El empleo sumergido es una de las grandes lacras de nuestro país, hasta el punto de mover cerca de 82.000 millones de euros anuales, equivalentes a casi un 8% del PIB nacional. Para hacernos una idea, este dato equivale a una tercera parte de la economía sumergida total, mientras que el resto corresponde al componente fiscal. En cualquier caso, hay que destacar que ambas materias están tristemente relacionadas, ya que el fraude fiscal es el origen del dinero negro con el que posteriormente se paga a los trabajadores irregulares.

En caso de que España implantase un plan de calado contra el fraude y consiguiera reducir su tasa de economía sumergida en diez puntos, hasta niveles similares a los de otros países de nuestro entorno, conseguiríamos recaudar más de 13.000 millones de euros únicamente en concepto de cuotas sociales.

Carlos Cruzado, 
Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)