Una victoria este domingo le supondrá al presidente de Ecuador, Rafael Correa, la posibilidad de ocupar el poder durante 10 años, algo insólito en las últimas décadas en un país en el que la población se acostumbró a gobiernos débiles que caían por la acción de las masas o los golpes militares. Correa goza de una gran popularidad, sobre todo entre los sectores más pobres de la población, aunque sus políticas, su estilo confrontativo y su obsesión con los medios le granjean también adversarios importantes.
La gran popularidad de Correa tiene relación directa con los enormes recursos que dedica a distintos programas sociales. Se calcula que más de un millón y medio de personas reciben subsidios directos. Ha llevado a cabo importantes obras de infraestructura que han beneficiado sobre todo a los sectores rurales. La inversión en Educación se duplicó y el aumento en el presupuesto de Salud ha sido notable. El sueldo mínimo le ha ganado a la inflación y los ingresos del petróleo –Ecuador forma parte de la OPEP- han permitido que la pobreza se reduzca del 64 % de la población en el 2000, a 27 % en la actualidad.
La bonanza petrolera, aunque la producción está estancada, es la que asegura la continuidad de este esquema. Y Correa apuesta también a la gran minería, lo que en ocasiones lo enfrenta con ambientalistas y grupos indígenas. Y China es ahora el gran aliado y el primer acreedor, con 3.400 millones de dólares. Dato importante ya que Ecuador no puede acceder a los mercados internacionales de capitales a consecuencia del default de 2008, cuando decidió no pagar a los tenedores de bonos por 3.200 millones de dólares. Tenía fondos suficientes, pero decidió no pagar al estimar que era una deuda ilegítima, contraído por gobiernos anteriores.
La alianza con China no es el único cambio importante en las relaciones exteriores. Al igual que Venezuela, ha hecho de Irán un aliado estratégico. Y sigue el enfrentamiento político y diplomático con EE.UU., a pesar de que hay nuevo embajador de Washington en Quito, después de la expulsión en abril de 2011 del representante norteamericano. La concesión de asilo diplomático a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, en la embajada ecuatoriana en Londres, ha actuado como nuevo foco de tensión.
En la cruz de los seis años del gobierno de Correa está, sin duda, el cambio de reglas para construir poder. La reforma de la Constitución –que habilitó una nueva reelección- en la justicia, en la ley electoral, así como en los órganos de control, afectan la calidad institucional. A ello hay que añadir su estilo de conducción y sus enfrentamientos con los opositores y con la prensa. Alberto Acosta, candidato presidencial que fuera un aliado político clave de Correa, lo considera ahora autoritario y arrogante; su hermano Fabricio, un fanático.
El presidente prohibió a sus ministros y funcionarios públicos dar entrevistas a los medios privados a los que ha dedicado todo tipo de descalificaciones: “corruptos”, “sicarios de tinta”, “conspiradores”. Y también decidió eliminar la publicidad oficial en los mismos medios, con el argumento de que “no tenemos por qué beneficiar el negocio de seis familias de este país”. Una actitud que Correa comparte con dos de sus principales aliados en la región, Hugo Chávez y Cristina Fernández.
Al igual que ellos viene haciendo un uso intensivo –abusivo para muchos- de las llamadas “cadenas nacionales”. En noviembre del año pasado, la ONG Fundamedios había contabilizado 1.365 cadenas en sus seis años de gobierno. Para esta ONG, las cadenas, junto con los más de 20 medios de comunicación en manos del Estado, constituyen “la herramienta más poderosa para tratar de plasmar el pensamiento de la revolución ciudadana”.
Estos espacios han sido utilizados para polemizar contra lo que Correa considera opositores y con los medios adversos. Al menos 13 de estas cadenas fueron utilizadas para justificar el juicio contra el diario El Universo. En algunos casos lo que sucede es una especie de réplica instantánea, interrumpiendo entrevistas o programas donde se criticaba al gobierno o se entrevistaba a algún opositor.
En los planes de Correa está una reforma del código penal con penas más severas para el libelo. Hasta mediados del año pasado, el presidente ecuatoriano había demandado a más de 25 personas por injurias y delitos de opinión. Los casos más sonados fueron contra periodistas del diario El Universo, condenados a 3 años de prisión y 40 millones de dólares de multa. Y contra los autores del libro “El Gran Hermano”, sobre Fabricio Correa y sus negociados corruptos. En ambos casos el presidente decidió perdonar la pena, pero sin olvidar.
Ante las observaciones de que las leyes penales de difamación restringen la libertad de expresión, Raúl Vallejo, embajador de Ecuador en Colombia, dijo a la revista Semana: “Democráticamente, ¿qué legitimidad tiene un dueño de un medio que impone su punto de vista, frente a un gobierno que ha sido elegido por votación?”.
En ocasiones fueron simples ciudadanos privados, que hicieron algún tipo de manifestación verbal en la calle, los que enfrentaron la furia del presidente. El caso más sorprendente fue el de Irma Parra, una mujer que fue detenida durante varias horas cuando hizo un gesto que se interpretó como un “no” al paso de una caravana en la que iba el mandatario. El propio Correa se bajó de su vehículo, la increpó y justificó la detención como necesaria para hacer respetar su dignidad. “Es una pelucona (oligarca) de Riobamba, por lo que se merece ese castigo”, diría después.
Paralelamente, Ecuador y Venezuela intentan recortar sus atribuciones a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA. No solo reduciendo drásticamente su presupuesto, también quieren eliminar los informes anuales sobre libertad de expresión en los países miembros. Para Human Rights Watch (HRW), Correa intenta cambiar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por las “justificadas críticas” que se han hecho en la OEA a su gobierno, “por los graves retrocesos para el ejercicio de la libertad de expresión en el país”.
