NUEVATRIBUNA.ES - 9.2.2010
Esta decisión del Consejo se produce después de que el pasado jueves el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela emitiera un auto señalando que ve motivos para juzgar a Baltasar Garzón por prevaricación, si bien daba la posibilidad al juez de recurrir este escrito ante la Sala de lo Penal del Supremo para que sean los cinco magistrados de la misma los que validen o no esta decisión. En el auto, más parecido a una sentencia condenatoria que a un eslabón del debate jurídico político que rodea a todo el asunto, Varela corroboraba la tesis de los denunciantes, las organizaciones ultraderechistas Falange Española de las Jons, Manos Limpias y Libertad e Identidad, que acusan a Garzón de haber dictado una resolución injusta a sabiendas de que lo era o, lo que es lo mismo, de prevaricación.
El "hecho justiciable" establecido por Varela consiste en que, una vez aprobada la ley de Memoria Histórica de 2007, Garzón decidió en 2008 superar la limitación que dicha ley imponía e intentó "asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar" del franquismo. El escrito de Varela incluye valoraciones de calado, como la que señala que el examen de las actuaciones "ha revelado, como hecho probable, que el magistrado querellado actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador (...) sabiendo que los horrendos crímenes del franquismo habían sido objeto de anmistía por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar".
Tal y como van las cosas, la instrucción de Varela lleva camino de conseguir lo que no logró hace unos días el abogado del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. José Antonio Choclán, el letrado, también había acusado a Garzón de prevaricación, al espiar las conversaciones en los locutorios de la cárcel entre el propio Correa y su abogado. El juez podía haber sido condenado a entre 2 y 6 años de cárcel, pero la querella no fue admitida a trámite. Aun así, el Colegio de Abogados de Madrid anunció ya su intención de querellarse porque, según su decano, Antonio Hernández Gil, la orden de practicar esas escuchas “no se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico y principalmente a los valores constitucionales decantados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.
De momento, sobre Garzón pesa otra querella más. Se trata de la presentada por los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea, quienes acusan a Garzón de los delitos de prevaricación, cohecho y estafa, en un caso que data de 2005 y 2006, cuando el juez dirigió unos cursos en la Universidad de Nueva York mientras disfrutaba de un permiso en la Audiencia Nacional de Madrid. Los cursos fueron patrocinados por el Banco de Santander, que aportó 300 mil dólares. Los letrados consideran que el patrocinio de estos cursos podría estar relacionado con la decisión de Garzón de archivar, a su regreso a España, una causa que tenía pendiente contra directivos del Banco de Santander, entre ellos el propio Botín. Y denuncian que Garzón ocultó el salario que cobró en esos cursos y que fue él personalmente quien solicitó al Banco de Santander, cuyo presidente estaba imputado en un caso que llevaba él, que los patrocinara.
Garzón, a través de su abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, ha negado haber recibido jamás “ni directa ni indirectamente fondos provenientes del Santander”. Ha reiterado su inocencia y califica las acusaciones de “absurdas y esperpénticas”; asegura también que ha sido tratado peor que un ciudadano cualquiera sólo por el hecho de pertenecer al poder judicial, aunque según él se encuentra tranquilo, a la espera de que llegue el momento de defenderse.
Volviendo al caso de la investigación de los crímenes del franquismo, que instruye el juez Varela, de la redacción de su último auto se desprende que lo que molesta al magistrado es que Garzón se declarase competente para investigar las denuncias de las víctimas de Franco acaparando una vez más todas la atención mediática, por lo que coloca por encima de los "móviles altruistas" el empeño en controlar el proceso de las exhumaciones de las fosas comunes en las que reposan los cuerpos de miles de desaparecidos de la Guerra Civil. Se trata de un reproche que nace de un viejo enfrentamiento entre ambos jueces. Las diferencias entre ambos arrancarían de los primeros tiempos de la lucha contra el narcotráfico, cuando los caminos de Garzón y Varela se cruzaron en Pontevedra. Pero, mientras el primero se convertía en el "juez estrella", el segundo permanecía en las sombras. Fue entonces cuando empezaron a circular las primeras críticas contra el magistrado de la Audiencia Nacional por supuesta falta de rigor en la instrucción de sus casos.
Luciano Varela, que trabajó con Mariano Rajoy Sobredo, padre del actual líder del PP y que fue presidente de la Audiencia de Pontevedra, fue fundador de Jueces para la Democracia. No puede decirse que les separen diferencias ideológicas irreconciliables, pero Varela nunca consiguió 'brillar' como Garzón, ni siquiera cuando ascendió al Supremo. Ahora, tiene ante sí la posibilidad de ser quien lleve a su rival ante la Justicia a la que ambos representan.
Lo irónico, y triste a la vez, es que el mismo juez que procesó al dictador Augusto Pinochet, que desmanteló el aparato político y económico de la organización terrorista vasca ETA, que ha perseguido a los capos más importantes de la droga y a los líderes de las mafias rusa e italiana, y que está investigando los abusos cometidos en la cárcel de Guantánamo (Cuba) durante el gobierno de George W. Bush, acabe en el banquillo e inhabilitado durante 20 años.
Además, si se llega a ese resultado, el juez deberá abandonar todos los casos que tiene, incluyendo aquellos que giran en torno a ETA o Guantánamo. Esta última investigación es consecuencia de una querella presentada por varias organizaciones de defensa de los derechos humanos que el mismo Garzón admitió y cuyo juicio, en caso de llevarse a cabo, convertiría a España en el primer país del mundo en iniciar un proceso penal para investigar la torturas cometidas en la controvertida base militar de Estados Unidos.
Esta decisión del Consejo se produce después de que el pasado jueves el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela emitiera un auto señalando que ve motivos para juzgar a Baltasar Garzón por prevaricación, si bien daba la posibilidad al juez de recurrir este escrito ante la Sala de lo Penal del Supremo para que sean los cinco magistrados de la misma los que validen o no esta decisión. En el auto, más parecido a una sentencia condenatoria que a un eslabón del debate jurídico político que rodea a todo el asunto, Varela corroboraba la tesis de los denunciantes, las organizaciones ultraderechistas Falange Española de las Jons, Manos Limpias y Libertad e Identidad, que acusan a Garzón de haber dictado una resolución injusta a sabiendas de que lo era o, lo que es lo mismo, de prevaricación.
El "hecho justiciable" establecido por Varela consiste en que, una vez aprobada la ley de Memoria Histórica de 2007, Garzón decidió en 2008 superar la limitación que dicha ley imponía e intentó "asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar" del franquismo. El escrito de Varela incluye valoraciones de calado, como la que señala que el examen de las actuaciones "ha revelado, como hecho probable, que el magistrado querellado actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador (...) sabiendo que los horrendos crímenes del franquismo habían sido objeto de anmistía por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar".
Tal y como van las cosas, la instrucción de Varela lleva camino de conseguir lo que no logró hace unos días el abogado del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. José Antonio Choclán, el letrado, también había acusado a Garzón de prevaricación, al espiar las conversaciones en los locutorios de la cárcel entre el propio Correa y su abogado. El juez podía haber sido condenado a entre 2 y 6 años de cárcel, pero la querella no fue admitida a trámite. Aun así, el Colegio de Abogados de Madrid anunció ya su intención de querellarse porque, según su decano, Antonio Hernández Gil, la orden de practicar esas escuchas “no se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico y principalmente a los valores constitucionales decantados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.
De momento, sobre Garzón pesa otra querella más. Se trata de la presentada por los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea, quienes acusan a Garzón de los delitos de prevaricación, cohecho y estafa, en un caso que data de 2005 y 2006, cuando el juez dirigió unos cursos en la Universidad de Nueva York mientras disfrutaba de un permiso en la Audiencia Nacional de Madrid. Los cursos fueron patrocinados por el Banco de Santander, que aportó 300 mil dólares. Los letrados consideran que el patrocinio de estos cursos podría estar relacionado con la decisión de Garzón de archivar, a su regreso a España, una causa que tenía pendiente contra directivos del Banco de Santander, entre ellos el propio Botín. Y denuncian que Garzón ocultó el salario que cobró en esos cursos y que fue él personalmente quien solicitó al Banco de Santander, cuyo presidente estaba imputado en un caso que llevaba él, que los patrocinara.
Garzón, a través de su abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, ha negado haber recibido jamás “ni directa ni indirectamente fondos provenientes del Santander”. Ha reiterado su inocencia y califica las acusaciones de “absurdas y esperpénticas”; asegura también que ha sido tratado peor que un ciudadano cualquiera sólo por el hecho de pertenecer al poder judicial, aunque según él se encuentra tranquilo, a la espera de que llegue el momento de defenderse.
Volviendo al caso de la investigación de los crímenes del franquismo, que instruye el juez Varela, de la redacción de su último auto se desprende que lo que molesta al magistrado es que Garzón se declarase competente para investigar las denuncias de las víctimas de Franco acaparando una vez más todas la atención mediática, por lo que coloca por encima de los "móviles altruistas" el empeño en controlar el proceso de las exhumaciones de las fosas comunes en las que reposan los cuerpos de miles de desaparecidos de la Guerra Civil. Se trata de un reproche que nace de un viejo enfrentamiento entre ambos jueces. Las diferencias entre ambos arrancarían de los primeros tiempos de la lucha contra el narcotráfico, cuando los caminos de Garzón y Varela se cruzaron en Pontevedra. Pero, mientras el primero se convertía en el "juez estrella", el segundo permanecía en las sombras. Fue entonces cuando empezaron a circular las primeras críticas contra el magistrado de la Audiencia Nacional por supuesta falta de rigor en la instrucción de sus casos.
Luciano Varela, que trabajó con Mariano Rajoy Sobredo, padre del actual líder del PP y que fue presidente de la Audiencia de Pontevedra, fue fundador de Jueces para la Democracia. No puede decirse que les separen diferencias ideológicas irreconciliables, pero Varela nunca consiguió 'brillar' como Garzón, ni siquiera cuando ascendió al Supremo. Ahora, tiene ante sí la posibilidad de ser quien lleve a su rival ante la Justicia a la que ambos representan.
Lo irónico, y triste a la vez, es que el mismo juez que procesó al dictador Augusto Pinochet, que desmanteló el aparato político y económico de la organización terrorista vasca ETA, que ha perseguido a los capos más importantes de la droga y a los líderes de las mafias rusa e italiana, y que está investigando los abusos cometidos en la cárcel de Guantánamo (Cuba) durante el gobierno de George W. Bush, acabe en el banquillo e inhabilitado durante 20 años.
Además, si se llega a ese resultado, el juez deberá abandonar todos los casos que tiene, incluyendo aquellos que giran en torno a ETA o Guantánamo. Esta última investigación es consecuencia de una querella presentada por varias organizaciones de defensa de los derechos humanos que el mismo Garzón admitió y cuyo juicio, en caso de llevarse a cabo, convertiría a España en el primer país del mundo en iniciar un proceso penal para investigar la torturas cometidas en la controvertida base militar de Estados Unidos.
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