MULTINACIONALES PODRÁN RECLAMAR INDEMNIZACIONES

La Cumbre Social rechaza el Tratado Transatlántico entre la Unión Europea y EEUU

La consulta lanzada por la Comisión Europea sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) no ha conseguido frenar la presión social contra este acuerdo que afecta a más de 800 millones de consumidores.

La XIV Cumbre Social Estatal, reunida el pasado miércoles, 9 de abril, en Madrid, ha analizado la situación actual, marcada por el estancamiento económico y el optimismo injustificado del Gobierno, y las movilizaciones del pasado 22 de marzo y del 3 y 4 de abril contra las políticas de recorte y austeridad impuestas desde Europa y que han producido un gran sufrimiento en la población de nuestro país.

Para la Cumbre Social, con este tratado se vislumbra un recorte generalizado de los derechos fundamentales de la población y un poder de influencia sin precedentes para las grandes corporaciones

La Cumbre debatió sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP), cuyas negociaciones siguen avanzando y que suscita una creciente oposición a ambos lados del Atlántico porque puede eliminar las salvaguardas y puede suponer la degradación de las normas y regulaciones en materia social, laboral, alimentaria, medioambiental, sanitaria y energética. Tampoco se definen órganos de seguimiento y control del tratado. 

Este tratado, que afecta a más de 800 millones de consumidores y que se está llevando a cabo sin ninguna transparencia, sin diálogo con los interlocutores sociales, y sin ningún informe de impacto sobre el empleo y las condiciones de trabajo y sobre la agricultura busca no tanto la eliminación de aranceles como la supresión de regulaciones que suponen un claro obstáculo para el comercio.

Para la Cumbre Social, con este tratado se vislumbra un recorte generalizado de los derechos fundamentales de la población y un poder de influencia sin precedentes para las grandes corporaciones, ya que, entre otras cuestiones, se establece un mecanismo de solución de controversias basado en tribunales especiales sin territorio fijo, donde tres abogados privados decidirán las cuestiones en conflicto que puedan llegar a darse, lo que supone un choque frontal con la democracia. Además, varias de las regulaciones previstas son contrarias al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los posibles impactos de este tratado sobre las reglas de seguridad alimentaria afectan directamente a los consumidores, causando problemas de salud.

Por otro lado, supone una grave desregulación de los mercados, produciendo una mayor privatización de los servicios públicos y una liberalización de los servicios financieros que puede impedir a la administración regular el sector financiero, establecer impuestos y tasas a bancos y transacciones financieras o establecer un control de los capitales.

Si las empresas no ganan lo que quieren pueden demandar al Estado en el que invirtieron en tribunales privados

Ahora, una consulta pública lanzada por la Comisión Europea a raíz de la presión social se presenta como escaparate de democracia y participación. Pero, según sus detractores "no muestra los verdaderos riesgos que entraña el tratado y el sistema de resolución de conflictos entre inversores y Estados". Tecnicismos y preguntas ambiguas camuflan el verdadero impacto sobre los derechos ciudadanos o la protección del medio ambiente, denuncian.

Las organizaciones de la campaña "No al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones”, advierten de que el tratado permitirá a las grandes empresas reclamar indemnizaciones ante tribunales de arbitraje si consideran que sus beneficios económicos o sus expectativas de ganancias futuras se ven afectados por leyes o políticas en un país en el que han invertido. Es decir, que si no ganan lo que quieren, pueden demandar al Estado en el que invirtieron en tribunales privados.

Un ejemplo de ello es que el fabricante del tabaco Philip Morris demandó a Uruguay y a Australia por sus leyes antitabaco. La multinacional sueca de la energía Vattenfall demandó a Alemania por la próxima salida del país de la energia nuclear. Aguas de Barcelona reclamó indemnizaciones millonarias a Argentina por congelar las tarifas de servicios básicos. La empresa Lone Pine también exige compensación por la moratoria al fracking del Gobierno de Quebec. "Las grandes empresas reciben "superderechos" que están por encima de la soberanía de los Gobiernos y parlamentos para legislar".

“Las explicaciones técnicas de la Comisión Europea no aportan estos ejemplos, no detallan las amenazas. Hay que leer el texto de la consulta entre líneas para entender que las transnacionales gozarían con este mecanismo de privilegios mucho mayores que las pequeñas y medianas empresas locales o cualquier ciudadano”, advierten.

El escaparate de participación pública que pretende dar la consulta, no contrarresta la opacidad con las que se han celebrado las cuatro rondas de negociaciones entre la UE y EE UU hasta el momento. El tratado, si se aplica, será el marco de armonización a la baja de entre el 25% y 50% de las barreras no arancelarias entre la Unión Europea y Estados Unidos, por lo que su importancia está clara. "La falta de transparencia y el secretismo alcanza tales dimensiones, que es necesario recurrir a documentos filtrados para saber más sobre su contenido".

La Red europea Seattle to Brussels ha creado una página web donde se publican textos de negociación secretos y análisis críticos sobre las intenciones de la Unión Europea.

Asimismo, se está invitando a las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanas a participar en las ciber-acciones contra los peligrosos "super-derechos" de las empresas en los acuerdos comerciales de la UE en plataformas como SumOfUs, o Ecologistas en Acción.