CONSEJO DE MINISTROS

El decreto sobre pensiones aprobado por el Gobierno se limita a desarrollar una ley ya vigente, según Gestha

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda recuerda que el recate de los planes de pensiones privados a los 10 años no es ninguna novedad.

Gestha desvela que la mitad de los partícipes que no llegan a los 30.000 euros de ingresos se beneficiaron del 29,3% de las reducciones fiscales, mientras que la otra mitad de los partícipes con mayores ingresos se aprovecharon del 70,7% de las reducciones

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) recuerdan que la opción de rescatar los planes de pensiones privados a los 10 años no supone ninguna novedad, por mucho que el presidente del Gobierno la anunciara como tal cuando avanzó que el Consejo de Ministros aprobaría un real decreto que, básicamente, se limitará a desarrollar la Ley de reforma fiscal de 2014.

De hecho, los técnicos sostienen que precisamente esta norma ya modificó el texto de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones añadiendo a las dos posibilidades de recuperar el dinero invertido que existían en 2014 -desempleo de larga duración y enfermedad grave- una nueva a partir de 2015: la antigüedad mayor de 10 años de las aportaciones. Asimismo, existió un cuarto supuesto “temporal y excepcional”, por el que desde el 15 de mayo de 2013 hasta el 15 de mayo de 2017, las personas incursas en un proceso de ejecución sobre su vivienda habitual que tuvieran dinero en un Plan de pensiones podrían disponer anticipadamente del ahorro acumulado si esa era la única posibilidad de mantener el inmueble.

De igual modo, y teniendo en cuenta que el Ejecutivo reducirá las comisiones de gestión a las gestoras del fondo desde el 1,75% actual a una escala del 0,85, 1,3 y 1,5% según la política de inversión del fondo, así como las comisiones de depósito a las sociedades depositarias, Gestha denuncia que las ventajas fiscales vigentes –que consisten en la reducción en la base imponible de las aportaciones- son regresivas, puesto que disminuyen la progresividad del IRPF y concentran las mayores aportaciones en las personas con más ingresos. En esta misma línea ya se han manifestado la Comisión Europea, los expertos para la reforma fiscal en 2014 y, más recientemente, la OCDE.

Los clientes de los Fondos de previsión social (planes de pensiones o mutualidades) son las personas con mayores rentas y los técnicos apuntan que conforme aumentan los ingresos cada vez más ciudadanos se aprovechan de los beneficios fiscales. Así, la adhesión a planes de previsión se dispara a partir de los 30.000 euros de ingresos y, especialmente, desde el tramo de los 60.000 euros.

De esta manera, Gestha desvela que la mitad de los partícipes que no llegan a los 30.000 euros de ingresos se beneficiaron del 29,3% de las reducciones fiscales, mientras que la otra mitad de los partícipes con mayores ingresos se aprovecharon del 70,7% de las reducciones. Finalmente, los más afortunados en este sentido son las casi 50.000 personas que reciben ingresos superiores a los 150.000 euros, ya que tienen los tipos marginales más altos.

Reducciones por aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social (todos los regímenes)

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Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), a partir de las estadísticas del IRPF-2015

Así, para no dañar la progresividad del IRPF de los contribuyentes con más capacidad contributiva, los técnicos proponen una vez más que se debata la supresión de la reducción de la base imponible de las aportaciones a Planes de pensiones y otros sistemas de previsión social, y en su lugar se implemente un sistema de reducción al tipo más bajo de la escala, de forma similar a como se calculan las cuotas de los mínimos personales y familiares. También, como alternativa, sugieren que el beneficio fiscal opere en la cuota del IRPF. Finalmente, estiman que las ventajas fiscales de las aportaciones y contribuciones a los Planes de Pensiones en 2015 tuvieron un coste para el Tesoro Público de 1.788 millones, y añaden que para 2017 el Estado ha presupuestado este beneficio fiscal en 1.573 millones a repartir al 50% con las comunidades de régimen común.