Como ya hemos señalado en ocasiones anteriores, nuestro país se ve lastrado por una tasa de economía sumergida superior al 23,3% de su Producto Interior Bruto, lo que equivale a unos 245.000 millones de euros. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en la práctica?

La respuesta es, si me permiten, indignante. Y es que cada ciudadano español carga ni más ni menos que con 839 euros de más cada año –entre 200 y 300 euros más los vascos, madrileños y navarros- en concepto de impuestos y cuotas sociales para compensar la evasión fiscal y poder mantener el estado del bienestar con el nivel actual de prestación de servicios públicos e inversiones, ahora un tanto incierto.

Dicho de otra manera, los contribuyentes -y principalmente aquellos que estamos controlados a través de las rentas del trabajo- somos quienes estamos pagando de nuestro bolsillo lo que otros muchos -en su mayoría grandes empresas y fortunas- dejan de pagar gracias a instrumentos legales de elusión fiscal, a los que habría que poner coto de manera efectiva.

Carlos Cruzado, 
Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)