Basta ya de resignación ante reformas sociales regresivas

A propósito de la Proposición de Ley de Unidos Podemos para la reforma de las pensiones y otras medidas del orden social.

Pablo Iglesias, durante el registro de la Proposición de Ley en el Congreso. (Foto: Flickr Podemos)
Pablo Iglesias, durante el registro de la Proposición de Ley en el Congreso. (Foto: Flickr Podemos)

Desde su promulgación, allá por 1980, el Estatuto de los Trabajadores ha sufrido más de 50 reformas con un desolador balance por la sucesiva reducción de los derechos de los trabajadores y el consiguiente aumento del poder de los empresarios. El Sistema de Seguridad Social ha sufrido también importantes reformas que han combinado avances en la garantía de las prestaciones de las personas protegidas, con importantes endurecimientos para causar derechos a algunas otras, o importantes recortes en las mismas, como ha sido desde 1985 el caso de la pensión de jubilación.

Las crisis has sido siempre la excusa para la merma de derechos y llama la atención que el capitalismo, en especial en España, desde finales de los años 70 del pasado siglo, ha cronificado sus crisis, pues salvo breves periodos, en los 70, en los 80, en los 90, hasta llegar a la gran crisis del 2008, hemos estado sufriendo ramalazos de una crisis continua  que guadianea un durante un corto espacio para reaparecer al poco. Las reformas de la Seguridad Social de 2011 y, en especial, la de 2013, fueron un enorme salto adelante en la reducción de derechos de la ciudadanía, en especial en lo relativo a la pensión de jubilación. El efecto combinado de ambas reformas permite afirmar que con ellas se abre camino a un nuevo esquema del Sistema de la Seguridad Social claramente contrario a los mandatos constitucionales. En efecto, si la reforma de 2011 alargó el periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones y, salvo supuestos muy concretos, elevó la edad pensionable para la jubilación ordinaria a 67 años (con un periodo transitorio hasta 2027), la de 2013 introdujo, además, el llamado Factor de Sostenibilidad y un nuevo Índice de Revalorización Anual de la pensión que abandonó la referencia al IPC y, por tanto, al mantenimiento de su capacidad adquisitiva, todo lo cual, como el Gobierno reconoce, traerá una disminución del gasto en pensiones que provocará una pérdida de la cuantía inicial de la pensión de jubilación en 30 años entre un 9 y un 18 %, a lo que hay que sumar la pérdida que se producirá al aplicarse el nuevo Índice de Revalorización, calculada para 15 años en un 22,86 %. El objetivo del Partido Popular y sus secuaces, es reducir las pensiones garantizadas por el Sistema a un mínimo ni siquiera de subsistencia, contrariando los artículos 41 y 50 de la Constitución que imponen a los poderes públicos la obligación de proveer mediante un Sistema Público de Seguridad Social prestaciones “suficientes” frente a los estados de necesidad. El objetivo final es claro: abrir hueco a los planes y fondos de pensiones basados en la capitalización y gestionados por entes financieros privados, pues allí donde existe un buen Sistema de Seguridad Social es reducido el espacio de los fondos de capitalización. Pero esos planes y fondos de pensiones solo serán accesibles para una capa pequeña de la población que huiría  del esquema solidario que es la Seguridad Social. Se rompería así un elemento esencial de cohesión social.

Todas estas sucesivas reformas regresivas han dado lugar a que la ciudadanía se suma en una especie de fatal resignación al asumir que no hay vuelta atrás. Frente a esa resignación se levanta la Proposición de Ley que el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha depositado el 5 de julio en la Mesa del Congreso de los Diputados sobre reforma de las pensiones y otras medidas del orden social.

Con esta Proposición de ley, de la que habrá ocasión de hablar en detalle más adelante, se busca revertir algunos de los más graves daños que las reformas de 2011 y 2013 han causado en la ciudadanía, en concreto en los actuales pensionistas, que por aplicación del Índice de Revalorización Anual van a ver reducida su pensión, y los futuros a los que a partir de 2019 se les aplicará el Factor de Sostenibilidad, además de los alargamientos de la edad pensionable y el periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión. Baste ahora decir que esta Proposición elimina tanto el Factor de Sostenibilidad como el Índice actual de Revalorización Anual, así como impone volver a la edad de 65 años como edad pensionable para la jubilación ordinaria, y se introduce la novedad de la jubilación a partir de los 61 años para quienes tengan cubierta la base reguladora máxima.  En una norma como esta, de alto contenido técnico, hay otras muchas materias que se acometen, en especial en desempleo, pero no es lugar en esta nota de entrar sobre ellas. Otras ocasiones habrá, baste decir que estas mejoras no se presentan como píos deseos, sino que van acompañadas de medidas que mejoran los ingresos del Sistema. Esa es otra gran diferencia con las reformas anteriores, que solo actuaban sobre los gastos con un recorte de los mismos.

Un nutrido grupo de profesores y profesoras universitarias, economistas, juristas y sociólogas de las Universidades de Valencia, Castilla-La Mancha, Salamanca, ha trabajado durante varios meses con la diputada Yolanda Díaz y su equipo en la preparación de la Proposición. Han puesto su saber técnico siguiendo siempre la dirección marcada por sir William Beveridge  de que lo fundamental para la resolución de los estados de necesidad de la gente es adoptar la decisión política de abolir la miseria, para lo cual los Gobiernos disponen de la Seguridad Social,  lo demás es un problema administrativo y de ejecución. Pero la decisión de abolir la miseria mediante el Sistema de Seguridad Social ya la tomó el constituyente en 1978 y, por tanto, los técnicos o expertos, deben poner su saber para alcanzar lo establecido en la Constitución en una mera operación de adecuación medios-fines. Imponer las reformas de Seguridad Social mediante imperativos técnicos proporcionados por “expertos” (con frecuencia algunos de ellos con conexiones con los grupos financieros) es un autoritarismo antidemocrático del que quienes han trabajado en este proyecto han huido. Ahora es el tiempo en el que los representantes de la soberanía se pronuncien. Atentos estaremos.