El Gobierno regional de Cristina Cifuentes ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018, alcanzando la cifra de 19.331 millones de euros.
Este incremento de 793 millones de euros, un 4,28% sobre 2017, se enmarca en un entorno de crecimiento del PIB regional por encima del 3,4% desde el año 2015, situando la riqueza regional, en términos de PIB, por encima de los valores pre-crisis.
Sin embargo las estadísticas de organismos oficiales como el INE indican que esta recuperación económica no ha tenido reflejo en las condiciones laborales, económicas y de vida de gran parte de la ciudadanía madrileña.
Aunque la cifra de personas en paro en la región sigue disminuyendo anualmente, la realidad es que todavía hay 414.800 personas desempleadas, con una tasa del 12,9%, es decir aún hay 175.000 parados/as y 6 puntos más de tasa que en 2008.
Una disminución del desempleo sustentada en la precarización del mercado laboral y en la devaluación salarial, 20% de media desde 2008, que ha provocado que 617.000 trabajadores/as madrileños/as tengan un salario inferior al SMI.
La consecuencia inmediata de las políticas ultraliberales del Gobierno regional es el aumento exponencial de la pobreza. Los últimos datos del INE indican que el 21,7% de la población de Madrid, casi 1,4 millones de personas, está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. 87.000 familias sufren pobreza severa, algo más de 400.000 personas.
Los Presupuestos Generales para 2018, para atender el aumento de la pobreza en la Comunidad de Madrid, presupuestan 9 millones más en la Renta Mínima de Inserción (RMI), hasta los 169 millones anuales, con el objetivo de atender a 32.000 familias, algo totalmente insuficiente.
El Presupuesto educativo se incrementa en un 3,56%, alcanzando los 4663,81 millones de euros. Se presupuesta un incremento del 26% de las inversiones en infraestructuras, hasta los 84,5 millones. Sin embargo, de los 66,77 millones presupuestados en 2017, apenas se han ejecutado el 50%, lo que ha supuesto que los centros educativos (CEIP e IES) comprometidos presupuestariamente para el inicio de este curso no se han finalizado, lo que ha supuesto que más de 10.000 alumnos/as han comenzado el curso en centros en obras o en barracones, y mil de ellos desplazados a otros centros educativos, la mayoría concertados.
El presupuesto destinado a la privatización de la educación supone ya el 19% del total del presupuesto, alcanzado los 1.012,13 millones de euros, 22,38 millones de euros más que en el ejercicio pasado.
Para CCOO es necesario que en 2018 se incorporen al menos 1.850 docentes más a los centros educativos públicos madrileños, en línea a lo acordado en el Acuerdo Sectorial, para recuperar los niveles de calidad en la enseñanza pública previos a la crisis.
En sanidad se presenta un presupuesto con un incremento de 235 millones de euros, hasta alcanzar los 7.868 millones de euros. Sin embargo el SERMAS presenta una estimación de gasto 264 millones por debajo de lo gastado realmente en el último año liquidado (2016). Con este dato será muy difícil reducir la situación de los 82.758 pacientes en espera de intervención quirúrgica, a 30 de septiembre 2017, el 26% de los cuales con esperas superiores a los 90 días.
CCOO critica que de nuevo los mayores incrementos se destinen a los hospitales externalizados, en esta ocasión del 7,7% de media, mientras que los públicos crecen de media un 3% y la Primaria apenas un 2,5%, menos de la media de la Consejería, que es del 3,08%
En Transportes se anuncian inversiones por valor de 112 millones de euros para conservación de carreteras o ampliación de líneas de Metro, mientras que sólo el canon de la M-45 tendrá un coste en 2017 de 204 millones de euros.
En materia de ingresos se produce un incremento notable de los impuestos gestionados por el Estado (IRPF, IVA, matriculaciones, etc.), que crecen un 11,8%, mientras que los propios de la Comunidad de Madrid (Patrimonio, Sucesiones, etc.) apenas lo hacen en un 1,2%.
Mientras la política fiscal continúa la senda de los últimos tres lustros, lo que significa haber dejado de ingresar más de 36.000 millones de euros en 15 años, dos presupuestos regionales anuales. El Gobierno regional consolida la desfiscalización de las imposiciones al capital y al patrimonio, y para 2018 anuncia nuevas deducciones por nacimiento y alquiler de vivienda en el IRPF, ambas con muy poca incidencia para la mayoría de madrileños/as.
Mientras, continúa sin cobrar el Impuesto de Patrimonio, que según los datos de la AEAT del año 2015, habría supuesto que 15.000 contribuyentes con un patrimonio superior a los 2,7 millones de euros, dejaron de pagar a las arcas públicas casi 800 millones de euros.
Por el contrario el Gobierno regional prevé incrementar el endeudamiento público bruto en 3.199 millones de euros, lo que situará la Deuda Pública al finalizar el 2018 en casi 36.000 millones de euros.
CCOO de Madrid vuelve a denunciar que los regalos fiscales se siguen financiando por el conjunto de la ciudadanía madrileña a través del endeudamiento público.
El sindicato reclama, una vez más, un cambio real en las políticas públicas regionales para recuperar la calidad de los servicios públicos, que pasa por una recuperación del empleo público perdido, abordar un cambio en el modelo productivo e impulsar la industria para generar empleo estable y de calidad.
Además es imprescindible potenciar políticas sociales y de garantía de rentas dirigidas, prioritariamente, a luchar contra la creciente pobreza y la desigualdad, situación intolerable en la región más rica del Estado.
Todo ello no será posible sin una reforma fiscal basada en la progresividad real y la solidaridad vía impuestos para que paguen los que más tienen.
