nuevatribuna.es
15 de septiembre de 2009, 11:38
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C.
Estudiará la ley “con mucho cuidado”. Así se pronuncio el ministro Ángel Gabilondo tras el anuncio hecho por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de que llevará al parlamento regional el proyecto de ley de autoridad del profesor para otorgar a todos los docentes de Primaria y Secundaria la condición de “autoridad pública” como la tienen jueces o inspectores de Sanidad.
El titular de Educación aseguró que la propuesta “es complicada” ya que muchos profesores son funcionarios del Estado. También advirtió que hay que ver “cuáles son las competencias de la comunidad” y emplazó al Gobierno de Madrid a tener en cuenta las opiniones de los padres.
EL PSOE MANTIENE QUE LA COMPETENCIA ES DEL ESTADO
La de Gabilondo no ha sido la única voz crítica de la polémica surgida en torno a este anuncio. Fuentes del PSOE mantienen que la propuesta es competencia del Estado y no de Madrid. Desde el PSM, su líder, Tomás Gómez, consideró que es el Código Penal el que marca quién es la autoridad y recordó que la posibilidad de que un docente pueda acudir a un juzgado “ya está contemplado en una circular de la Fiscalía General del Estado".
Tal es así, que la Fiscalía estableció en una circular remitida en diciembre pasado en la que ya se estipulaba que una agresión a un profesor puede ser calificada como delito de atentado contra la autoridad. De hecho está tipificada en los artículos 550 a 553 del Código Penal. La autoridad pública también tiene presunción de veracidad, lo que quiere decir que la palabra de un docente tendrá más valor que la de otro ciudadano en caso de que se den versiones opuestas.
EL PP PRESENTÓ LA INICIATIVA EN EL CONGRESO
Con esta ley, Aguirre pretende que los profesores tengan un “respaldo moral” y un “estatus que en estos momentos no tienen”.
“Recordarán cuando íbamos a la escuela, entre otras cosas, para que el profesor pueda ver lo que hacen los niños, incluso los de atrás, estaba un poquito más elevada su mesa. Probablemente, producto de estas leyes educativas socialistas, a mi juicio equivocadas, se dio orden de poner a todos el mismo nivel y eso es una de las cosas que creo que hay que cambiar porque creo que el profesor debe sentirse de alguna manera con una misión y un estatus para transmitir a los niños, porque así lo ha querido la sociedad madrileña y española, esos conocimientos”, dijo el lunes Aguirre.
El PP llevó la iniciativa al Congreso el pasado mes de julio y será debatida en octubre según avanzó la portavoz parlamentaria Soraya Sáenz de Santamaría. En este sentido, se manifestó “totalmente de acuerdo” con el anuncio de Aguirre que muestra la “coordinación” y la “claridad de criterios” en el seno del PP.
“Consideramos que en este momento una reforma educativa es básica y tiene que empezar por apoyar y reconocer al profesorado en la realización de sus tareas", señaló. “No renunciamos a la reforma del sistema con los cambios normativas que sean necesarios”, agregó. Sáenz de Santamaría pidió al PSOE que apoye esta medida tanto en la Asamblea de Madrid como en el Congreso de los Diputados.
Estudiará la ley “con mucho cuidado”. Así se pronuncio el ministro Ángel Gabilondo tras el anuncio hecho por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de que llevará al parlamento regional el proyecto de ley de autoridad del profesor para otorgar a todos los docentes de Primaria y Secundaria la condición de “autoridad pública” como la tienen jueces o inspectores de Sanidad.
El titular de Educación aseguró que la propuesta “es complicada” ya que muchos profesores son funcionarios del Estado. También advirtió que hay que ver “cuáles son las competencias de la comunidad” y emplazó al Gobierno de Madrid a tener en cuenta las opiniones de los padres.
EL PSOE MANTIENE QUE LA COMPETENCIA ES DEL ESTADO
La de Gabilondo no ha sido la única voz crítica de la polémica surgida en torno a este anuncio. Fuentes del PSOE mantienen que la propuesta es competencia del Estado y no de Madrid. Desde el PSM, su líder, Tomás Gómez, consideró que es el Código Penal el que marca quién es la autoridad y recordó que la posibilidad de que un docente pueda acudir a un juzgado “ya está contemplado en una circular de la Fiscalía General del Estado".
Tal es así, que la Fiscalía estableció en una circular remitida en diciembre pasado en la que ya se estipulaba que una agresión a un profesor puede ser calificada como delito de atentado contra la autoridad. De hecho está tipificada en los artículos 550 a 553 del Código Penal. La autoridad pública también tiene presunción de veracidad, lo que quiere decir que la palabra de un docente tendrá más valor que la de otro ciudadano en caso de que se den versiones opuestas.
EL PP PRESENTÓ LA INICIATIVA EN EL CONGRESO
Con esta ley, Aguirre pretende que los profesores tengan un “respaldo moral” y un “estatus que en estos momentos no tienen”.
“Recordarán cuando íbamos a la escuela, entre otras cosas, para que el profesor pueda ver lo que hacen los niños, incluso los de atrás, estaba un poquito más elevada su mesa. Probablemente, producto de estas leyes educativas socialistas, a mi juicio equivocadas, se dio orden de poner a todos el mismo nivel y eso es una de las cosas que creo que hay que cambiar porque creo que el profesor debe sentirse de alguna manera con una misión y un estatus para transmitir a los niños, porque así lo ha querido la sociedad madrileña y española, esos conocimientos”, dijo el lunes Aguirre.
El PP llevó la iniciativa al Congreso el pasado mes de julio y será debatida en octubre según avanzó la portavoz parlamentaria Soraya Sáenz de Santamaría. En este sentido, se manifestó “totalmente de acuerdo” con el anuncio de Aguirre que muestra la “coordinación” y la “claridad de criterios” en el seno del PP.
“Consideramos que en este momento una reforma educativa es básica y tiene que empezar por apoyar y reconocer al profesorado en la realización de sus tareas", señaló. “No renunciamos a la reforma del sistema con los cambios normativas que sean necesarios”, agregó. Sáenz de Santamaría pidió al PSOE que apoye esta medida tanto en la Asamblea de Madrid como en el Congreso de los Diputados.
