CONTESTA CARLOS CRUZADO | PRESIDENTE DE GESTHA

¿Por qué el impuesto de Sucesiones no debe eliminarse?

La supresión de Sucesiones beneficiaría, sobre todo, a los futuros herederos de las 181.778 mayores fortunas de España.

Sucesiones aporta hoy en día en torno a los 3.000 millones de euros a las arcas de las comunidades autónomas

Donde antes dijeron digo ahora, afortunadamente, dicen Diego. Si hace unos días Ciudadanos se mostraba partidario de suprimir el impuesto de Sucesiones y Donaciones, alegando que era injusto pagar dos veces por lo que no es de uno, esta misma semana la formación naranja ha propuesto armonizar el tributo que grava las herencias con un mínimo exento elevado y tipos que irían en función del grado de parentesco. De esta forma, el partido liderado por Albert Rivera ha empezado a desvelar su plan de financiación territorial. Y al hilo del informe que preparó la comisión de expertos, rechaza que ninguna comunidad autónoma pueda anular la eficacia recaudatoria de este impuesto.

Pues bien, el viraje en la hoja de ruta de Ciudadanos no puede sino llegar a buen puerto. Y es que el impuesto de Sucesiones se trata de una herramienta fundamental para combatir la desigualdad, que en España es mayor que en el resto de los países desarrollados. De hecho, el número de millonarios en nuestro país se ha incrementado un 60% desde 2008, mientras que las personas que cobran menos de 1.000 euros al mes –y que se encuentran en el umbral de la pobreza- han aumentado en 1,4 millones durante los últimos cuatro años.

Eliminar el impuesto de Sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad. Conduciría a una aristocracia de la riqueza que transmitiría a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación. Todo ello basándose en la herencia, y no en el mérito. Suscribo, al pie de la letra, el manifiesto que, en época de Bush, hizo público un grupo importante de grandes fortunas que estaba encabezado, nada más y nada menos, por Warren Buffet, uno de los más célebres empresarios e inversores estadounidenses.

La supresión de Sucesiones beneficiaría, sobre todo, a los futuros herederos de las 181.778 mayores fortunas de España, ya que más del 80% de las declaraciones de este tributo salen negativas, por lo que no hay que pagar nada -sólo al 5% de los hijos que heredan la declaración les sale a pagar-. En otras palabras, se trata de un tributo que la mayoría de los españoles no afronta, dado que todas las comunidades contemplan bonificaciones en la transmisión de pequeños patrimonios. Sin embargo, este impuesto tiene una importante potencial redistributiva y modera la tendencia intergeneracional a la concentración de la riqueza. Además, existe en la mayoría de los países más desarrollados de nuestro entorno.

Asimismo, Sucesiones aporta hoy en día en torno a los 3.000 millones de euros a las arcas de las comunidades –es un impuesto cedido-, por lo que su supresión obligaría a compensar la pérdida recaudatoria mediante recortes del gasto público o subidas, por ejemplo, de IRPF, lo que a la postre terminaría perjudicando a la clase media. En Andalucía, donde socialistas y naranjas decidieron eliminar de facto el impuesto –estableciendo un mínimo exento de tributación de un millón de euros por heredero-, y donde los de Rivera siguen desmarcándose de los populares de cara a los futuros comicios municipales y autonómicos; la propia Junta ha reconocido que la medida se traduciría en un agujero en los ingresos de 90 millones de euros.

En definitiva, lo ideal sería armonizar el impuesto, no eliminarlo, en todas las autonomías para coser la brecha que existe entre comunidades. No porque se esté produciendo una fuga de contribuyentes hacia las regiones en las que menos se tributa, sino porque esa homogeneización aumentaría la eficiencia y equidad del sistema fiscal. En este sentido, han sido varios los economistas de prestigio que han destacado la incompatibilidad de defender la meritocracia y arremeter contra el impuesto de Sucesiones, que ha sido apadrinado incluso por el liberalismo progresista. Es una cuestión de igualdad de oportunidades. Es una cuestión de justicia. Es una cuestión social. Es una cuestión de democracia. Y de bienestar.

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Contesta Carlos Cruzado

Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)