nuevatribuna.es
22 de marzo de 2010, 16:23
NUEVATRIBUNA.ES - 22.03.2010
El Gobierno y las comunidades autónomas se aliaron hoy para reducir el gasto público del conjunto de las administraciones públicas al 3 por ciento en 2013, tal y como exige Bruselas. Sin embargo, el Ejecutivo recibió duras críticas procedentes del Partido Popular, en especial por la creación de un grupo de trabajo con la misión de estudiar hasta el mes de junio dónde asestar el 'tijetazo' a los números rojos del Estado, que en 2009 alcanzaron el 11,2 por ciento del PIB, un par de décimas por debajo de lo inicialmente previsto.
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, explicó que los representantes autonómicos han aprobado el acuerdo marco para la sostenibilidad de las finanzas públicas para el periodo 2010-2013, que les fue remitido por el Ministerio de Economía y Hacienda el pasado 3 de febrero.
Para el desarrollo de estos objetivos, las comunidades autónomas se han comprometido a elaborar, en el plazo de tres meses, planes de racionalización y eficiencia del gasto. Para ello, se ha acordado la constitución de un grupo de trabajo en el seno del CPFF que se encargará de hacer propuestas en materia de reducción y mejora de la eficiencia del gasto y al que se encomendará la valoración y seguimiento de la información solicitada a las comunidades autónomas.
Esta acuerdo incidirá sobre tres asuntos concretos como los gastos de personal, el número de funcionarios en plantilla y otras políticas de "racionalización de los recursos humanos", según informó la vicepresidenta tras asistir a un consejo que calificó de "intenso".
Sin embargo, la restricción del gasto en personal público no implicará renegociar el acuerdo alcanzado hasta 2012 con los funcionarios, precisó.
El grupo de trabajo estudiará hasta el 10 de junio las actuaciones que desarrollarán los entes territoriales, que deben reducir su déficit conjunto hasta el 1,1 por ciento en 2013.
Cinco comunidades autónomas (Cataluña, Valencia, Baleares, Canarias y Andalucía) deben aún lograr la aprobación de sus planes de reequilibrio, algo que ya han conseguido otras diez comunidades, mientras que el País Vasco y Navarra obtendrán el visto bueno del Gobierno central los próximos días.
Los nueve planes de reequilibrio aprobados hoy, sumados a los de País Vasco y Navarra implican un ajuste de 1.975 millones, en concepto de acuerdos de no disponibilidad. Sin embargo, cuando el Gobierno apruebe el resto de planes de reequilibrio, el ahorro rondará los 3.000 millones de euros, explicó.
Respecto a una posible moratoria de la Ley de Dependencia, Salgado explicó que "no ha habido ninguna propuesta de cambio normativo" en este sentido.
Salgado criticó la "incoherencia" de los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP, que se han abstenido en la votación del acuerdo marco, aunque han pedido que conste en acta que el mencionado acuerdo "les parece muy bien", informó la vicepresidenta segunda.
PP DICE QUE 'NO ES EL MOMENTO" DE GRUPOS DE TRABAJO
Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, criticó que el Gobierno central no haya puesto "ni una sola medida sobre la mesa" para paliar el déficit.
Tras asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Beteta indicó que en el primer punto del orden del día, relativo al endeudamiento, "todas las comunidades autónomas han coincidido en la filosofía de la estabilidad presupuestaria y del control del gasto público", pero apuntó que tanto la Comunidad de Madrid como el resto de las comunidades del PP se han abstenido al entender que el Estado "no ha puesto ni una sola solución encima de la mesa".
"La música es bonita, pero no hay letra, es únicamente propaganda, humo, algo en vacío. La sociedad española quiere comisiones y el ver que sólo hay una comisión como solución al problema del déficit es un absurdo", afirmó respecto a la decisión de creación de grupo de trabajo, que fue el segundo punto del orden del día.
"Yo he propuesto que nos constituyamos en plena Semana Santa para estudiar entre todos todas las modificaciones que haya que hacer", indicó. "Hay que cambiar muchas leyes, mucha normativa básica que afecta a las Cortes Generales y que tienen rigidez en el gasto", añadió.
Por su parte, la consejera de Economía de Murcia, Inmaculada García, reprochó la actitud de la ministra de Economía, Elena Salgado porque, a su juicio, "ahora no es el momento de crear grupos de trabajo, ahora es el momento de poner medidas encima de la mesa y ejercer la competencia y la toma de decisiones que hace falta".
Previamente a la reunión, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, criticó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pida "sacrificios" y "austeridad" a las Comunidades Autónomas pero él no los aplique en el Gobierno central. Además avisó que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no aceptarán recortes en sanidad y educación.
RECAUDACIÓN MEJOR DE LO PREVISTO
Por último Salgado avanzó que los últimos datos sobre recaudación presupuestaria "van ligeramente mejor de lo previsto", tal y como informará este martes el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, en la comisión de presupuestos del Congreso.
Salgado recordó que el déficit estructural del Estado alcanza un 5,7 por ciento del PIB español --en torno a 5.800 millones de euros--, de los cuales un 5,2 corresponde a la administración general del Estado, mientras que el resto --un 0,5 por ciento-- pertenece a las comunidades autónomas.
El Gobierno y las comunidades autónomas se aliaron hoy para reducir el gasto público del conjunto de las administraciones públicas al 3 por ciento en 2013, tal y como exige Bruselas. Sin embargo, el Ejecutivo recibió duras críticas procedentes del Partido Popular, en especial por la creación de un grupo de trabajo con la misión de estudiar hasta el mes de junio dónde asestar el 'tijetazo' a los números rojos del Estado, que en 2009 alcanzaron el 11,2 por ciento del PIB, un par de décimas por debajo de lo inicialmente previsto.
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, explicó que los representantes autonómicos han aprobado el acuerdo marco para la sostenibilidad de las finanzas públicas para el periodo 2010-2013, que les fue remitido por el Ministerio de Economía y Hacienda el pasado 3 de febrero.
Para el desarrollo de estos objetivos, las comunidades autónomas se han comprometido a elaborar, en el plazo de tres meses, planes de racionalización y eficiencia del gasto. Para ello, se ha acordado la constitución de un grupo de trabajo en el seno del CPFF que se encargará de hacer propuestas en materia de reducción y mejora de la eficiencia del gasto y al que se encomendará la valoración y seguimiento de la información solicitada a las comunidades autónomas.
Esta acuerdo incidirá sobre tres asuntos concretos como los gastos de personal, el número de funcionarios en plantilla y otras políticas de "racionalización de los recursos humanos", según informó la vicepresidenta tras asistir a un consejo que calificó de "intenso".
Sin embargo, la restricción del gasto en personal público no implicará renegociar el acuerdo alcanzado hasta 2012 con los funcionarios, precisó.
El grupo de trabajo estudiará hasta el 10 de junio las actuaciones que desarrollarán los entes territoriales, que deben reducir su déficit conjunto hasta el 1,1 por ciento en 2013.
Cinco comunidades autónomas (Cataluña, Valencia, Baleares, Canarias y Andalucía) deben aún lograr la aprobación de sus planes de reequilibrio, algo que ya han conseguido otras diez comunidades, mientras que el País Vasco y Navarra obtendrán el visto bueno del Gobierno central los próximos días.
Los nueve planes de reequilibrio aprobados hoy, sumados a los de País Vasco y Navarra implican un ajuste de 1.975 millones, en concepto de acuerdos de no disponibilidad. Sin embargo, cuando el Gobierno apruebe el resto de planes de reequilibrio, el ahorro rondará los 3.000 millones de euros, explicó.
Respecto a una posible moratoria de la Ley de Dependencia, Salgado explicó que "no ha habido ninguna propuesta de cambio normativo" en este sentido.
Salgado criticó la "incoherencia" de los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP, que se han abstenido en la votación del acuerdo marco, aunque han pedido que conste en acta que el mencionado acuerdo "les parece muy bien", informó la vicepresidenta segunda.
PP DICE QUE 'NO ES EL MOMENTO" DE GRUPOS DE TRABAJO
Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, criticó que el Gobierno central no haya puesto "ni una sola medida sobre la mesa" para paliar el déficit.
Tras asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Beteta indicó que en el primer punto del orden del día, relativo al endeudamiento, "todas las comunidades autónomas han coincidido en la filosofía de la estabilidad presupuestaria y del control del gasto público", pero apuntó que tanto la Comunidad de Madrid como el resto de las comunidades del PP se han abstenido al entender que el Estado "no ha puesto ni una sola solución encima de la mesa".
"La música es bonita, pero no hay letra, es únicamente propaganda, humo, algo en vacío. La sociedad española quiere comisiones y el ver que sólo hay una comisión como solución al problema del déficit es un absurdo", afirmó respecto a la decisión de creación de grupo de trabajo, que fue el segundo punto del orden del día.
"Yo he propuesto que nos constituyamos en plena Semana Santa para estudiar entre todos todas las modificaciones que haya que hacer", indicó. "Hay que cambiar muchas leyes, mucha normativa básica que afecta a las Cortes Generales y que tienen rigidez en el gasto", añadió.
Por su parte, la consejera de Economía de Murcia, Inmaculada García, reprochó la actitud de la ministra de Economía, Elena Salgado porque, a su juicio, "ahora no es el momento de crear grupos de trabajo, ahora es el momento de poner medidas encima de la mesa y ejercer la competencia y la toma de decisiones que hace falta".
Previamente a la reunión, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, criticó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pida "sacrificios" y "austeridad" a las Comunidades Autónomas pero él no los aplique en el Gobierno central. Además avisó que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no aceptarán recortes en sanidad y educación.
RECAUDACIÓN MEJOR DE LO PREVISTO
Por último Salgado avanzó que los últimos datos sobre recaudación presupuestaria "van ligeramente mejor de lo previsto", tal y como informará este martes el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, en la comisión de presupuestos del Congreso.
Salgado recordó que el déficit estructural del Estado alcanza un 5,7 por ciento del PIB español --en torno a 5.800 millones de euros--, de los cuales un 5,2 corresponde a la administración general del Estado, mientras que el resto --un 0,5 por ciento-- pertenece a las comunidades autónomas.
