viernes. 29.03.2024
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Hay que recordar que la reforma del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades aprobada en noviembre de 2014 por el gobierno del PP conllevará un descenso de la recaudación de 9.000 millones, que es precisamente el ajuste que ahora pide Bruselas a España para este ejercicio

Estamos asistiendo estos días a los intentos del Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, de formar gobierno, una vez que fue propuesto por el Jefe del Estado para someterse a la investidura como presidente. Y en esta tarea, los socialistas han hecho público un documento, dirigido a los distintos partidos con los que entienden puede llegar a un acuerdo, en el que incluyen una serie de cuestiones que consideran básicas para lograr un pacto que posibilite la formación de gobierno.

Entre las medidas que contempla dicho documento, hay una que consideramos fundamental, dada la necesidad de contar con los suficientes recursos para abordar muchos de los otros temas que, sin duda, preocupan a todos los grupos políticos en relación con la sanidad, la educación, la dependencia, la protección del desempleo y la lucha contra la creciente desigualdad, entre otros. Y esa cuestión no es otra que la relativa a la fiscalidad, a esa necesidad de abordar una verdadera reforma fiscal que dé suficiencia a nuestro sistema, que actualmente soporta una deuda pública del 100% del PIB y un déficit público de casi el 5%.

En este sentido, hay que recordar que la reforma del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades aprobada en noviembre de 2014 por el gobierno del PP conllevará, según datos del propio Ejecutivo, un descenso de la recaudación de 9.000 millones de euros, que es precisamente el ajuste que ahora pide Bruselas a España para este ejercicio.

Es necesario abordar una lucha decidida no solo contra el fraude, sino también contra la elusión fiscal, eliminando todas aquellas posibilidades que las normas brindan a los grandes contribuyentes para reducir, cuando no suprimir, su factura fiscal

Pero esa necesaria reforma fiscal debe también ir dirigida a mejorar la equidad del sistema y a hacer efectivo el principio de justicia fiscal establecido por el artículo 31.1 de la Constitución, de manera que todos paguemos nuestros impuestos de acuerdo con nuestra capacidad económica y primando la progresividad. Y en este sentido es necesario abordar una lucha decidida no solo contra el fraude, sino también contra la elusión fiscal, eliminando todas aquellas posibilidades que las normas brindan a los grandes contribuyentes para reducir, cuando no suprimir, su factura fiscal.

En definitiva, los negociadores de los distintos partidos que en estos días se reúne no deben olvidar que la fiscalidad, aunque sólo ocupe una página de esas 53 que conforman el documento de trabajo base de su negociación, debe ser una prioridad sobre la que es imprescindible un acuerdo lo más amplio posible. Acuerdo que debería poner fin a la actual incapacidad del sistema tributario para aportar recursos suficientes para el mantenimiento del estado social y de derecho que establece nuestra Constitución, a la falta de equidad del sistema y al enorme problema del fraude y la elusión fiscal.


Contesta Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

¿Qué reforma fiscal debería contemplar un posible acuerdo de gobierno?