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28 de junio de 2009, 6:22
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 27.06.2009
Los parados que hayan agotado la prestación por desempleo podrán cobrar una renta de 420 euros si finalmente se aprueba la propuesta que ha llevado el Gobierno a la mesa del Diálogo Social, que el jueves retoma sus conversaciones al más alto nivel. Sin embargo, el Gobierno ofrece 450 millones de euros para financiar la nueva renta ligada a la formación, mientras que su coste final rondaría los 1.800 millones de euros, según los datos que maneja el diario El Economista, que cita fuentes de la patronal.
Las Comunidades autónomas tendrán la última palabra a la hora de aprobar el nuevo subsidio. En caso de aprobarse, unas 750.000 personas tendrían derecho a cobrar la renta de 420 euros al mes, lo que supone un coste de 1.800 millones anuales, según los datos manejados por el citado diario. Hasta el momento, el Ejecutivo sólo ha ofrecido la cantidad de 450 millones de euros para financiar esta medida que beneficiaría a los parados que acepten asistir a cursos de formación.
Otros de los puntos que contiene el borrador, entregado a los agentes sociales a través de la Oficina Económica de Moncloa que dirige Javier Vallés, hacen referencia a la lucha contra el absentismo laboral, a la mejora de la formación profesional y a una rebaja de las cotizaciones para las empresas.
Fuentes de la patronal confirmaron que han recibido el borrador, que lo están estudiando y que no lo valorarán hasta que no lo hayan analizado de forma más exhaustiva.
La CEOE ha reiterado en diversas ocasiones que las cotizaciones sociales deberían reducirse un 3 por ciento y además ha pedido garantías al Gobierno de que no va a aumentar la carga fiscal.
Por su parte, los sindicatos reclaman que la nueva prestación tenga una duración de un año y no de seis meses, y quieren acompañarlo de un programa de empleo y de formación para los que la cobren.
Además, el documento incluye asuntos a medio plazo orientados a contribuir al cambio de modelo productivo, como la revisión de la ley concursal o el funcionamiento de las líneas de crédito del ICO, y tiene pendiente de incorporar cuestiones relativas a política industrial y energética.
Con el borrador en poder de las partes, el próximo jueves volverán a reunirse Gobierno, patronal y sindicatos para seguir avanzando en las negociaciones que deben permitir cerrar un acuerdo general a lo largo del mes de julio.
Fuentes de la patronal han señalado que las propuestas se están analizando y que en los próximos días hará una primera valoración. No obstante, tanto el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, como el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, han manifestado recientemente que esperan alcanzar el acuerdo en julio.
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, también creen que será posible llegar a un acuerdo antes de agosto, puesto que es muy necesario para afrontar la crisis económica.
El documento que el Gobierno ha hecho llegar a los agentes sociales contempla una de las reivindicaciones que los dirigentes sindicales hicieron a la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, inmediatamente después de su toma de posesión del cargo.
Los parados que hayan agotado la prestación por desempleo podrán cobrar una renta de 420 euros si finalmente se aprueba la propuesta que ha llevado el Gobierno a la mesa del Diálogo Social, que el jueves retoma sus conversaciones al más alto nivel. Sin embargo, el Gobierno ofrece 450 millones de euros para financiar la nueva renta ligada a la formación, mientras que su coste final rondaría los 1.800 millones de euros, según los datos que maneja el diario El Economista, que cita fuentes de la patronal.
Las Comunidades autónomas tendrán la última palabra a la hora de aprobar el nuevo subsidio. En caso de aprobarse, unas 750.000 personas tendrían derecho a cobrar la renta de 420 euros al mes, lo que supone un coste de 1.800 millones anuales, según los datos manejados por el citado diario. Hasta el momento, el Ejecutivo sólo ha ofrecido la cantidad de 450 millones de euros para financiar esta medida que beneficiaría a los parados que acepten asistir a cursos de formación.
Otros de los puntos que contiene el borrador, entregado a los agentes sociales a través de la Oficina Económica de Moncloa que dirige Javier Vallés, hacen referencia a la lucha contra el absentismo laboral, a la mejora de la formación profesional y a una rebaja de las cotizaciones para las empresas.
Fuentes de la patronal confirmaron que han recibido el borrador, que lo están estudiando y que no lo valorarán hasta que no lo hayan analizado de forma más exhaustiva.
La CEOE ha reiterado en diversas ocasiones que las cotizaciones sociales deberían reducirse un 3 por ciento y además ha pedido garantías al Gobierno de que no va a aumentar la carga fiscal.
Por su parte, los sindicatos reclaman que la nueva prestación tenga una duración de un año y no de seis meses, y quieren acompañarlo de un programa de empleo y de formación para los que la cobren.
Además, el documento incluye asuntos a medio plazo orientados a contribuir al cambio de modelo productivo, como la revisión de la ley concursal o el funcionamiento de las líneas de crédito del ICO, y tiene pendiente de incorporar cuestiones relativas a política industrial y energética.
Con el borrador en poder de las partes, el próximo jueves volverán a reunirse Gobierno, patronal y sindicatos para seguir avanzando en las negociaciones que deben permitir cerrar un acuerdo general a lo largo del mes de julio.
Fuentes de la patronal han señalado que las propuestas se están analizando y que en los próximos días hará una primera valoración. No obstante, tanto el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, como el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, han manifestado recientemente que esperan alcanzar el acuerdo en julio.
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, también creen que será posible llegar a un acuerdo antes de agosto, puesto que es muy necesario para afrontar la crisis económica.
El documento que el Gobierno ha hecho llegar a los agentes sociales contempla una de las reivindicaciones que los dirigentes sindicales hicieron a la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, inmediatamente después de su toma de posesión del cargo.
