GESTHA ADVIERTE DE QUE NO REDUCIRÁ LA ECONOMÍA SUMERGIDA

Hacienda se ceba en perseguir pequeños fraudes de autónomos, pymes, trabajadores o pensionistas

El 80% de la plantilla de la Agencia Tributaria se dedica a perseguir pequeñas irregularidades, mientras que solo el 20% de la plantilla persigue a las grandes fortunas, corporaciones empresariales y multinacionales, responsables de casi las tres cuartas partes del fraude en España.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) lamentan que el nuevo Plan Anual de Control Tributario y Aduanero publicado este martes en el BOE sea "poco ambicioso" en sus objetivos y la ausencia de cambios organizativos y de la selección de contribuyentes no lograrán reducir la economía sumergida (que asciende al 24,6% del PIB) y acabar con la sensación de impunidad de quienes defraudan.

En este sentido, explicaron que el objetivo de prevención y control del fraude previsto para 2015 en un máximo de 11.300 millones se superará como ocurre tradicionalmente, pues el objetivo previsto para 2015 es inferior en mil millones a los resultados logrados en 2014 por la Agencia Tributaria del Estado (AEAT), ya que ascendieron a 12.318 millones.

Aún con ello, Gestha recordó que en 2014 fue el mejor de los años de la AEAT, pese a lo cual los resultados representaron un 23% de la evasión fiscal estimada, es decir que el 77% del fraude fiscal estimado en nuestro país quedó impune a pesar de los resultados récord obtenidos por Hacienda.

El motivo de esta falta de eficacia reside, según el colectivo, en varios motivos: la inexistencia de estudios oficiales de economía sumergida, una organización tributaria antigua y poco adaptada a los cambios sociales y económicos, la falta de personal dedicado a la lucha contra la economía sumergida, la vigencia de una normativa que permite eludir legalmente el pago de impuestos y lo mal enfocada que se encuentra la lucha contra el fraude.

A este respecto, destacaron que actualmente el 80% de la plantilla se centra en perseguir los pequeños fraudes e irregularidades de autónomos, pymes y trabajadores o pensionistas, mientras que solo el 20% de la plantilla persigue el fraude más cuantioso y sofisticado de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y multinacionales, responsables de casi las tres cuartas partes del fraude en España.

No en vano, Gestha señala que si se aumentara la responsabilidad y competencias de los Técnicos de Hacienda y de los demás colectivos implicados en la lucha contra el fraude y se pusieran en marcha medidas más contundentes, como la prohibición de los pagos en efectivo por encima de los mil euros o el establecimiento de un límite máximo del 5% en la participación de las SICAV, los resultados de recaudación podrían aumentar a medio plazo en cerca de 8.200 millones de euros anuales adicionales a los objetivos marcados.

Escasas novedades

Respecto a las novedades introducidas en el plan de este año, Gestha destaca el rastreo de más de 200.000 dominios para su posterior incorporación a las bases de datos tributaria, así como continuar con el control del consumo de energía eléctrica para detectar los alquileres no declarados de viviendas e inmuebles, un control que se inició a partir de 2010 y que puede contribuir a reducir una de las bolsas de fraude históricas de nuestro país y más fácilmente controlable.

Respecto a la investigación de patrimonios situados en el extranjero, Gestha recuerda el procedimiento iniciado por la Comisión Europea, que considera «desproporcionadas» las sanciones y la imprescriptibilidad de dichos patrimonios que no se hayan declarado en plazo en el modelo 720 de bienes y derechos en el exterior, algo que los técnicos de Hacienda ya advirtieron al aprobarse la ley antifraude en 2012.

En este sentido, los extranjeros residentes en España que mantengan propiedades en sus países de origen e incumplan la obligación de presentar el modelo 720 podrían llevar una sanción mínima de 10.000 euros o de 1.500 euros si presentan fuera de plazo, pero, en general, nunca van a estar afectados por la tributación en el IRPF (ganancia patrimonial no justificada a tarifa de la renta general) ni por tanto incurrirán en la sanción especial del 150% siempre que puedan probar que los bienes se corresponden con rentas obtenidas en los años en los cuales no fueron residentes en España.

En esta posible sanción podrían incurrir buena parte del millón de extranjeros residentes en España originarios de países con alto poder adquisitivo, puesto que en 2013, el primer año en que entró en vigor la obligación de informar de los bienes y derechos situados en el extranjero, 131.414 contribuyentes presentaron el modelo 720 declarando 87.800 millones. Fuera de plazo lo presentaron otras 2.899 personas más declarando 1.165 millones adicionales, y en 2014, han declarado bienes y derechos en el extranjero 31.824 contribuyentes por importe de 20.449 millones.

Finalmente, en el ámbito de la fiscalidad internacional, los Técnicos recalcan que se haga realidad la intensificación del combate contra la planificación fiscal abusiva, como el control de pagos al exterior e investigación de operaciones complejas o la residencia en paraísos fiscales, aunque se muestran escépticos a que se adelante el intercambio automático de cuentas financieras previstos a partir de septiembre de 2017 entre la cincuentena de países firmantes del acuerdo de octubre pasado.