Durante los largos años que dura la crisis el Gobierno de la derecha en España no ha hecho más que mostrar su desprecio por las personas más desfavorecidas, tomando al conjunto de la población por aquella parte de los ciudadanos más desinformados que les vota
Ya saben eso de la gota que colma el vaso. Por si la indignación de los ciudadanos españoles no alcanzara ya niveles desconocidos en cualquier país de Europa, la desastrosa gestión de la crisis y, ahora, la constatación de que las elites han perdido cualquier sentido de la realidad han llevado a la ciudadanía a un punto de no retorno.
Durante los largos años que dura la crisis el Gobierno de la derecha en España no ha hecho más que mostrar su desprecio por las personas más desfavorecidas, tomando al conjunto de la población por aquella parte de los ciudadanos más desinformados que les vota. No obstante, cada vez encuentra más dificultades para explicar por qué toma medidas que solo benefician a una minoría instalada en la rapiña y el aprovechamiento de la crisis como la oportunidad que siempre desearon para establecer un sistema extractivo y no inclusivo.
Para ello era necesario primero desarmar la oposición a sus proyectos, si bien es cierto que una socialdemocracia descafeinada que había gobernado en los años anteriores ya había hecho un trabajo de preparación para aquellos objetivos (consciente o inconscientemente, esa es otra cuestión). La derecha ya tenía, antes de llegar al Gobierno, un enorme poder institucional que manejó “sin complejos” para adueñarse del país. Los casos de Valencia y Madrid son paradigmáticos. Descargar las responsabilidades de la generación de la crisis sobre las espaldas de los más indefensos era su emblema. El caso Gürtel es un ejemplo cutre del modo en que algunos elementos del PP actúan en el sistema de apropiación de rentas en que se ha convertido su presencia en la Administración Pública. Ya en su anterior etapa de gobierno, entre 1996 y 2004, dieron buena muestra de cómo el proceso de privatización de las grandes empresas públicas se convirtió en una apropiación partidista de enormes fuentes de ingresos y de poder económico y político. El ejemplo de Pizarro, portavoz económico del PP, nombrado presidente de Endesa después de su privatización, recibió 18 millones de euros de ENEL de indemnización a su cese. Algunos antes habían percibido indemnizaciones muy superiores, recuérdese el caso de Corcostegui en el BBV. Otros recibieron indemnizaciones millonarias a su salida de instituciones financieras que ellos habían contribuido a quebrar.
De esta forma, a lo largo de ya muchos años, ha venido cristalizando la aparición entre la élite económica y política de una pléyade de personas que ocupan puestos directivos de la Administración central y autonómica, así como de las antiguas Cajas de Ahorro y de las instituciones financieras que las sustituyeron, que desarrollan una gestión irresponsable y que en muchos casos se realiza en beneficio propio y en contra de los intereses de la propia institución. Unos directivos de instituciones financieras que reciben incentivos por desarrollar estrategias irresponsables en su gestión, que en combinación con los poderes públicos muestran una forma de actuar que llega a ser aceptada por la sociedad como normal y que ven recompensada su actuación con enormes retribuciones. Ante este estado de cosas, la sociedad se encuentra sin referentes éticos públicos a los que acogerse para defender una gestión eficaz y honesta de los recursos públicos y privados.
Esta forma de actuar de personas que acceden al poder político y económico viene de lejos. Y ese comportamiento es el que está detrás de la generación de la situación que derivó en la crisis que se inició en 2008.
Pero, en plena crisis, cuando en 2011 nuevas generaciones de políticos llegan al Gobierno anunciando que su sola presencia va a resolver todos los desequilibrios acumulados por la economía española, tras un período de crecimiento insostenible, lo que hacen es aprovechar la ocasión que les brinda la crisis del modelo basado en la promoción desmesurada de actividades de bajo valor añadido, para lograr la consolidación de un modelo, que no era el que anunciaban sino el contrario. Un modelo basado en la degradación de los derechos adquiridos tras decenios de sacrificios y luchas, llevando adelante un proceso de precarización del empleo, de anulación de la actividad sindical, que permite colocar al país en una situación de dependencia de las corrientes más neoliberales que asignan a los países del Sur de Europa un puesto secundario en los mercados globalizados. Es el modelo, similar al que se asigna a los países del Este europeo, basado en bajos salarios, pero al que se añade la privatización de unos servicios públicos nunca del todo desarrollados y una fiscalidad que apoya el mantenimiento de un sistema en el que los ingresos son aportados en una forma desproporcionada por las rentas salariales, mientras las del capital en realidad se someten en muchos casos a unos tipos muy alejados de los nominales.
El resultado es un país devastado por un nivel de desempleo insoportable, que es incrementado por las políticas de recortes del gasto público y de devaluación salarial, a la vez que se destinan recursos ingentes al saneamiento de un sistema financiero desarbolado por una gestión que cabe calificar de irresponsable en muchos casos, cuyo único propósito es apropiarse de los recursos ajenos y enriquecerse en el menor tiempo posible.
Así, la ruina de instituciones como Caja Madrid, la CAM y otras, cuyo rescate supone un monto muy superior a los recortes en Sanidad, Educación y servicios sociales, en plena crisis (el llamado austericidio), se hace compatible con los desahucios de miles de familias que no pueden hacer frente a sus hipotecas, lo que da lugar a imágenes que desentonan de forma totalmente insoportable con lo que se considera un país desarrollado. Pero, además, se hace compatible con el comportamiento de personas que dirigen las rescatadas Cajas, que ahora se desvela con toda crudeza. Gente con sueldos desorbitados en instituciones quebradas por ellos mismos, que utiliza tarjetas que les permiten vivir al margen de todo control fiscal con el dinero que pertenece a los depositantes.
¿Es que es admisible que miles de ciudadanos honestos hayan sido expulsados de su vivienda por no poder hacer frente a uno o dos recibos de su hipoteca, de una cuantía sensiblemente inferior al precio de una sola botella de vino de las muchas que Blesa ha comprado con nuestro dinero?
Estas élites, que algunos denominan “casta”, han experimentado una profundísima degradación en los últimos años, en términos de insolvencia e incompetencia técnica e intelectual. Esta incompetencia afecta especialmente a algunos miembros de las directivas de los principales partidos políticos, sindicatos, instituciones, organismos de la Administración y, desde luego, al Gobierno central. En la coyuntura actual, este hecho ha producido un alejamiento creciente entre estas élites y la ciudadanía que ha llegado a un punto sin retorno. Al conocimiento de los comportamientos de la dirección de Bankia se suman en estos días los trágicos acontecimientos derivados del primer contagio en Europa por el virus Ébola. La reacción del Gobierno ha dejado al descubierto todas las incapacidades imaginables encarnadas en la élite política, que ha dejado en el desamparo a una ciudadanía que ha expresado su frontal rechazo al modo de proceder de sus dirigentes.
Hemos descubierto la absoluta incompetencia y falta de liderazgo de quienes están al frente del país, que muestran crudamente que carecen de la más mínima capacidad para hacer frente a un suceso de máxima gravedad. Es más, este hecho ha desenmascarado el descabellado modo de proceder de algunos directivos de la sanidad pública que han desmantelado los servicios públicos esenciales con sus recortes, que no hacían sino expresar sus intenciones de hacer negocio con lo público, para lo que, en su desconocimiento absoluto de lo que son servicios esenciales, habían cerrado un hospital de referencia en el tratamiento de enfermedades infecciosas y ahora tienen que improvisar unos servicios que ya existían antes de aplicar sus políticas de falsa austeridad.
Todo esto ha llevado a la ciudadanía, además de al descreimiento en quien está al frente del poder político, a ver como posible algo que parecía insólito hace solo unos pocos años: ahora a muchos les parece factible la llegada al poder de organizaciones sociales y políticas que funcionan al margen de los partidos tradicionales.
Paralelamente, los problemas del país siguen presentes con toda su crudeza. El desempleo masivo sigue siendo la principal preocupación de los ciudadanos, con millones de jóvenes que no ven salida a su situación desesperada y con un Gobierno que parece despreocupado de todo lo que no sea su futuro electoral. En un contexto marcado por el hecho de que España es el país europeo en el que más ha aumentado la desigualdad durante la crisis, la distribución actual de la renta es sencillamente incompatible con la democracia. La necesidad (absolutamente desatendida) de que se pongan en marcha planes de choque para situar la creación de empleo de calidad en el centro de todas las iniciativas políticas y se recuperen las políticas sociales, hace todavía más patente la ausencia de los responsables en los ámbitos que más preocupan a los ciudadanos. Ciudadanos que no dejan de pensar alarmados… ¡En manos de quién estamos!
Alfonso Prieto | Economista y miembro de Economistas Frente a la Crisis
