viernes. 29.03.2024

PLATAFORMAJUSTICIAFISCALHace tan solo unos días el CIS publicaba un avance de su estudio de opinión pública y política fiscal, en el que, como viene ocurriendo año tras año, los españoles responden -en casi un 90% de los casos- que los impuestos no se cobran con justicia, ya que paradójicamente no pagan más quienes más tienen.

Una percepción que, desgraciadamente, se corresponde con la realidad, pues si analizamos los principios que según la Constitución deben inspirar nuestro sistema tributario (generalidad, igualdad, progresividad y capacidad económica), lo cierto es que están en entredicho debido al elevado nivel de fraude, de las SICAV y de otros mecanismos de elusión, de la diferencia entre la tributación de las distintas fuentes de renta, de los menores tipos efectivos pagados por las grandes empresas respecto de los pagados por las pymes, de la amnistía fiscal, del funcionamiento de la AEAT, etc.

Todo ello ha llevado a una serie de organizaciones de la sociedad civil, como CCOO, USO, ATTAC España, Economistas sin Fronteras, Gestha, Oxfam Intermón o EAPN España, a confluir en la Plataforma por la Justicia Fiscal para exigir a los partidos políticos que concurrirán a las elecciones generales que incluyan en sus programas electorales medidas fiscales que garanticen una redistribución equitativa y justa de los ingresos.

Estas medidas, que la Plataforma considera fundamentales para avanzar hacia una auténtica justicia fiscal, se articulan en torno a tres ejes. En primer lugar, dotar al sistema de mayor progresividad, incrementando el peso de la imposición directa sobre el sistema tributario en detrimento de la indirecta.

En segundo lugar, es preciso aumentar los medios humanos y técnicos en la Agencia Tributaria para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, reformando su estructura y funcionamiento para poner mayor atención en las grandes bolsas de fraude, responsabilidad de grandes empresas y fortunas.

Por último, y no por ello menos importante, establecer mecanismos que exijan mayor transparencia fiscal a las grandes empresas. Entre ellos, el requerimiento de un informe económico y de pago de impuestos (de acceso público) que refleje todos los países en los que las empresas están presentes, ya que en muchos casos llevan a cabo lo que denominamos planificación fiscal agresiva, con la que derivan los beneficios que obtienen en España a países de muy baja o nula tributación.

Contesta Carlos Cruzado

Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

¿Cuáles son las medidas de la Plataforma por la Justicia Fiscal para que el sistema...