Hace unas semanas, el ayuntamiento de Madrid rompió un tabú impuesto por el Gobierno al anunciar una ligera bajada de impuestos para los próximos años. Aunque la bajada sea más efectista que real, lo cierto es que el revuelo causado abrió una vez más el debate sobre si, en el contexto actual, es correcto e incluso necesario aliviar la carga fiscal de millones de hogares.
Sin entrar de lleno en esta polémica, que podría dar para una tesis doctoral, lo más adecuado es poner un ejemplo con datos para valorar si una tímida rebaja beneficiaría a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no perjudicaría a las cuentas públicas, ya muy escasas de ingresos debido a la crisis.
Por eso, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) nos pusimos manos a la obra y calculamos qué supondría una rebaja de un punto porcentual en el tramo autonómico del IRPF. En su conjunto, las comunidades dejarían de ingresar 225,5 millones de euros, una cantidad que puede parecer alta, pero que es insignificante con los 35.499 millones de euros que los gobiernos territoriales recibieron en 2011 por la parte que les toca del IRPF autonómico.
Por tanto, el impacto para las cuentas públicas sería asumible. Ahora bien, ¿y para los que pagamos impuestos, sentiríamos una mejora? Pues no mucho. En realidad, la rebaja sería casi imperceptible, ya que supondría un ahorro medio de 15 euros anuales por contribuyente. Y, aunque todos apreciamos nuestro dinero, 15 euros en un año no solucionan nada.
En resumen, esta medida, bien vendida con una campaña electoral atractiva puede ser toda una tentación para los gobiernos autonómicos que tengan citas electorales en un horizonte cercano, pero cuando los ciudadanos se rasquen el bolsillo en busca de un ahorro real, encontrarán de todo menos dinero.
Contesta Carlos Cruzado, 
Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
