viernes. 29.03.2024
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Esperanza Aguirre y Francisco Granados.

A raíz de la Operación Púnica, desarrollada estos días por el Juez Velasco, ha vuelto a saltar a la palestra la capacidad de Esperanza Aguirre, como “experta cazatalentos” y su probada destreza en rodearse de personas que por unas razones u otras están siendo investigados por la justicia y demuestran de forma permanente un excesivo afán de beneficiarse de lo público para sus intereses privados.

No hay que olvidar que Esperanza Aguirre, desde que fue nombrada Presidenta, a raíz del Tamayazo, nunca investigado por la justicia, que impidió el gobierno de la izquierda madrileña por la traición promovida por el Partido Popular de Madrid, ha sido la persona con mayor capacidad para nombrar y cesar a todos los responsables de la política madrileña, ampliamente dominada por dicho partido.

Por enumerar sólo un pequeño ramillete de los más conocidos, hay que destacar los siguientes:

Ignacio González

Número dos de Aguirre y actual Presidente de la Comunidad de Madrid, investigado por su ático en Marbella, el cual fue comprado a una compañía radicada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware.

Su nombre salió relacionado en la investigación del caso Gürtel. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional subrayó en su momento: "Se aprecian algunos aspectos que inducen a pensar que en la operación de compraventa pudiera estar tratándose de ocultar la identidad de las personas que adquirieron el inmueble, así como el origen de los fondos utilizados"

Más tarde el fiscal llegó a decir: "La estructura societaria es ciertamente opaca". 

Su enfrentamiento con Alberto Ruiz Gallardón por una parte y con Francisco Granados por otra han jalonado su vida política y ha vivido experiencias de acusaciones cruzadas entre unos y otros de espionaje político, igualmente sin resolver por la justicia.

Francisco José Granados Lerena

Exsecretario general del PP de Madrid, y consejero de diversas áreas en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, fue cesado por la presidenta nada más terminar las últimas elecciones, sin ninguna explicación convincente. Su ostracismo en el PP le llevo a abandonar la política activa hace ocho meses, cuando dimitió como diputado en la Asamblea de Madrid y como senador.

Los medios de comunicación informaron de que Granados era titular de una cuenta en Suiza que podría ascender a 1,5 millones de euros. Él negó tajantemente que fuera titular de dicha cuenta hasta que tuvo que rectificar y reconocer que la había tenido en años anteriores y la había cancelado.

Actualmente está detenido en el marco de la Operación Púnica en la que se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación , revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal. 

En los últimos meses se ha paseado por diversas tertulias y programas de radio y televisión en los que ha amenazado directa e indirectamente al Partido Popular con “tirar de la manta” de los aspectos que por la responsabilidad que ha ocupado sin duda conoce mejor que nadie.

Habrá que estar atento a sus declaraciones y lo que sin duda será su respuesta, orientada a su conocida teoría de que “la mejor defensa es el ataque”.

Juan José Güemes 

Inició su andadura política de la mano de Rodrigo Rato en el Ministerio de Economía y Hacienda donde llegó a ocupar la Secretaría General de Turismo, fue fichado por Esperanza Aguirre para ser Consejero de Economía y Empleo y posteriormente de Sanidad. Como es conocido está casado con Andrea Fabra, hija de uno de los miembros del Partido Popular que en más ocasiones ha pasado por los juzgados, Carlos Fabra.

Ha sido imputado por malversación y prevaricación en el entorno de la privatización de la Sanidad Pública. Renunció a su puesto en la empresa de análisis clínicos Unilabs después de que se conociera que esta firma compró el 55% de la UTE (unión temporal de empresas) que realiza los análisis clínicos de seis hospitales públicos. Güemes formaba parte del Ejecutivo madrileño cuando se adjudicó esta concesión administrativa, que suponía la privatización de los laboratorios clínicos que atienden a 1,2 millones de habitantes. 

Alberto López Viejo

Concejal desde los 23 años, tuvo sus primeras acusaciones por parte del Partido Socialista de Madrid cuando era Concejal de Limpieza Urbana. Incrementó de forma verbal los contratos con una conocida empresa en más de dos millones de euros y fue aprendiendo el camino de cómo organizar el cobro de comisiones que perfeccionó cuando fue nombrado por Esperanza Aguirre Consejero de Deportes.

Imputado en mayo de 2009 en la trama Gürtell, como indica la propia Esperanza gracias a que ella lo denunció, acumuló en solo cuatro años un patrimonio “no justificado” de, al menos, 5,5 milones de euros. Persona de su máxima confianza organizó las campañas electorales del Partido Popular en esos años y sorprendentemente su “jefa” sigue diciendo que no sabía nada de sus manejos, al igual que ahora dice que no sabía nada de las actividades de su Secretario General, Francisco Granados.

María Carmen Rodríguez Flores

Persona de la máxima confianza del extesorero del PP, Alvaro Lapuerta, fue impuesta por Mariano Rajoy en la lista de diputada por la Comunidad de Madrid. “Pensionista” según la Seguridad Social y con un patrimonio de más de 3 millones de euros. Obtuvo un traspaso de tres naves industriales en Málaga por parte de un constructor imputado en el caso Bárcenas. Hasta el pasado 15 de junio era la única de los 350 diputados que no había presentado la preceptiva declaración de bienes en el Congreso. El periódico El Mundo estaba investigando sus propiedades y su origen lo que dio lugar a que la presentara.

Benjamín Martín Vasco

Exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid. Cobró 300.000 euros de Francisco Correa, el cerebro de la trama Gürtel, gracias a adjudicar unos terrenos al dueño de Martinsa, Fernando Martín, por un valor mucho menor del precio de mercado. Martinsa vendió pocos meses después por 70 millones de euros un tercio de las fincas por las que había pagado 77 millones de euros, prácticamente triplicando su valor.

Sorprendentemente Fernando Martín uno de los mayores responsables de todas las operaciones fraudulentas de suelo de Madrid y culpable de una de las crisis inmobiliarias más grandes de este país, con unas pérdidas de más de 4000 millones de euros, sigue impunemente paseando por Madrid y viviendo en su piso de la Castellana de más de 1000 m2.

Manuel Lamela

Imputado junto a Juan José Güemes por malversación y prevaricación, en octubre de 2013 comparte igualmente con él haber comenzado su carrera política como jefe de gabinete de Rodrigo Rato.

Esperanza Aguirre le puso al frente de la Consejería de Sanidad para la privatización de los hospitales Infanta Elena, Rey Juan Carlos y el Hospital de Torrejón. Posteriormente fue nombrado Consejero de Transportes, cargo en el que sólo duró un año. 

En 2010 creó una sociedad mercantil dedicada a promocionar Madrid como destino del turismo sanitario. 

Carlos Clemente Aguado

Viceconsejero de inmigración hasta octubre de 2008. Financió a través de su departamento una Fundación de Pablo Collado, mano derecha de Francisco Correa en Madrid, con 600.000 euros. Dicha Fundación "apenas tiene actividad". Está imputado por esto y por garantizar que se siguiera contratando a las empresas de Correa, después de haber abandonado su cargo de viceconsejero. Consta en los anales de la intrahistoria de la corrupción en España su conversación con el maestro Francisco Correa, jefe de la trama Gürtel, en la que asesora al alumno cómo hacer negocios turbios en Colombia. El magistrado Antonio Pereira, que le mantuvo una fianza de 37.000 euros, recogía en sus informes que Isabel Jordán, una de las empleadas de la trama había afirmado que se le habían efectuado regalos y que antes de las navidades de 2006 le entregaron un sobre con 6.000 euros.

Alfonso Bosch

Muy vinculado a Alberto López Viejo, este exdiputado del PP en Madrid, está imputado en dos sumarios judiciales diferentes. Por una parte, dentro de la trama Gürtel y, por otro lado, una trama de facturas falsas. Su empleada de hogar, le interpuso una demanda porque había hecho compras de locales en Calpe a su hombre, falseando el auténtico propietario.

José Ignacio Fernández Rubio

Antiguo regidor de Guadarrama y exalcalde de Las Rozas. Imputado por un delito de prevaricación acerca de unos contratos de permuta de unas parcelas. La titular del juzgado de instrucción número 2 de Collado Villaba le ha impuesto una de las fianzas más altas conocidas. 9,2 millones de euros. Cuando era alcalde Guadarrama firmó con el empresario Luis Alvarez García un contrato por el que el Ayuntamiento se quedaba con una parcela de su propiedad a cambio de entregarles unos terrenos en las afueras del casco urbano y la concesión de un supermercado durante 25 años. Este acuerdo fue denunciado por sus propios compañeros del Partido Popular que fundaron un nuevo partido, ganaron las elecciones y rechazaron el acuerdo por ser muy gravoso para las arcas municipales.

Francisco Acedo Jiménez

Exalcalde de Torres de Alameda (Madrid). Cuando era máximo responsable, permitió la destrucción de una villa romana favoreciendo la creación de un polígono industrial, por lo que está imputado por delito continuado contra la ordenación del territorio. Su concejal de urbanismo Antonio Sotoca le denunció por la firma de un convenio ilegal con la empresa Obhisa, por el que le permitió adquirir 100.000 m2 a 6 euros m2 y que una vez urbanizados se vendieron por 42 ó 48 euros m2.

Es probable que la empresa cazatalentos catalana Seelinger-Conde haya visto grandes virtudes en Esperanza Aguirre y que confíe ciegamente en su capacidad para detectar los “mejores dirigentes” para poner al frente de empresas públicas y privadas.

Si lo que persigue esta empresa es situar a personas cuyo objetivo es la privatización del sector público, que no tengan reparos en cobrar comisiones fraudulentas y abrir cuentas en Suiza, no cabe duda de que han acertado de plano. 

Asimismo se considera en dicha empresa que el hecho de enfrentarse a las fuerzas del orden público que quieren poner una multa por aparcar en el carril bus de la Gran Vía madrileña, fugarse y tirar una moto del policía municipal al suelo, es un valor añadido que demuestra arrojo, valentía y temeridad para dirigir con acierto las empresas de nuestro país.

Y por supuesto no pedir perdón por ello sino acusar a todo el mundo de conspiración contra ella, incluyendo a alcaldes, jueces y periodistas.

Si no es así nadie comprende que la mantengan en su alta responsabilidad.

Los cargos “sospechosos” nombrados directamente por Esperanza Aguirre