El Ejecutivo debería tener en cuenta que 7 de cada 10 ciudadanos votaron cambio, en las pasadas elecciones generales, y respetar la voluntad mayoritaria de la población que quiere recuperar los derechos sociales y laborales que les han arrebatado
El veto del Gobierno a la proposición de ley impulsada por UGT y CCOO y presentada en el Congreso, por el PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDC y PNV para revalorizar las pensiones, en 2017, entre un 1,2% y un 1,6%, conforme a la previsión del IPC del Gobierno, supone un veto a los ciudadanos y pensionistas, a los que se utiliza injustamente para cuadrar unos Presupuestos Generales del Estado, diseñados en función de una política económica errónea y que no atiende las necesidades sociales.
Este veto es, además, de dudosa justificación, pues el Gobierno, en principio, sólo puede vetar iniciativas que afecten a los presupuestos que están en vigor, no a los de los siguientes ejercicios (el Gobierno alega que esta subida de pensiones, como mínimo del 1,2%, supondría un coste adicional de 1.150 millones de euros en los PGE de 2017) tratando de conculcar al Gobierno la capacidad propositiva y legisladora al propio Parlamento en su expresión mayoritaria (el Gobierno ha de asumir que gobierna en minoría).
Por otro lado, la actitud del Gobierno de vetar las iniciativas con un respaldo parlamentario mayoritario, demuestran su escasa voluntad para corregir las políticas que impuso en la anterior legislatura, cuando contaba con mayoría absoluta. Unas políticas que han incrementado los niveles de pobreza y desigualdad en nuestro país y han supuesto una pérdida de libertades sin precedentes. El Ejecutivo debería tener en cuenta que 7 de cada 10 ciudadanos votaron cambio, en las pasadas elecciones generales, y, en este sentido, respetar la voluntad mayoritaria de la población que quiere recuperar los derechos sociales y laborales que les han arrebatado.
Por otro lado, Ciudadanos tiene muy difícil explicar a los pensionistas por qué no se suma a esta proposición de ley (que trata de evitar que se recorten las pensiones en 2017). Se escuda en el argumento de que la revalorización de las pensiones en función del coste de la vida, en 2017, es “un parche”.
Los sindicatos mayoritarios reiteran que el problema del Sistema Público de Pensiones, no es de gasto, sino de ingresos, y que el Gobierno de Mariano Rajoy hizo saltar por los aires el consenso sobre pensiones al imponer, en 2013, una reforma que supondrá una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas presentes y futuros. Una reforma, en la que se suprimió la revalorización automática de las pensiones conforme al IPC. Asimismo, acusan al Ejecutivo de Rajoy de aplicar una política económica destructiva para nuestro Sistema de Seguridad Social y para el propio Estado de Bienestar, una política que parece velar más por los intereses privados que por el interés público.
