"Los argumentos esgrimidos por el Gobierno para justificar esta reforma no difieren de los empleados en los recortes en Sanidad y Educación y se enmarca en el avance de los procesos privatizadores emprendidos"
Izquierda Unida (IU) se ha dirigido a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales, que ya está en vigor tras su publicación el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que supone, a su juicio, "una nueva expropiación a las clases medias".
Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa el portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso y diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, para quien el nombre más adecuado para denominar esta norma promovida por el Gobierno sería el de "ley de atraco judicial".
"Es un atraco a los ciudadanos porque un mínimo de 500-700 euros no es una tasa, es una expropiación que impide el acceso de los ciudadanos a la justicia y niega el artículo 24 de la Constitución, el que hace referencia a la tutela judicial efectiva", ha dicho.
VULNERA LA CONSTITUCIÓN
De ahí que IU, en la ofensiva que va a iniciar contra esta ley, haya decidido recurrir a la Defensora del Pueblo para se dirija a su vez al Tribunal Constitucional, convencida como está la federación de izquierdas de que esta norma vulnera la Carta Magna al impedir el acceso de los ciudadanos "a la justicia y a la igualdad a través de una tasa expropiatoria", ha insistido.
Una ley que, según ha advertido Llamazares, va a provocar además que queden "en papel mojado" el derecho de los trabajadores, de los consumidores o de cualquier ciudadano ante las administraciones públicas.
A su juicio, el Ministerio de Justicia ha actuado con "improvisación", de forma "chapucera" y "contra los ciudadanos" al poner en marcha esta medida, como lo demuestra el hecho de que, pese a estar en vigor, "ni siquiera tenga preparados" los formularios correspondientes.
En este punto, el parlamentario de IU ha recordado que el Gobierno se empeñó en tramitar su proyecto de ley de forma urgente, lo que provocó un "enfado" en la oposición, que llegó incluso a abandonar la votación final del mismo en la Comisión de Justicia.
"El Ministerio de Justicia no actúa con justicia. Es más, se podría denominar el Ministerio de la injusticia, de la legislación exprés y de la improvisación", ha resumido Llamazares, para quien, con este proceder, lo que está evidenciando el Gobierno es que actúa "al dictado" de la UE introduciendo unas tasas que van a impedir a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos ante los tribunales de justicia.
LA INSUMISIÓN, UNA POSIBILIDAD "INTERESANTE"
Preguntado sobre si la disconformidad que el mundo judicial ha expresado contra esta ley podría llegar a provocar una insumisión en esta materia, Llamazares ha señalado que IU no había reflexionado sobre esa posibilidad, que considera "interesante".
En todo caso, ha querido dejar claro que su partido ya ha puesto en marcha todos los mecanismos a su alcance para recurrir esta medida, y que los colectivos profesionales y las organizaciones ciudadanas también ejercerán su derecho como corresponda contra una medida que, "por hacer tanto daño a terceros", debería de pedirse su paralización "inmediata".
Y es que, según se recoge en el escrito registrado en la Defensora del Pueblo, la mencionada ley "sólo se puede explicar desde la lógica de recortes sociales y de derechos impuesta por el Gobierno". "Los argumentos esgrimidos por el Gobierno para justificar esta reforma no difieren de los empleados en los recortes en Sanidad y Educación y se enmarca en el avance de los procesos privatizadores emprendidos y supone un salto cualitativo en la privatización del servicio público de la justicia", concluye.
