La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha presentado su decálogo sindical ante el anteproyecto de ley de racionalización de la Administración Local. Este decálogo pretende ser un muro de contención contra una medida que prácticamente vacía de servicios a los ayuntamientos. La FSP-UGT prevé que esta norma puede traer una pérdida del 60% del empleo de las entidades locales, unos 300.000 puestos de trabajo.
Mª Carmen Barrera, secretaria de Acción sindical, y Joana Mor Biosca, secretaria de Local, autonómica y servicios a la comunidad, han presentado un decálogo sindical con el objetivo de promover, con las CCAA y los ayuntamiento, acuerdos de concertación desde el diálogo social y la negociación colectiva que sirvan de muro de contención a la reforma de la Administración Local planteada por el Gobierno.
"El documento es simplemente economicista. Quieren vaciar de contenido muchos de los servicios que prestan los ayuntamientos, como la asistencia domiciliaria, abocando así a la ciudadanía al repago de estos servicios"
"La medida del Gobierno busca sólo el ahorro económico sin tener en cuenta los servicios prestados", ha afirmado Barrera en rueda de prensa. "Con esta reforma se perjudica no sólo a los trabajadores sino a las Comunidades Autónomas, ya que la ley propone una reordenación de las instituciones de las autonomías. Nuestro objetivo es orientar pactos y acuerdos desde la Negociación colectiva".
Por su parte, Joana Mor Biosca ha estimado que esta reforma supondría la pérdida de 300.000 puestos de trabajo. "Llevamos aproximadamente un año estudiando los borradores de la reforma. Nos pidieron alegaciones y nosotros hemos exigido que esta reordenación o racionalización de la Administración local no se lleve a cabo a costa del personal. El documento es simplemente economicista. Quieren vaciar de contenido muchos de los servicios que prestan los ayuntamientos, como la asistencia domiciliaria, abocando así a la ciudadanía al repago de estos servicios".
