nuevatribuna.es
7 de marzo de 2010, 11:02
NUEVATRIBUNA.ES- 05.03.2010
Fedea –la fundación de economistas que promovió el Manifiesto de los Cien a favor de un contrato único- instó hoy al Gobierno a llevar adelante una reforma “urgente” del sistema español de pensiones. A su juicio, y dado que la población mayor de 65 años se va a duplicar en cuarenta años, el Gobierno se ve obligado de forma “inevitable” a reformar el actual sistema. En otro caso, y para llegar al equilibrio, el sistema precisaría de la llegada de 35 millones de inmigrantes, algo poco probable.
Además, a juicio de los promotores del contrato único con indemnización creciente, la reforma del sistema de pensiones debe acometerse “a la vez” que la reforma laboral. En caso contrario, el Gobierno se vería obligado a subir los impuestos para poder pagar las pensiones, lo que conlleva una merma en el crecimiento económico, según señaló Sergi Jiménez, profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Para el centenar de economistas que han respaldado la nueva propuesta, el Gobierno debería rebajar además la llamada tasa de sustitución, que mide la proporción entre la cuantía de la pensión y los salarios, actualmente de un 80 por ciento, “una de las mayores de la OCDE después de Grecia”.
La reducción de la tasa de sustitución no implicaría necesariamente reducir las pensiones, según sostienen. Sin embargo, para que se cumplan sus previsiones, los salarios deberían subir un 1 por ciento más que la inflación los próximos cuarenta años, que es el horizonte fijado por estos economistas representados hoy por los profesores Luis Garicano y César Molinas.
En cualquier caso destacan que “los jubilados presentes no se verían afectados” por estos cambios “a medio y largo plazo”. En su opinión, ahora “es el momento” para sacar adelante estos cambios, ya que los nacidos durante el baby boom, quienes sí ser verían afectados, “están tomando ahora decisiones de ahorro”.
Además, esta reforma permitiría, a su juicio, reducir el déficit estructural “sin recortar el gasto hoy”. “Cuando el Gobierno saco la medida muchos respiramos aliviados”, confiesan, si bien constatan el riesgo de que la reforma quede finalmente en nada.
En cambio, para el secretario general de UGT, Cándido Méndez, la reforma del sistema de pensiones "no saldrá adelante por la vía de la imposición" y “no tendrá” el consenso parlamentario que necesita para aprobare en la subcomisión del Pacto de Toledo; una situación de la que el Estado "es consciente".
Méndez añadió que "ya se puede alargar la edad de jubilación más allá de los 65 años por el único procedimiento por el cual, la sociedad española está dispuesta a aceptar el desplazamiento de esta edad de jubilación, que es por un procedimiento voluntario y no por la imposición".
Por su parte, el Banco de España avisó hoy de una “fuerte presión al alza” en el gasto de las pensiones en 2050, cuando se prevé que la tasa de dependencia --porcentaje de población mayor de 65 años sobre la población en edad de trabajar-- se "duplique" hasta 2050.
"De confirmarse estas proyecciones es de esperar que tengan un impacto significativo sobre el funcionamiento del mercado de trabajo, cuya expansión en el período previo a la actual crisis ha descansado tanto en la incorporación de la mujer al mundo laboral como en los intensos flujos migratorios", añade en su último Boletín Económico.
Fedea –la fundación de economistas que promovió el Manifiesto de los Cien a favor de un contrato único- instó hoy al Gobierno a llevar adelante una reforma “urgente” del sistema español de pensiones. A su juicio, y dado que la población mayor de 65 años se va a duplicar en cuarenta años, el Gobierno se ve obligado de forma “inevitable” a reformar el actual sistema. En otro caso, y para llegar al equilibrio, el sistema precisaría de la llegada de 35 millones de inmigrantes, algo poco probable.
Además, a juicio de los promotores del contrato único con indemnización creciente, la reforma del sistema de pensiones debe acometerse “a la vez” que la reforma laboral. En caso contrario, el Gobierno se vería obligado a subir los impuestos para poder pagar las pensiones, lo que conlleva una merma en el crecimiento económico, según señaló Sergi Jiménez, profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Para el centenar de economistas que han respaldado la nueva propuesta, el Gobierno debería rebajar además la llamada tasa de sustitución, que mide la proporción entre la cuantía de la pensión y los salarios, actualmente de un 80 por ciento, “una de las mayores de la OCDE después de Grecia”.
La reducción de la tasa de sustitución no implicaría necesariamente reducir las pensiones, según sostienen. Sin embargo, para que se cumplan sus previsiones, los salarios deberían subir un 1 por ciento más que la inflación los próximos cuarenta años, que es el horizonte fijado por estos economistas representados hoy por los profesores Luis Garicano y César Molinas.
En cualquier caso destacan que “los jubilados presentes no se verían afectados” por estos cambios “a medio y largo plazo”. En su opinión, ahora “es el momento” para sacar adelante estos cambios, ya que los nacidos durante el baby boom, quienes sí ser verían afectados, “están tomando ahora decisiones de ahorro”.
Además, esta reforma permitiría, a su juicio, reducir el déficit estructural “sin recortar el gasto hoy”. “Cuando el Gobierno saco la medida muchos respiramos aliviados”, confiesan, si bien constatan el riesgo de que la reforma quede finalmente en nada.
En cambio, para el secretario general de UGT, Cándido Méndez, la reforma del sistema de pensiones "no saldrá adelante por la vía de la imposición" y “no tendrá” el consenso parlamentario que necesita para aprobare en la subcomisión del Pacto de Toledo; una situación de la que el Estado "es consciente".
Méndez añadió que "ya se puede alargar la edad de jubilación más allá de los 65 años por el único procedimiento por el cual, la sociedad española está dispuesta a aceptar el desplazamiento de esta edad de jubilación, que es por un procedimiento voluntario y no por la imposición".
Por su parte, el Banco de España avisó hoy de una “fuerte presión al alza” en el gasto de las pensiones en 2050, cuando se prevé que la tasa de dependencia --porcentaje de población mayor de 65 años sobre la población en edad de trabajar-- se "duplique" hasta 2050.
"De confirmarse estas proyecciones es de esperar que tengan un impacto significativo sobre el funcionamiento del mercado de trabajo, cuya expansión en el período previo a la actual crisis ha descansado tanto en la incorporación de la mujer al mundo laboral como en los intensos flujos migratorios", añade en su último Boletín Económico.
