jueves. 28.03.2024
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Mariano Rajoy convirtió la sesión monográfica sobre pensiones que se celebró en el Congreso el miércoles pasado en un Pacto de Estado por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), supeditando a la aprobación de las cuentas públicas toda medida al respecto. De hecho, el presidente del Gobierno emplazó a la oposición a validar los PGE para mejorar las pensiones de viudedad y subir las prestaciones más bajas.

Rajoy compareció en el Congreso para intentar apaciguar la tensión que se ha generado entre los pensionistas por el futuro de sus prestaciones y que se ha trasladado a las calles en forma de concentraciones. Hoy volverán a manifestarse, a protestar en masa, a reclamar una subida digna de sus pagas –superior a la del 0,25% que fijó la última reforma mientras los números continúen en color rojo- que les permita mantener su poder adquisitivo.

Desde la oposición, Ciudadanos condiciona su respaldo a una luz verde para poner en marcha un paquete de medidas que tendría un coste superior a los 8.000 millones y que incluiría una rebaja del IRPF, que se extendería a los pensionistas. Sin embargo, desde Gestha ya advertimos de que más del 63% de los jubilados españoles están exentos del pago de este impuesto, al cobrar pensiones inferiores a los 12.000 euros anuales.

Es verdad que el Estado cerrará este mes sus cuentas de 2017 con un déficit del 3,1% del PIB –una décima por encima de lo pronosticado previamente por el Gobierno-, por lo que España incumplirá de nuevo la regla del déficit y quedará como único país de la UE bajo el control de Bruselas. Pero también es verdad que si las pensiones no suben lo suficiente como para garantizar la sostenibilidad de los pensionistas, y no sólo del sistema, es por la falta de voluntad política.

En cualquier caso, de lo que nadie puede dudar es de la urgente necesidad de subir las pensiones mínimas para proteger uno de los colectivos que presentan mayor vulnerabilidad, como es el de los pensionistas con menos recursos y más dificultades de subsistencia.

Pues bien, no son pocos los que se encuentran en esta triste situación. De hecho, uno de cada tres pensionistas cobra por debajo del umbral de la pobreza, que se sitúa en torno a los 8.200 euros anuales. En total son más de tres millones de personas en claro riesgo de exclusión. Asimismo, una vez más, y por desgracia, la brecha salarial que se da entre los trabajadores y las trabajadoras en activo también se traslada a las personas de mayor edad.

Para ser más exactos, las mujeres pensionistas mayores de 65 años tendrían que ganar casi el 50% más para igualar la pensión de los hombres. Y es que el 60,4% de los pensionistas que perciben pensiones por debajo del umbral de la pobreza son mujeres -1,9 millones-.

Por otra parte, al margen de la brecha existente en cuanto a las prestaciones que reciben hombres y mujeres se refiere, también hay diferencias en función de la comunidad autónoma de residencia. De esta manera, Andalucía y Cataluña lideran el ranking de las regiones en las que, en términos absolutos, mayor número de pensionistas cobran por debajo del umbral de la pobreza, seguidas a más distancia por Valencia, Madrid y Galicia. Si bien, en términos relativos, Canarias y Galicia, con un 40,6% y un 39,2%, respectivamente, cuentan con los mayores porcentajes de pensionistas en tan triste situación.

Sea como fuere, el de las pensiones amenaza con incardinarse en el debate político español, donde, por otra parte, tampoco parece haber demasiada altura de miras y ganas de consenso. Un tema tan sensible y crucial para los que algunos conciben como Estado del Bienestar y otros, si no se actúa con urgencia y coherencia, podrían empezar a catalogar como del Malestar.

gestha200

Contesta Carlos Cruzado

Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

¿Por qué urge subir las pensiones mínimas?