El portavoz de Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví, ha registrado para su debate en la Comisión parlamentaria de Empleo una proposición no de ley en la que exige al Gobierno más recursos para el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), ante los retrasos de entre uno y dos años en el abono de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas que se encuentran en situación legal de insolvencia o de concurso.
Con el "agravamiento de la crisis" más trabajadores han tenido que reclamar a esta entidad partes de sus indemnizaciones o de sus sueldos que los empresarios han dejado de abonar "en algunos casos durante extensos periodos de tiempo"
Aunque el diputado de Compromís reconoce que esta situación es generalizada en España, pone como ejemplo el caso de la Comunidad Valenciana, donde los expedientes pendientes de resolver han pasado de los 8.326 de diciembre de 2011 a los 17.311 de finales del año pasado, lo que a su juicio significa que "la falta de medios ha generado un incremento del retraso en un 107%".
De hecho, los sindicatos del Fogasa en Valencia "han puesto en conocimiento del Ministerio de Trabajo el colapso que sufren", asegura Baldoví, que señala que "la respuesta que obtienen, según informa CC.OO., es siempre la falta de presupuesto".
CAUSARÁ PROBLEMAS SOCIALES
"El hecho de que el Fogasa tarde más de un año en resolver y abonar las solicitudes de pago de los trabajadores supone que, en algunos casos, los trabajadores se encuentran hasta dos años sin percibir ningún tipo de retribución por un trabajo realizado, lo que puede conducir a desahucios por impago y demás situaciones dramáticas en múltiples hogares", advierte el diputado.
Por ello, en su iniciativa insta al Ejecutivo a "incrementar los recursos materiales y de personal de la sede del Fogasa de Valencia para resolver el problema de los retrasos en la tramitación de los expedientes, atender el gran número de solicitudes que recibe y ofrecer así un mejor servicio".
"Todos sabemos que la configuración del presupuesto es una cuestión de prioridades, y lo lógico sería atender esta reivindicación de refuerzo de medios para hacer frente a una mayor demanda de los trabajadores que han tenido que acudir a los servicios del Fogasa como último recurso para cobrar una parte de lo que los empresarios les adeudan", insiste.
Hace unas semanas, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela también advirtió de que los afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) de todo tipo están sufriendo retrasos de hasta seis meses en el cobro de las prestaciones por desempleo por la falta de personal en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) para hacer frente al control burocrático que ahora tienen encomendado y por el aumento de los expedientes que ha propiciado la reforma laboral. Por ello, el diputado catalán también exigía al Gobierno que adecue las plantillas del SEPE "ante la situación excepcional de incremento del paro".
