Controlar el empleo sumergido se ha convertido en una preocupación de primer orden. El pasado miércoles el Gobierno anunció un plan que intentará hacer aflorar los empleos no declarados, que algunos cifran en más 4 millones de puestos de trabajo. Sacarlos a la luz no significaría, sin embargo, terminar con el paro que afecta actualmente a 4,7 millones de personas en España. Muchas de las personas que ocupan un empleo no declarado tienen a la vez un empleo legal. Aun así, Hacienda recaudaría unos 32.000 millones de euros adicionales, según algún estudio, lo que daría para pagar la factura anual casi completa del paro.
El Gobierno lanzará su plan contra el empleo no declarado en abril cuando los agentes sociales rubriquen, previsiblemente, la reforma de la negociación colectiva. Así, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se comprometió esta semana a desarrollar el plan contra el empleo sumergido en colaboración con los agentes sociales.
El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, pedía hoy jueves medidas de gracia para los infractores, al menos durante un tiempo. CCOO defiende así que, antes de endurecerse la normativa, el Estado proporcione una especie de amnistía para los responsables del empleo no declarado. Según datos de Funcas –la Fundación de Cajas de Ahorros-, en España existen hoy unos 4 millones de empleos no declarados.
El estudio de la Fundación indica además que el empleo sumergido no ha dejado de crecer en los últimos 30 años, desde los 1,7 millones de empleos en 1987 a los más de 4 millones actuales. Esto, según el informe, supone un coste millonario para el Estado, que pierde unos 32.000 millones de euros todos los años, una cifra que equivale casi al pago de la factura del paro anual.
El Gobierno reconoce que pretende sobre todo mejorar sus ingresos fiscales con la puesta en marcha del plan. Quizás por ello el ministro avisó de que la legislación española no deja lugar para amnistías. Con todo, Gómez afirmó que la economía sumergida no es mucho mayor en España que en otros países.
FALTAN INSPECTORES
El estudio de Funcas indica, sin embargo, que la economía en la sombra alcanza un 17 por ciento del PIB español. Otras voces elevan esa cifra hasta el 23 por ciento. Lo que nadie pone en duda es la insuficiencia de las fuerzas encargadas de combatirla. Así opina CCOO de Madrid, que considera “absolutamente imprescindible” dotar de mayores medios humanos y materiales a la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, encargada de combatirla.
Sin reforzar plantillas, cada inspector de trabajo se verá obligado a atender, como hasta ahora, a cerca de 2.350 empresas y unos 13.500 trabajadores, en la Comunidad de Madrid. “Estos datos alejan a la región cualquier media estadística de la Unión Europea”, afirman desde el sindicato que dirige Javier López. Sólo en esta Comunidad, las sanciones rozaron los 135 millones de euros en 2010, en un único apartado, directamente relacionado con el pago de cuotas, por parte del empresario o del trabajador. Llama la atención además otro apartado, el de la conversión de empleo temporal en fijo, donde, según señala el sindicato, los inspectores impusieron 1,35 millones de euros en sanciones, a pesar de haber apercibido a los empleadores con anterioridad.
