La norma, que entrará en vigor en 2013, fija que para jubilarse a los 67 habrá que tener una cotización de 37 años, mientras que mantiene que los trabajadores puedan retirarse a los 65 si han cotizado 38 años y 6 meses. Además, eleva de forma progresiva los años que se tendrán en cuenta para calcular la cuantía de la pensión, que pasan de los 15 actuales a 25.
A cambio de su apoyo, CiU ha conseguido que el Gobierno traspase a las comunidades los edificios propiedad de la Seguridad Social dedicados a asistencia sanitaria pero que eran gestionados por las administraciones autonómicas. En el caso de Cataluña, afectaría a 150 edificios dedicados a asistencia sanitaria.
En cualquier caso, los elementos principales de la norma, que responden al acuerdo suscrito entre el Gobierno y los agentes sociales el pasado mes de febrero, no entrarán efectivamente en vigor hasta 2013, momento a partir del cual se dará un horizonte de 15 años para elevar progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años, de modo que los cambios se completarían en 2027.
El Gobierno calcula que un 40% de los trabajadores se jubile con 67 años, otro 40% a los 65 años y que el 20% restante lo haga a edades inferiores, al desarrollar ocupaciones penosas o por ser discapacitados.
La norma reconoce un periodo de cinco años de cotización a las madres que hayan interrumpido su carrera laboral por el cuidado de los hijos. Asimismo, se fija un calendario para la integración de las empeladas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.
Jubilación de los discapacitados
Además, de acuerdo con los cambios introducidos en la recta final por el Senado, las personas discapacitadas podrán jubilarse de forma anticipada con 25 años cotizados y se mandata al Gobierno a presentar en el plazo de un año y previa discusión con los interlocutores sociales un proyecto de Ley que mejore la consideración de los períodos cotizados de los trabajadores a tiempo parcial y en los contratos fijos discontinuos.
Así, se suprime el límite que establece la Ley por el que los becarios solo computarían como cotizadas aquellas prácticas que se hayan realizado en los cuatro últimos años anteriores a su entrada en vigor, medida que permitirá a los trabajadores contar con carreras de cotización más largas. Se mantiene, eso sí, el límite máximo de dos años para estos periodos de cotización.
ERES de grandes empresas con beneficios
Además, incorpora además una disposición que obliga a las empresas que hayan tenido beneficios en los dos últimos años a realizar expedientes de regulación de empleo (ERE) a partir del pasado 27 de abril que afecten a trabajadores mayores de 50 años a efectuar una 'aportación económica' al Tesoro Público para compensar el impacto que ello supone en el sistema de protección por desempleo.
Para el cálculo de la aportación económica se tomarán en consideración el importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años afectados por el expediente de regulación de empleo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.
