La Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales manifiestan la “conmoción”, su “honda preocupación” y el “rotundo rechazo” que les provoca las decisiones tomadas en las últimas horas por el Gobierno de la Generalitat y por el Parlament de Cataluña para sacar a delante las leyes de ‘desconexión’ (Ley de Referéndum y Ley de Transitoriedad Jurídica).
Ante la -a su juicio- “flagrante y reiterada vulneración de la legalidad que se está acometiendo”, se comprometen a asumir “con convicción y responsabilidad el desempeño de las funciones que legal y constitucionalmente tenemos atribuidas”.
En un comunicado conjunto, los fiscales afirman que “los votos de una apretada mayoría de diputados del Parlament no pueden dinamitar la estructura legal y constitucional de un Estado como el español, ni pueden imponer una visión parcial y sesgada de lo que significa la convivencia democrática con el único objetivo de conseguir sus propios fines”. En este sentido, recuerdan que “lo que distingue a una democracia no es la celebración de consultas populares -que acogen también los regímenes no democráticos- sino la sujeción de los poderes públicos a la Ley”.
En línea con lo manifestado por el Gobierno central, los fiscales corroboran la vulneración del ordenamiento jurídico español, empezando por la Constitución y siguiendo por el propio Estatuto de Cataluña. Asimismo, señalan que las actuaciones de los independentistas catalanes tampoco se adecúan a las condiciones y recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, ni tienen amparo en ningún Tratado internacional ni en las resoluciones de la ONU sobre el derecho de autodeterminación, “aplicables, por cierto, a situaciones por completo distintas a la existente en Cataluña y el resto de España”, aseguran.
