jueves. 28.03.2024

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, UATAE, considera que la imposición de tasas judiciales cierra la posibilidad de reclamar sus derechos a aquellos que menos tienen.

Deudas de administraciones públicas, efectos de comercio impagados y clientes que no cumplen con la Ley de morosidad son el día a día de unos autónomos que se lo pensarán dos veces antes de reclamar judicialmente

Son más de 300.000 autónomos los que se verán afectados directamente por la entrada en vigor de estas tasas, que tendrán que pensarse dos veces a la hora de reclamar judicialmente las deudas a las administraciones públicas, los efectos de comercio impagados o simplemente a los clientes que no cumplen con la Ley de morosidad.

Como último eslabón del tejido productivo, los autónomos, serán los que se vean más perjudicados por estas tasas, ya que verán como la reclamación de impagos no les será rentable en muchos casos.

En virtud de esta reforma, y según el Gobierno, los usuarios españoles de la Justicia van a pagar el 10 por ciento de lo que cuesta esta, mientras que el 90 por ciento restante lo van a pagar los contribuyentes "sean o no usuarios del servicio de la Justicia". Para UATAE, la administración de Justicia no es un servicio (como el de alumbrado público o recogida de basuras) sino un poder del estado y un derecho fundamental, el derecho a la tutela judicial efectiva, que en virtud de estas tasas se ve lamentablemente cercenado.

Para UATAE, es injustificable que aquel que ha visto vulnerados sus derechos deba de abonar las tasas judiciales y reclama que sea el deudor, en caso de reclamación de deudas, quien haga frente a estas tasas.

No es suficiente sufrir el impago de un cliente, tener que reclamarle incesantemente el pago de la factura, intentar solucionar el problema de tesorería asociado para no dejar de pagar a tus propios proveedores, para que además sea el perjudicado quien ha de abonar las tasas judiciales” declaraba María José Landaburu, Secretaria General de UATAE.

Más de 300.000 autónomos afectados directamente por las tasas judiciales