El Gobierno acaba de presentar los presupuestos generales para 2013, con los que pretende reducir el déficit público al 4,5% del PIB para cumplir con las exigencias de Bruselas. Entre los gastos más voluminosos que va a tener que afrontar el Ejecutivo en el próximo ejercicio se encuentra el pago de intereses de la deuda pública, que se ‘comerá’ unos 38.590 millones de euros.
Para hacernos una idea de la barbaridad de esta cifra, basta decir que equivale a las tres cuartas partes de todo el gasto social previsto en 2013, lo cual da una idea de la magnitud del problema de nuestro endeudamiento, que sigue aumentando a marchas forzadas y que ya supera el 70% de la riqueza española. Para devolver este dinero, se han aprobado en estos presupuestos y en los anteriores duros ajustes que merman el consumo y el nivel de vida de los ciudadanos, pero aún así la bola sigue creciendo. ¿Qué se puede hacer entonces?
Como ya hemos propuesto, hay una forma de tener más recursos para pagar lo que debemos sin necesidad de recortar más a los trabajadores y pequeños empresarios, que son los que mantienen la economía a flote. Se trata de reducir la gran bolsa de fraude que existe en nuestro país. Como no sería realista pretender erradicarla del todo, sí proponemos reducirla en diez puntos porcentuales, equiparándola con la media de la Unión Europea.
De este modo, se recaudarían 38.577 millones de euros en un solo año, lo que curiosamente coincide con la cantidad que en 2013 vamos a gastar en pagar solo los intereses de la deuda. Sin embargo, en lugar de apuntar más alto en la lucha contra el fraude, el Gobierno decide optar por medidas regresivas e injustas, como la amnistía fiscal a los defraudadores, que en los cuatro meses que lleva en vigor apenas ha recaudado el 2% de lo que se proponía.
Contesta Carlos Cruzado,
Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)
