrantes que habían llegado a nado a Ceuta eran entregados sobre la marcha a Marruecos en un suceso en el que murieron 15 personas, tanto el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; como su número dos, Francisco Martínez; han venido defendiendo que esta práctica correspondía a un "rechazo en frontera" y a un "concepto operativo" de vigilancia del perímetro.
En la actualidad, ni la Ley de Extranjería ni su Reglamento contemplan especificidades en este sentido para los territorios de Ceuta y Melilla, donde se aplican las mismas condiciones que para los migrantes que llegan o se encuentran en situación irregular en el resto de España.
600 EUROS POR EL TOP MANTA
Otro de los asuntos que el PP quiere introducir en la Ley de Seguridad Ciudadana y que afectaría a los inmigrantes es la propuesta de incluir como falta leve con sanciones de hasta 600 euros la venta ambulante no autorizada, poniendo como ejemplo el 'top manta', por considerarlo una ocupación de la vía pública.
Sostiene que deben ser sancionadas "sin perjuicio de las sanciones en que se pueda incurrir, de acuerdo con la normativa autonómica y local correspondiente en materia de comercio interior, así como sin perjuicio de las infracciones penales que puedan constituir determinados supuestos de venta ambulante (caso del conocido como 'top manta')".
