LUCHA CONTRA EL FRAUDE, LA ASIGNATURA PENDIENTE

¿Cuáles son las luces y sombras tributarias en el acuerdo del PSOE con Ciudadanos?

Para Gestha, uno de los aspectos más novedosos del acuerdo entre ambas formaciones políticas es la creación de un nuevo impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas.

sanchez-y-rivera-firman-acuerdo-de-investidura-y-legislaturaLos Técnicos del Ministerio de Hacienda creen que el acuerdo alcanzado entre PSOE y Ciudadanos, después de dos semanas de negociaciones, recoge medidas positivas en materia tributaria, aunque se observan varias carencias.

Para Gestha, uno de los aspectos más novedosos del acuerdo entre ambas formaciones políticas es la creación de un nuevo impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas, sustituyendo así al Impuesto sobre el Patrimonio. Sin embargo, los Técnicos consideran que este gravamen debería ser permanente y no extraordinario, y comparten su armonización en todas las comunidades autónomas, al igual que se propone con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

En esta misma línea, los Técnicos creen que se ha anunciado un primer paso en la reforma de los impuestos medioambientales, destinados a reducir las emisiones de CO2 y de dióxido de nitrógeno, aunque consideran que todavía hay margen para aumentar la recaudación en 726 millones de euros si nos igualamos a la media de tributación de la Unión Europea.

No obstante, el colectivo resalta que el acuerdo de gobierno ha dejado fuera aspectos que considera de vital remodelación, como es la dualidad del IRPF, que favorece la tributación de la rentas del capital frente a las del trabajo y actividades económicas. Para Gestha, es fundamental que esta dualidad se reduzca, al mismo tiempo que aumenta el número de tramos superiores de la escala. De hecho, recuerdan que la recaudación del IRPF representa el 95,8% de la progresividad del sistema tributario, frente al 1,2% del Impuesto sobre el Patrimonio y al 3% del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En cuanto al Impuesto de Sociedades, Gestha calcula que, con el acuerdo, la recaudación sólo aumentará hasta los 2.600 millones de euros de equiparse a la tributación en la Eurozona, mientras que si se igualase a la media de toda la Unión Europea, el monto ascendería a 3.450 millones. Cabe recordar que la propuesta inicial del PSOE recogía una recaudación adicional de 7.300 millones al instaurar una tributación mínima del 15% a las grandes corporaciones empresariales, que actualmente tributan realmente a un tipo medio efectivo del 6%. De este modo, el acuerdo de ambas formaciones supone una caída de dos tercios de la recaudación adicional prevista inicialmente.

Por otro lado, Gestha lamenta que la reducción del IVA se limite exclusivamente al ámbito cultural, cuando existen otros sectores afectados por la subida realizada en 2012, y también echan de menos que la rebaja del IVA no afecte a los productos alimenticios más consumidos por las familias españolas.

Lucha contra el fraude, la asignatura pendiente

Para evitar el fraude de las grandes fortunas, sugieren que se modifique la ley de Instituciones de Inversión Colectiva para incluir un nuevo requisito que establezca un límite máximo en el porcentaje de participación en una SICAV de entre el 2% y el 5% del capital social

En cuanto a las medidas para luchar contra el fraude que contiene el acuerdo, los Técnicos de Hacienda opinan que un estatuto de la Agencia Estatal Tributaria no evita las injerencias políticas. En su opinión, la autonomía y la neutralidad política se logran con tres medidas, que son, una relación clara de las funciones de cada empleado público, la exigencia de responsabilidades en caso de incumplimiento y la existencia de un protocolo de denuncia de cualquier injerencia y de protección del denunciante.

Por otro lado, Gestha coincide con el endurecimiento de las penas y el aumento de la prescripción de delito fiscal que proponen PSOE y Ciudadanos, si bien ve necesario bajar el límite actual para cometer delito fiscal desde los 120.000 euros hasta los 50.000 euros.

En cuanto a las SICAVS, los Técnicos recuerdan que su control fiscal ya lo ejerce la AEAT, no así la supervisión y el control de los requisitos, los cuales están bajo el paraguas de la CNMV, que actúa conforme a las normas europeas. En este sentido, para evitar el fraude de las grandes fortunas, sugieren que se modifique la ley de Instituciones de Inversión Colectiva para incluir un nuevo requisito que establezca un límite máximo en el porcentaje de participación en una SICAV de entre el 2% y el 5% del capital social.

Por último, Gestha asegura que es legalmente imposible exigir 2.800 millones a las personas y sociedades que se acogieron a la amnistía fiscal en 2012, ya que no es posible recaudar el 10% de los saldos y patrimonios aflorados que fueron adquiridos en 2007 y años anteriores por haber prescrito esa posibilidad desde junio y julio de 2012.

Faltan medidas para controlar el gasto público

El acuerdo omite medidas que propuso inicialmente el PSOE para mejorar la eficiencia y transparencia del gasto público

El acuerdo omite medidas que propuso inicialmente el PSOE para mejorar la eficiencia y transparencia del gasto público. En su opinión, deberían implementarse, al menos, seis medidas a este respecto.

En primer lugar, reforzar la plantilla y las funciones en la Intervención General del Estado (IGAE). Asimismo, se tendría que ampliar el control permanente y las auditorias operativas en la Administración y en todos los entes públicos y las entidades privadas que reciben fondos públicos, incluidas las fundaciones.

Además, Gestha cree que es necesario diseñar elementos de control posterior que permitan la investigación de irregularidades y corrupción, al mismo tiempo que se crean protocolos que garanticen que la externalización de servicios públicos no se presta con medios propios de la Administración. De hecho, es conveniente acabar con la privatización de las auditorías públicas por las que la IGAE paga cantidades millonarias cada año a empresas de auditoría por realizar una parte de su Plan Nacional de Auditorías.

Por último, el colectivo señala que debe establecerse un régimen de exigencia de responsabilidades al gestor del gasto y del que debe controlarlo para evitar dispendios, gastos innecesarios o inversiones en infraestructuras poco viables o eficientes, así como una coordinación efectiva entre los órganos de control del gasto de las administraciones territoriales para complementar la Base de Datos Nacional de Subvenciones y ayudas concedidas.